Moncloa estudia atajar las puertas giratorias en la Justicia tras la salida de Dolores Delgado

El Gobierno está trabajando en la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, según fuentes de Moncloa, con cambios sobre la mesa que impedirían el nombramiento de ministros. Un extremo que afectaría de lleno a la recién cesada fiscal general, Dolores Delgado, de haber continuado en el cargo. Delgado, que presentó su carta de renuncia este martes alegando motivos de salud, accedió al cargo en enero de 2020 tras ser ministra de Justicia en el primer Gobierno presidido por Pedro Sánchez. La aprobación de esta cláusula contra las puertas giratorias en la Justicia no sería posible, por tanto, con Delgado al frente de la Fiscalía General. Al menos sin generar una disfunción en la institución, más allá de una deslegitimación sobrevenida que acabaría obligándola a dimitir.

La reforma para despolitizar el Ministerio Fiscal, reclamada por el PP y también por Bruselas, está siendo estudiada por el Ministerio de Justicia, según fuentes cercanas a su titular, Pilar Llop. Sin embargo, estas mismas fuentes evitan hablar de plazos, porque indican que la prioridad ahora de su departamento pasa por completar las normas relativas a la modernización del sistema judicial. Una serie de normas incluidas en el plan de reformas pactado con Bruselas, del que dependen los fondos europeos. Concretamente, el componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sobre el que este martes se avanzó en el Consejo de Ministros con la aprobación de la ley de eficiencia digital. Una vez cumplidos estos hitos, se pondría en marcha la mencionada reforma, por lo que no se descarta que sea antes de final de año.

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El estatuto orgánico del Ministerio Fiscal no impide las puertas giratorias de altos cargos, limitándose en su artículo 59 a señalar que "no podrán los miembros del Ministerio Fiscal pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir con carácter o atributos oficiales a cualesquiera actos o reuniones públicas en que ello no proceda en el ejercicio de sus funciones". Asimismo, señala que "tampoco podrán tomar parte en las elecciones legislativas, autonómicas o locales más que para emitir su voto personal".

En el caso de Delgado, además de haber sido ministra, fue elegida diputada por el PSOE en la lista de Madrid, lo que generó un fuerte rechazo por parte del principal partido de la oposición. Desde el Ejecutivo, han tratado de subrayar que su cese se produjo a petición propia, respondiendo estrictamente a motivos de salud. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que nombró a su sucesor, Álvaro García Ortiz, la titular de Justicia valoró como un "ejercicio de responsabilidad esta renuncia" en referencia a la incompatibilidad de su estado de salud con las exigencias de su cargo. En privado, fuentes del Ejecutivo señalan que se trata de una recomendación médica de reposo y de evitar someterse a situaciones de estrés, no de una baja explícita. Delgado fue intervenida quirúrgicamente en la columna vertebral y está pendiente de futuras operaciones.

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El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, remitió recientemente a Moncloa, dentro de las negociaciones para desbloquear la renovación del CGPJ, un plan para la despolitización de la Justicia en el que se recogía expresamente el impedimento de ejercer el cargo de fiscal general entre quienes hubiesen desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores. Una propuesta para garantizar la independencia de la Fiscalía General del Estado, sobre la que Bruselas también ha puesto la lupa.

En el informe sobre el Estado de derecho de 2021 publicado por la Comisión Europea el pasado 13 de julio, se instaba a tomar medidas respecto a la Fiscalía para "fortalecer el estatuto del fiscal general, en particular en lo que se refiere a la separación del mandato del fiscal general del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la acusación". En este marco se movería la reforma en la que está trabajando el ministerio dirigido por Pilar Llop.

El cuestionamiento de Delgado por la supuesta falta de independencia se produjo desde el primer día, y tanto PP como Vox recurrieron su nombramiento. El Tribunal Supremo concluyó que los partidos de la oposición carecían de legitimación activa para impugnar su designación. No se entraba así al fondo de la cuestión, aunque uno de los magistrados se desmarcó en un voto particular sosteniendo que Delgado no cumplía la condición de "idoneidad" para ocupar el cargo.

Fuentes del Ejecutivo señalan que tras la dimisión de la fiscal general, el "recorrido natural" sería volver a su plaza de fiscal. Esto sería así después de que el PSOE renunciase a finales de junio a mantener viva una enmienda, incluida en la Ley Concursal, que consagraría el ascenso de Delgado una vez cesara en su actual puesto. Los socialistas habían propuesto incluir una disposición final en la mencionada ley donde se reflejaba que, cuando el nombramiento recaiga en un miembro de la carrera en situación de servicios especiales, como era caso de Delgado, "adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese". La presión de la oposición, y principalmente del socio minoritario del Gobierno, llevó a los socialistas a retirar dicha disposición y renunciar así a ofrecer una salida a Delgado como fiscal de Sala del Tribunal Supremo.