Lesmes cumple su amenaza y dimite como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo

El pasado día 7 de septiembre, en el discurso de apertura del Año Judicial y en presencia de Su Majestad el Rey, hice un llamamiento público y solemne al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, como máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado, para que pusieran solución definitiva a la situación insostenible en la que se encuentran las dos principales instituciones de la justicia española, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.

Consecuencia de la falta de renovación en plazo de este último y de la restricción de sus competencias provocada por la Ley Orgánica 4/2021, no era la primera vez que me pronunciaba sobre este asunto. Ya en 2018, antes de que venciera el periodo de cinco años para el que fue elegido el actual Consejo, y con el afán de asegurar la dignidad y estabilidad institucionales, expresé mi confianza en que las Cortes Generales cumplirían con su deber constitucional. A partir de entonces y ante la infracción reiterada del plazo, me he dirigido en numerosas ocasiones a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado reclamando el cumplimiento del mandato constitucional, y lo mismo ha hecho reiteradamente el pleno del Consejo.

Este año añadí en mi discurso de apertura que, de no ser atendido ese llamamiento a lo largo de las siguientes semanas, me vería obligado a adoptar una decisión que ni quería ni me gustaba. Durante el tiempo transcurrido hasta el día de hoy, me he dirigido en varias ocasiones y de forma reservada a los principales responsables políticos al objeto de alcanzar la urgente renovación del Consejo o, en su defecto, que éste, aún estando en funciones, recuperará las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas. Ninguna de estas gestiones ha dado el fruto esperado.

Se une a lo anterior la infructuosa visita del comisario de Justicia de la Comisión Europea, el señor Reynders, quien tras diversos encuentros con autoridades españolas, exhortó al Gobierno y a la oposición para que de forma inmediata se resolviera la situación de bloqueo y se abordara a continuación la reforma del modelo de elección de vocales de procedencia judicial, sin que los contactos desarrollados estos últimos días, a raíz de esa visita de los que he sido informado, hayan dado resultado positivo alguno, pese a que fije esta semana que hoy termina como la última a los efectos de la decisión sobre mi permanencia en la presidencia, y así fue comunicado tanto al pleno del Consejo el pasado día 29 de septiembre como a los medios de comunicación.

Ante esta reiterada indiferencia a mis llamamientos, la expectativa que se abre no parece ser otra que el mantenimiento de una situación, quizá durante años, que debilita y erosiona cada vez más a las principales instituciones de la justicia española y, por ende, de nuestro Estado de Derecho. He sostenido siempre que el respeto a la Constitución y a la Ley es inexcusable y compromete a todos los poderes públicos con mayor intensidad, si cabe, cuando se trata de los jueces o de sus órganos de gobierno. Por ello, mi responsabilidad hasta el momento presente ha sido procurar mantener el buen funcionamiento de estas dos instituciones y tratar de revertir la situación utilizando todos los recursos a mi alcance, con el objetivo de que la Constitución y la Ley fueran respetadas. 

Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad sólo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable. Adopto esta decisión por respeto a la dignidad de las instituciones que presido y por respeto también a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la justicia entera.

Por lo que a mí se refiere, y para que no haya ninguna duda al respecto, quiero poner de manifiesto mi firme voluntad de regresar de forma inmediata al servicio activo en la carrera judicial y servir en el Tribunal Supremo como magistrado durante los próximos años, para poder paliar mínimamente, con mi modesta aportación, los graves perjuicios que se están produciendo. La reincorporación a mi destino permitirá que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, tras la próxima jubilación de uno de sus magistrados, mantenga, al menos por un tiempo, el mínimo imprescindible de integrantes para poder constituir sus secciones de enjuiciamiento.