Moncloa alega ante el TEDH que el sistema de elección del CGPJ garantiza "independencia"
La Abogacía del Estado asegura ante Estrasburgo que la elección por mayoría parlamentaria de los vocales jueces evita imposiciones partidistas
En pleno pico de presión de Europa por la crisis del poder judicial en España, un escrito de la Abogacía del Estado ha dado pistas sobre el punto de vista del Gobierno respecto a la actual situación, que ha provocado un retraso de casi cuatro años en la renovación del CGPJ e, incluso, el ultimátum de dimisión de su presidente. Los servicios jurídicos estatales han defendido ante Estrasburgo la fiabilidad del actual sistema de elección de los vocales-jueces del órgano que exige su nombramiento por votación de una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado.
El Ejecutivo asegura que este método es "garantía de objetividad". Es lento, reconoce, pero la dilación que provoca "evita imposiciones partidistas y constituye una garantía adicional en la independencia de los vocales una vez designados". "Esto lleva consigo inherente una mayor dificultad en la obtención de mayorías y por consiguiente la mayor probabilidad de que el proceso se dilate en tanto en cuanto los parlamentarios no alcancen un consenso suficiente", prosigue la Abogacía.
El escrito se ha presentado en el marco del recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por seis candidatos a vocales de la asociación de jueces Francisco de Vitoria. Los afectados acudieron a la Justicia europea atribuyendo a las dos cámaras legislativas una inacción ante la situación de bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces que les perjudica de forma directa. La lista de aspirantes, entre ellos estos seis, quedó cerrada en 2017. Entraron medio centenar de magistrados que optan a los 12 puestos de vocal de procedencia judicial. Para acceder a esta condición se exige que estén en servicio activo en la carrera judicial y aporten el aval de 25 miembros de la carrera o el de una asociación judicial.
A pesar de los años transcurridos desde aquel 2017, la Abogacía considera que los jueces candidatos no han visto lesionados sus derechos de forma desproporcionada, ya que siguen pudiendo ser nombrados en algún momento —cuando la renovación se desbloquee— y, mientras tanto, siguen ejerciendo con normalidad las funciones que tienen atribuidas en sus actuales destinos.
Choque con Europa
Sin embargo, la defensa cerrada del Ejecutivo del actual sistema de elección choca frontalmente con las demandas de Bruselas, que lleva meses reclamando un cambio de modelo en el que se potencie la elección directa de estos vocales por parte de los propios jueces. En este sentido se pronunció recientemente la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. En una carta dirigida a Carlos Lesmes, destacó la "urgencia y prioridad absoluta" de renovar el CGPJ y de abordar a continuación la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial, "que la Comisión considera necesaria".
La reforma del método de elección de los vocales que defiende el Ejecutivo ya no cumple con los criterios europeos recogidos en la Comisión de Venecia. Dentro de solo unos días, el próximo 30 de septiembre, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, visitará España y es previsible que insista en esta misma urgencia. Primero renovar y después abordar una reforma que garantice el cambio de modelo.
En pleno pico de presión de Europa por la crisis del poder judicial en España, un escrito de la Abogacía del Estado ha dado pistas sobre el punto de vista del Gobierno respecto a la actual situación, que ha provocado un retraso de casi cuatro años en la renovación del CGPJ e, incluso, el ultimátum de dimisión de su presidente. Los servicios jurídicos estatales han defendido ante Estrasburgo la fiabilidad del actual sistema de elección de los vocales-jueces del órgano que exige su nombramiento por votación de una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado.
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