Feijóo y Sánchez rompen el diálogo y condenan al Poder Judicial al bloqueo hasta las elecciones

"Nos damos una última oportunidad". Hace 18 días, PSOE y PP iniciaron el enésimo intento por desbloquear el CGPJ tras casi cuatro años de bloqueo. La dimisión de Carlos Lesmes abrió una crisis constitucional sin precedentes, y sirvió de toque de atención definitivo para que Sánchez y Feijóo desatascasen la renovación del Poder Judicial, pese a partir de posiciones contrarias. Pero, al final, no fueron ni las desavenencias por la reforma del sistema ni los desencuentros por la lista de nombres lo que ha precipitado el fracaso de las negociaciones. La reforma del delito de sedición, reactivada por la Moncloa en los últimos días, ha sido la chispa que ha hecho saltar por los aires un pacto que estaba "muy avanzado", según el PP, y ya "listo", según la versión del PSOE. De hecho, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este viernes que el pacto iba a firmarse hoy a las 12:00 horas.

En una entrevista en Cadena SER, el ministro socialista ha revelado que durante la conversación telefónica Sánchez y Feijóo quedaron para reunirse el próximo miércoles 2 de noviembre y que el presidente se enteró de la suspensión de la negociación a través del comunicado que hizo público el Partido Popular en la tarde de ayer. "La ruptura se produce de una manera extraña porque se produce una conversación y quedan en verse la semana que viene", ha apostillado.

Además, ha apuntado que ya tenían fecha para materializar el acuerdo, por lo que ha defendido que el pacto estaba cerrado, extremo que niegan desde el PP. De hecho, ha detallado que "una era hoy y otra fue el martes pasado". "Teníamos los huecos en la agenda para materializar el pacto", ha insistido.

Alberto Núñez Feijóo levantó el teléfono en la tarde del jueves para comunicar su decisión a Pedro Sánchez. La conversación duró casi una hora. Génova no da por rotas las negociaciones, sino que las suspende hasta que el Gobierno "no aporte garantías suficientes" de que no seguirá adelante con la modificación del Código Penal, que afecta a los dirigentes fugados por el procés. Pero las posibilidades de revivir el acuerdo se dan prácticamente por imposibles. "Es irrecuperable", reconocen fuentes jurídicas en privado. En apenas unas horas, la fumata blanca ha pasado de ser prácticamente una realidad a una utopía. No habrá acuerdo en lo que resta de legislatura.

Los grandes escollos de la negociación parecían salvados, pero, a lo largo de la jornada del jueves, Sánchez y Feijóo volvieron a tensar la cuerda. Como si, en el fondo, presagiasen que estaban más cerca del iceberg que del puerto. El Ejecutivo había aceptado en la noche del miércoles una de las exigencias troncales de Génova: regular las puertas giratorias y que los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno no puedan reingresar al servicio activo de forma inmediata a partir del cese en los referidos cargos. Los nombres, pese al exabrupto de Victoria Rosell, ya planeaban también sobre el documento final. Pero, de nuevo, la negociación se topó con la actualidad política.

La negociación había despertado recelos en importantes sectores de la derecha, pero también en el seno del propio Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso fue la primera dirigente que puso voz y rostro a esa corriente que recelaba de un pacto con Sánchez, ni siquiera para renovar el Poder Judicial. "No es de fiar", avisó la madrileña durante el foro España a examen, organizado por El Confidencial. Vox intensificó sus ataques contra Feijóo, en quien detectan una debilidad que recogen las encuestas. El nerviosismo se disparó ayer, en el momento en que Sánchez recuperó formalmente el delito de sedición como parte de su agenda legislativa, aunque, en primera instancia, estaba congelada.

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La intención verbalizada por el presidente del Gobierno incomodó a Génova, que durante días trató de orillar el asunto para no dinamitar el acuerdo. El martes, solo 48 horas antes de que la dirección redactase el comunicado con el que rompe las negociaciones con el Gobierno, Cuca Gamarra aseveró en una entrevista que la rebaja de las penas de sedición y la negociación global para renovar el CGPJ y el TC discurrían por márgenes separados. "Son dos cuestiones distintas. Tenemos un papel diferente", dijo. Era la misma versión que mantenían en privado fuentes de la cúpula del partido. Pero la presión pudo más. Feijóo no podía asumir el descrédito que habría podido ocasionar aceptar que Sánchez pacte con la mano derecha renovar el Poder Judicial junto al PP y con la izquierda reformar el Código Penal junto a los independentistas.

Los populares justifican que las palabras de su secretaria general en una entrevista televisiva se producen después de que el interlocutor autorizado por Génova, Esteban González Pons, comprobase en privado con el negociador del Gobierno, Félix Bolaños, que el delito de sedición no estaba encima de la mesa. Ese mismo día, recuerdan en el entorno de Feijóo, la ministra portavoz niega que se vaya a abordar la reforma del delito de sedición en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "No estaba encima de la mesa, y por eso decidimos ayudarles rebajando la tensión sobre ese debate", argumentan.

El debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de 2023 prendió definitivamente la mecha. En respuesta a una interpelación de ERC, María Jesús Montero se comprometía a llevar a la Cámara una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición. Aunque no tardó en matizar sus palabras y asegurar que no estaba dando "un paso más" en ese compromiso, el PP se revolvió. Horas después, Sánchez dio por cerrado el acuerdo y descargó la presión sobre Feijóo para hacerlo público. Y Génova explotó. Primero negó que el pacto estuviese cerrado y, más tarde, suspendió todas las negociaciones.

"Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirles a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España", zanjó la dirección del PP. Las conversaciones, avisó, "quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad institucional". "Teníamos la esperanza de que lo que nos dijo Bolaños mantuviera plena vigencia. El Gobierno no duda en cambiar su posición en mitad de la negociación, y eso nos obliga a cambiar la nuestra", inciden fuentes de los populares. La diferencia es "insalvable". O el PP o ERC. O Poder Judicial o presupuestos.

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El Gobierno evitó responder al último desafío de Génova. Pero Ferraz sí envió una durísima respuesta. El PSOE denunció que a Feijóo "le han temblado las piernas" por "no resistir" la presión de "la derecha más reaccionaria", le acusó de demostrar una "absoluta falta de autonomía política" y replicó que la agenda legislativa del Gobierno "no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución española". El propio Sánchez, en una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su gira africana, reiteró este mensaje y aseguró que el acuerdo no solo estaba cerrado, sino que habían pactado escenificarlo el 2 de noviembre con una reunión, según recoge la agencia EFE. De nuevo, fracaso. De nuevo, bloqueo.

El panorama que dejan tras el fracaso es desolador para la judicatura que, en esta ocasión, sí albergaba esperanzas de éxito. Los magistrados exigen "sentido de Estado" a unos y otros y recuerdan la situación insostenible que vive el TS, donde cada vez hay más vacantes. Como segunda consecuencia, este primer bloqueo alargará también la renovación del TC y deja un Consejo más en funciones que nunca antes, con un presidente suplente, que ahora tendrá que reinventarse.

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"Si no sale en 48 horas, no sale", reconocían fuentes conocedoras de la negociación, que se limitaban a verbalizar la sensación que recorría en estos días la judicatura, contagiada, en parte, de la confianza de las partes políticas sobre las posibilidades reales de que este intento de desatascar el Poder Judicial fuese el definitivo. Desde la carrera, se estaban siguiendo las conversaciones como si de un torneo de fútbol se tratara. Celebraban los avances, se tensaban con los posibles parones y miraban sin parar el reloj para ver si el árbitro daba la hora.

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Los fracasos en las conversaciones de la era Casado son una demostración más de la fragilidad de las posturas. "Todo va bien hasta que empieza a ir mal", dice, por ejemplo, un juez consultado que recuerda esas otras ocasiones en las que se rozó el pacto para después desactivarse. La última de las ocasiones fue febrero de 2021. Reventó entonces a consecuencia de las exigencias de Podemos. Al borde de anunciar la fumata blanca, el partido morado introdujo de nuevo el nombre del magistrado José Ricardo de Prada como condición para que saliera adelante y pidió vetar a alguno de los indispensables de los populares si se le dejaba fuera. Esa fue, entonces, la chispa que sirvió para dar al traste con los avances. Todo se paralizó de nuevo. El mecanismo recuerda a lo sucedido en estos días con la candidatura de la delegada del Gobierno Victoria Rosell.

En el verano de 2020, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegaron a mantener contactos telefónicos para desatascar la situación. De nuevo se veía cerca. El motivo del parón fue, entonces, la salida de España del rey emérito Juan Carlos y las críticas a la monarquía que su marcha produjo desde, otra vez, Podemos. El entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, llegó a pedir la abolición del sistema y al PP le resultó intolerable escenificar un acuerdo con el Ejecutivo en esas circunstancias.

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La chispa más sonada se produjo en el primero de los intentos. Era 2018 y el Consejo, por entonces, acababa de finalizar sus cinco años de mandato y entraba en funciones. El acuerdo no fue entonces un intento. Se cerró, hasta tal punto que los juristas escogidos por el PP y el PSOE llegaron a comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso. Mientras tanto, desde el Gobierno se anunciaba que ambas partes habían escogido al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, como candidato de consenso para la presidencia.

En un contexto de enorme exposición pública, el periódico El Español difundió mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en un grupo de WhatsApp con compañeros de partido celebrando el "esperanzador" reparto para la formación del CGPJ. Explicaba que el PP lograba nueve vocales en el CGPJ más la presidencia del Consejo, frente a los 11 del PSOE, y "además controlando la Sala Segunda desde detrás". Marchena defendió entonces su independencia y se retiró como candidato.