La "cláusula Cándido" dinamitó los nombramientos en el Tribunal Constitucional

La proclamación como rey de Carlos III de Inglaterra ha llenado la programación de las televisiones de liturgia. El famoso toque inglés que impregna todo de una solemnidad institucional, en decadencia en España, servía ayer a uno de los magistrados que asistieron al pleno del Consejo del Poder Judicial para definir el ambiente: "Hubo muy buenas formas y en ningún momento se elevó el tono. Todo muy británico". La reunión ha sido una de las más difíciles que ha afrontado este órgano, según varios de los participantes.

El único momento de tensión entre el bloque de los "conservadores" y los "progresistas" lo protagonizaron Concepción Sáenz y José María Macías. La primera, muy cercana a Podemos, insistió que en el documento que se pactó el pasado jueves se volviera a concretar un plazo máximo para cerrar la renovación. Precisamente este punto es el que ha suscitado más controversia de la última reforma que impulsó el Gobierno de la ley del Poder Judicial.

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Los vocales nunca han aceptado que se impusiera un plazo a modo de ultimátum. Finalmente, en la reunión se desestimó, dado que incluso en el sector más cercano al PSOE se veía como barrera para un acuerdo a futuro. A principios de la próxima semana empezarán los contactos entre los negociadores de uno y otra ala para consensuar nombres. El presidente del CGPJ no convocará otro pleno hasta que no haya cuórum entre las partes.

Desde Moncloa no han cesado las "presiones" durante el mes de agosto para que antes del 13 de septiembre, fecha tope que se marcó en la reforma de la ley del Poder Judicial, los vocales facilitasen el relevo en el Tribunal Constitucional de cuatro vocales. El teléfono de los protagonistas de esta historia no ha dejado de sonar. En privado no hay problema en desvelarlo, en público advierten a El Confidencial: "Nunca lo vamos a reconocer".

Lesmes ha dedicado buena parte de sus vacaciones a sondear a perfiles de gran prestigio en la judicatura, como el presidente de la Sala de lo Penal, Manolo Marchena, para ocupar una de las dos vacantes que debe proponer el CGPJ. Moncloa ya tendría una lista con sus candidatos. En las quinielas hay desde hace años un nombre fijo. La catedrática de Derecho Constitucional, Yolanda Gómez Sánchez, parte con ventaja entre otras mujeres como Ana Ferrer o Pilar Teso. En la cuota masculina hay baile de nombres que abarcan desde Pablo Lucas Murillo hasta el polémico José Ricardo de Prada, que tiene en su haber la sentencia de la Gürtel que propició la moción de censura a Mariano Rajoy. El Gobierno, como publicó este medio, le habría rescatado como aspirante para lanzar un gesto a sus socios de investidura. La inclusión de José Ricardo de Prada ha dinamitado en varias ocasiones la negociación del CGPJ. Para el PP siempre ha sido una "línea roja".

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Esta vez también ha habido un "dinamitero". El exfiscal general del Estado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido, siempre ha sobrevolado la renovación del alto tribunal. Su aspiración para presidirlo estaría detrás de las prisas de Pedro Sánchez, según fuentes del propio Constitucional. La demora en el relevo de magistrados que le permitiría llegar a la presidencia le ha "desquiciado", relatan compañeros que le atribuyen lo que ya han dado en llamar la "cláusula Cándido". Según estas fuentes, el fiscal que defendió mancharse las "togas de barro" en la negociación del fin de ETA habría propuesto al Gobierno el cambio legal que autorizaba al CGPJ a hacer nombramientos nuevamente y exigido que se pusiera una fecha límite. Conde-Pumpido se ha borrado de los actos públicos. No ha acudido a los últimos actos relevantes del mundo de la Judicatura. Estuvo ausente en la toma de posesión del sucesor de Dolores Delgado, en la apertura del año judicial o en presentación de la obra teatral del presidente del TC.

Por el contario, su pareja, Clara Martínez, que forma parte de los vocales llamados a designar a los futuros compañeros de su marido, no ha dado un paso atrás en este proceso, pese a que existe un "conflicto de intereses" a ojos de varios miembros del pleno. "Es como tener un agente secreto", bromea un vocal que le resta importancia porque, en su opinión, el verdadero "brazo político" del PSOE es exdiputado Álvaro Cuesta. Conde-Pumpido estaría ahora ocupado en que los cuatro nuevos magistrados que lleguen al Constitucional no tengan cercanía con la que será su contrincante a la presidencia, María Luisa Balaguer.

Salvo sorpresa de última hora, es prácticamente imposible que el 13 de septiembre haya fumata blanca para relevar el Constitucional. Queda por ver que hará Moncloa si los vocales "incumplen la ley". Jurídicamente, no hay ningún margen porque, según explican los juristas consultados, no se ha especificado en la transitoria donde se fijó el plazo la consecuencia de no nombrar en esa fecha. Ahora queda por ver si Moncloa dará sus dos nombres, pese a que no podrían tomar posesión del cargo hasta que el CGPJ hiciese los suyos. Cándido Conde-Pumpido tendrá que seguir esperando.