PP y PSOE cierran la elección de Manuel Marchena como presidente del CGPJ

El PP y el PSOE han acordado la elección de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial. Marchena, hasta ahora máximo responsable de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dejará su actual cargo y, por tanto, no dirigirá el juicio a los líderes del 'procés'.

Fuentes jurídicas explican a El Confidencial que el PSOE ha aceptado que un magistrado con perfil, en principio, conservador ocupe la presidencia del CGPJ a cambio de que en el órgano se dé una mayoría de vocales progresistas, para lo que el Gobierno y Podemos elegirían a alrededor de once y el PP se quedaría con nueve. Además ambas formaciones querían un candidato de consenso y transversal, cualidades que consideran que cumple Marchena. Resaltan que fue elegido para sucesivos puestos a lo largo de su carrera coincidiendo con ejecutivos socialistas.

El nuevo presidente abandonará por su nueva responsabilidad la dirección de la vista oral contra Oriol Junqueras y otros 17 políticos catalanes que debe arrancar a partir de enero. El tribunal pasará a ser presidido por otro de los integrantes de la Sala.

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La negociación del CGPJ ha avanzado a buen ritmo entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exministro Rafael Catalá, por lo que ambas partes esperan cerrar un acuerdo de forma inminente. Por eso, antes del 4 de diciembre, fecha en la que el órgano ya debería estar renovado con el nombramiento de 20 nuevos vocales, 12 jueces o magistrados y 8 juristas de reconocida competencia, habrá nueva composición.

Sus integrantes definitivos se cerrarán a lo largo de esta mañana aunque ya empiezan a trascender algunos de los nombres que se barajan como el de Raúl Sánchez Conesa, titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Cartagena o el de la titular del nuevo órgano creado en Sevilla para tramitar las demandas de las cláusulas de suelo, el juzgado de Primera Instancia 29, Reyes Vila, así como el de la magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia Esther Rojo. También suena Juan Ángel Moreno García, actualmente en la Audiencia Provincial de Madrid.

Las fuentes consultadas apuntan además que Podemos habría logrado sacar adelante la elección de José Ricardo de Prada, el magistrado clave en la sentencia de la primera época de actividades de la trama Gürtel, como jurista en el CGPJ. Para los puestos de juristas aspiran también la fiscal especializada en violencia de género Pilar Fernández; la directora del CEJ y vocal del consejo fiscal, ahora fiscal de violencia de género, Sofía Puente; la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Córdoba Carmen Sáez, y el letrado de la Administración de Justicia Luis Martín Contreras.

En lo que se refiere al resto de nombres que suenan para los puestos de vocales como jueces o magistrados, en los contactos de las últimas semanas la ministra de Justicia apostó por la entrada del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y de la magistrada de Podemos Victoria Rosell, pero las fuentes consultadas apuntan ahora que ambas candidaturas se habrían descartado. En el caso de Andreu, el Gobierno teme que tras su elección aparezcan grabaciones de conversaciones con el comisario José Manuel Villarejo.

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Por su parte, los de Pablo Casado prevén la entrada de la exdirectora de la Escuela Judicial y esposa de Pablo Llarena, el juez que instruyó el 'procés', Gema Espinosa. También suena la recién llegada al Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón. Como juristas, quieren proponer al abogado y exportavoz de la Comisión de Justicia del Congreso José Miguel Castillo y la fiscal jefa Pilar Jiménez.

Respecto a la posibilidad de que se ceda un vocal al PNV para lograr su apoyo, fuentes jurídicas apuntan a que todavía no se ha cerrado este aspecto en las negociaciones. El 'sí' de los nacionalistas a la renovación del órgano podría resultar clave porque Senado y Congreso eligen cada uno por mayoría de tres quintos a diez vocales, seis de ellos jueces y los otros cuatro juristas con más de 15 años de ejercicio en su profesión que no sean miembros del Consejo saliente ni presten servicios en los órganos técnicos del mismo.