Unidas Podemos negocia con el PSOE aupar a Victoria Rosell como su candidata al CGPJ
Los morados entienden que sus socios no pueden vetar los nombres que pongan sobre la mesa, a pesar de que las negociaciones ya encallaron cuando Pablo Casado estaba al frente de Génova al negarse a aceptar a Rosell y De Prada
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El socio minoritario del Ejecutivo está presionando a los socialistas en las negociaciones paralelas que mantienen ambos para la renovación del CGPJ con el objetivo de promover entre los nuevos vocales a Victoria Rosell. La que fue diputada de Unidas Podemos y ahora Delegada del Gobierno para la Violencia de Género es "la candidata favorita" de la formación, según confirman también en el grupo parlamentario de los morados. Su nombre ya fue vetado por el PP y podría hacer encallar las negociaciones entre la Moncloa y Génova cuando, precisamente, se centran en definir los criterios de idoneidad de los nuevos miembros del órgano de poder de los jueces para despolitizarlo lo máximo posible.
El diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago, es el encargado de negociar con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, los dos nombres afines a su formación. Desde la formación morada señalan que Rosell les parece la mejor candidata y argumentan para ello tanto su desempeño profesional como su victoria contra el 'lawfare', en referencia al caso del exjuez Alba. La líder del espacio de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha evitado entrar en nombres "por un principio de prudencia", en declaraciones este mediodía en Bruselas, si bien ha insistido en señalar que se respeten los acuerdos en el seno de la coalición y que "nos respetemos todas las partes".
Los morados entienden que sus socios no pueden vetar los nombres que pongan sobre la mesa, a pesar de que las negociaciones ya encallaron cuando Pablo Casado estaba al frente de Génova al negarse a aceptar los nombres de Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. Sobre la primera, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha reconocido que se trata de la "favorita" para formar parte del nuevo órgano de poder de los jueces. A De Prada, redactor de la sentencia de la Gürtel, los populares lo han asociado históricamente a la principal causa de la moción de censura que acabó con el mandato de Mariano Rajoy y llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.
El ala socialista acepta que haya paridad en su cuota, pero insiste en la necesidad de poner sobre la mesa perfiles de reconocido prestigio. La líder de los morados en la coalición y vicepresidenta segunda no ha querido ni descartar ni confirmar a Rosell para evitar hacer ruido en medio de las negociaciones, aunque se ha mostrado "convencida" de que habrá acuerdo. Asimismo, respecto al pacto paralelo con sus socios que les otorgaría una cuota de dos vocales en los nombramientos, de desbloquearse la renovación, Díaz ha asegurado que "los acuerdos que hemos suscrito entre las formaciones del Gobierno se van a cumplir" y ha confirmado que Bolaños y Santiago siguen negociando.
El PP descarta a Rosell
El PP ha rebajado sus condiciones iniciales en pos de la consecución de un acuerdo, y en Génova ya asumen que Sánchez no reformará el sistema de elección en la presente legislatura. El PP se conforma con que se solicite un informe "no vinculante" a la nueva cúpula judicial para que defina la fórmula idónea sobre la que asentar un futuro cambio legal. Feijóo no ha levantado vetos respecto a la elección de los nombres que compondrán la nueva cúpula judicial, pero sí exige al PSOE que respete unos mínimos "criterios de idoneidad", en línea con su exigencia de avanzar hacia una efectiva independencia judicial en España y en la erradicación de las "puertas giratorias" de la política a la justicia.
"Nuestras condiciones están en el plan de julio", insisten fuentes de la dirección. Y el tercer punto de esa propuesta es muy claro al respecto. “No podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores”. Esta línea dejaría fuera de la renovación a Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. El PP fija otra condición respecto a la elaboración de las listas: que, en el turno de juristas de reconocido prestigio, no "quepa introducir" a "integrantes de la carrera judicial en ejercicio", lo que también obligaría a sacar de la ecuación a José Ricardo de Prada, el nombre por el que se dinamitaron las negociaciones entre PSOE y PP a principios de 2021.
En conversación informal con los periodistas, Pedro Sánchez aseveró la semana pasada que la definición de los criterios de idoneidad "nunca ha sido un problema" en la negociación con el PP, si bien situaba el principal escollo en el acuerdo por escrito que exigía Génova para reformar el sistema de elección y que los jueces tengan más peso en este proceso, un extremo al que la Moncloa se negaba. Falta por ver la influencia que pueda tener Podemos en el socio mayoritario de la coalición, sobre todo en un momento en que el acuerdo, según asumen las dos partes implicadas, avanza a muy buen ritmo.
El socio minoritario del Ejecutivo está presionando a los socialistas en las negociaciones paralelas que mantienen ambos para la renovación del CGPJ con el objetivo de promover entre los nuevos vocales a Victoria Rosell. La que fue diputada de Unidas Podemos y ahora Delegada del Gobierno para la Violencia de Género es "la candidata favorita" de la formación, según confirman también en el grupo parlamentario de los morados. Su nombre ya fue vetado por el PP y podría hacer encallar las negociaciones entre la Moncloa y Génova cuando, precisamente, se centran en definir los criterios de idoneidad de los nuevos miembros del órgano de poder de los jueces para despolitizarlo lo máximo posible.