El Gobierno y el PP acuerdan limitar las puertas giratorias en la Justicia

Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el PP de cara a la negociación sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial continúan conociéndose con cuentagotas. El Ejecutivo ha aceptado ahora otra de las exigencias planteadas por los populares en su programa para la "despolitización de la Justicia", como ha adelantado elDiario y confirma El Confidencial. En virtud del pacto, se regularán así las llamadas puertas giratorias. Los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo de forma inmediata a partir del cese en los referidos cargos. El partido de Alberto Núñez Feijóo defendía en inicio que fuera durante dos años. Hay matices, en ese periodo de reingreso, no perderán su categoría, pero no podrán poner sentencias. Desempeñarán funciones administrativas, precisan las fuentes consultadas.

En los últimos días, se han ido cerrando otros acuerdos que señalan la buena dirección de las conversaciones, al borde de coronar con éxito. Fuentes conocedoras de la negociación confirman a El Confidencial que el límite al regreso a la judicatura de aquellos magistrados que hayan pasado por la política es una de las cuestiones que ambas partes comparten. Para salvar el escollo de la presencia en el Ejecutivo de tres ministros jueces (Robles, Marlaska y Llop), la iniciativa —que tendrá que desarrollarse en una reforma legislativa— no podrá aplicarse de forma retroactiva.

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Sánchez y Feijóo han pactado también ampliar la mayoría reforzada de tres quintos en la nueva cúpula judicial a todos los futuros nombramientos y resto de resoluciones, quitando peso así al sesgo ideológico en las decisiones de la cúpula judicial. En la actualidad, la mayoría de tres quintos solo se aplica a algunos nombramientos, pero el acuerdo entre PSOE y PP, previa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, permitiría extender esa mayoría reforzada (13 votos de 21) al resto de designaciones de la cúpula judicial. También afectaría a otras decisiones que se toman en el órgano, como la aprobación de los informes sobre las leyes o los criterios de idoneidad en el nombramiento de cargos, como los fiscales generales.

Génova y Moncloa trabajan en otros frentes para reforzar los requisitos de aquellos que accedan a puestos en el Supremo. En cuanto a la reforma del sistema de elección de los jueces del Consejo, la idea de una disposición adicional, en virtud de la cual el CGPJ recién nombrado, tomando en cuenta los modelos de países europeos con constituciones parecidas a la nuestra, presentará a las cámaras, en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial que mejore la independencia del proceso y "que garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección".

Así las cosas, tanto la Moncloa como Génova coinciden en que el acuerdo podría estar listo "en días", pero lo cierto es que aún quedan flecos —cada vez menos— por resolver. El compromiso escrito que exige el PP para avanzar en la reforma del sistema se ha convertido en el principal obstáculo de las negociaciones. Sánchez rechaza firmar garantía alguna en ese sentido, y exige al PP un pacto para resolver la crisis judicial "sin condiciones". "Todos los acuerdos a los que lleguemos con el Gobierno tienen que ser por escrito. Si los acuerdos son orales, son meras conversaciones. No conozco ningún acuerdo que no se escriba, que no se firma, que no comprometa a las partes", contradecía Feijóo.