Sánchez sitúa al PP como antisistema y aboca la renovación del CGPJ a un cambio de las mayorías

La respuesta del Gobierno al acuerdo fallido con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido situar a Alberto Núñez Feijóo fuera del marco constitucional y, por tanto, alejado de los pactos de Estado. La intensidad de los reproches ha llegado al punto de que, desde la sala de prensa de la Moncloa tras el Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Rodríguez se refería al dirigente gallego como "este señor". "Ya no me atrevo a llamarlo líder del PP porque incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso", arremetía antes de glosar la actitud de los populares como de "bloqueo", "antidemocrática", "irresponsable", "insulto", "rebeldía constitucional" o "echado al monte". La deslegitimación mutua se ha acelerado en las últimas horas y el propio Feijóo ya ha enterrado la posibilidad de llegar a grandes acuerdos con los socialistas. El Ejecutivo, por su parte, abre la puerta a buscar alternativas con sus socios prescindiendo del PP.

En lo referente al desbloqueo de la renovación del órgano de poder de los jueces, desde el Gobierno no se descarta retomar la reforma dura del sistema de elección para rebajar las mayorías necesarias. El actual sistema de elección requiere el voto de 3/5 del Congreso. Esto es, de los dos principales partidos. La iniciativa que registraron en octubre de 2020 los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, para posteriormente retirarla entre reproches de Bruselas, proponía que se pudiesen elegir los vocales por mayoría absoluta de 176 diputados en segunda instancia. Con un PP "echado al monte", el Ejecutivo allana el camino para esta reforma dando señales de que sería inevitable. "Este Gobierno va a trabajar para cumplir la Constitución y garantizar que los órganos funcionen a pesar del PP", avanzaba Rodríguez.

Desde la Moncloa intentan trasladar al PP toda la presión por la ruptura del acuerdo y enmarcar a Feijóo en posiciones antisistema. "No se puede normalizar el incumplimiento de la Constitución. Es inaudito", protestan fuentes de la Moncloa. La ruptura del acuerdo se califica de "unilateral" y el argumento de Génova, justificando la suspensión de la negociación por la intención del Gobierno de rebajar el delito de sedición, se tacha de "excusa". Por el momento, dicen estar en la fase de señalar a los populares, a quienes consideran responsables de una grave crisis institucional con implicaciones no solo en la Justicia, sino en el propio sistema democrático y constitucional.

"De momento estamos exigiéndoles que cumplan la Constitución", añaden las mismas fuentes, sin concretar los pasos a dar y con la reforma del sistema de elección o los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Ejecutivo como amenazas veladas. El socio minoritario del Ejecutivo sí va un paso por delante y ya ha demandado públicamente el cambio legislativo en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Incluso han propuesto alternativas para mejorar el texto que acabó retirándose por orden de los socialistas sin siquiera iniciar su tramitación.

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Se trataría de combinar tanto la mayoría absoluta de 176 apoyos, en segunda votación, como la mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso o, al menos, la mitad. El número de grupos en la Cámara Baja durante esta legislatura es de 10, por lo que al menos sería preciso el acuerdo entre un mínimo de cinco o seis. Este sistema de mayoría de votos y grupos sería similar al que ya existe para la renovación del consejo de administración de RTVE.

La otra pata con la que presiona el Ejecutivo es con desbloquear los nombramientos pendientes del TC. Para ello, en la Moncloa se reservan también los plazos. La primera carta, que ahora parece improbable por la resistencia de los vocales conservadores, es que el CGPJ nombre a los dos candidatos que le corresponden para que el Gobierno haga lo propio con los suyos. Desde la Moncloa aseguran que los vocales del CGPJ "son conscientes de la situación" y confían en que "se tiene que aplicar la ley". "Tienen un mandato legislativo", zanjan.

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La fuerte arremetida del Gobierno contra el PP sigue la línea de romper la discontinuidad ente Feijóo y su predecesor en el cargo, Pablo Casado. "Para insultar, bloquear e incumplir la Constitución ya teníamos a Casado", comparaba la portavoz del Ejecutivo este martes. Los socialistas lo vinculan también como rehén de "los más ultras de su partido", en referencia a Isabel Díaz Ayuso, quien marcó distancias con la estrategia negociadora de Génova al recelar de un acuerdo con Pedro Sánchez para el órgano de gobierno de los jueces. Pero también con los "más ultras de este país".

La pretendida deslegitimación de los populares allana el camino a buscar alternativas para la renovación del CGPJ sin el PP, pero también delimita los parámetros del enfrentamiento electoral del próximo año. En la Moncloa dibujan a Feijóo como un líder "sin autonomía", condicionado por los "ultras" que le "doblan el pulso" y alejado del perfil moderado y de hombre de Estado con el que llegó a la política nacional el pasado mes de abril. De hecho, las mismas fuentes consideran que su alejamiento de los acuerdos lo "desgasta" electoralmente.

Asuntos de Estado en el aire

La ruptura de puentes entre el Gobierno y el principal partido de la oposición no solo deja en cuarentena la renovación del CGPJ, a la espera de los movimientos de la Moncloa, sino que también pone en riesgo otra serie de acuerdos pendientes en materia de Estado. El Ejecutivo necesita a los populares para sacar adelante algunos de sus compromisos con la OTAN, como el aumento de la presencia militar norteamericana en la base de Rota o la futura ley de secretos oficiales.

El incremento de la presencia de buques de guerra y de personal militar norteamericano en la base de Cádiz, que sellaron el pasado mes de junio el presidente de EEUU, Joe Biden, y Pedro Sánchez, conlleva una enmienda del convenio de cooperación para la defensa entre ambos países de 1988. Dicha modificación deberá pasar por el Congreso. Tanto el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, como los aliados habituales de Sánchez, a excepción del PNV, ya avanzaron que no tienen previsto ofrecer su respaldo, por lo que el apoyo de los populares será crucial.

Los socios de Sánchez también han cuestionado el anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto. El PP deslizó su intención de negociar con el Gobierno la normativa para que el PSOE no tenga que depender de sus socios, pero el nuevo choque deja en el aire este acercamiento. El texto que pretende enterrar la ley franquista de 1968 contiene las recomendaciones de la OTAN para que los países aliados homologuen sus normativas y se facilite la cooperación en esta materia entre los distintos servicios secretos.