Casado exige al PSOE una garantía escrita de reforma del CGPJ para sentarse a negociar

La renovación del Consejo General del Poder Judicial, que requiere un gran pacto entre los dos principales partidos políticos, sigue estancada y sumando días a un mandato absolutamente caducado. Pero el escollo se traduce ya en algo muy concreto. El PP insiste en que su única condición pasa por cambiar la ley orgánica del CGPJ para que 12 de sus 20 vocales sean elegidos directamente por los jueces, y no por las Cortes generales. La cuestión es que a Pablo Casado, según explican fuentes de su entorno, no le vale un compromiso a futuro del Gobierno. Al contrario. Lo que exige el líder de los populares es que el Ejecutivo apoye con sus votos la admisión a trámite en el Congreso de la propuesta legislativa, aunque los plazos después se alarguen. El presidente del PP insistió en la misma idea en un desayuno informativo este martes en Madrid: "El consejo se puede renovar hoy mismo, pero antes la ley".

La crisis institucional que ha provocado la voladura de puentes entre PP y PSOE es en realidad de confianza. En Génova, reconocen que “ya no basta” una declaración del presidente o el compromiso de estudiar escenarios para avanzar en la independencia judicial porque no confían en el Gobierno. Y, por eso, Casado se empeñó en explicar su postura a las asociaciones de jueces que ayer acudieron a la apertura del año judicial, un acto presidido por el Rey en el que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, arremetió con dureza contra las fuerzas políticas para que cumplan con su deber constitucional.

Lo que pide el PP es contar con una “garantía escrita” de que el PSOE respaldará el cambio en el sistema de elección de los vocales del poder judicial. Y esa garantía, asumen en la dirección nacional, “solo llegará con una votación en el Congreso” para probar que no se trata de una voluntad, sino que pasan a los hechos.

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El partido de Casado tiene guardado en el cajón la proposición de ley que el Congreso ya le tumbó sobre el nuevo sistema de elección, que recuperaba el de 1980 y que Felipe González cambió cinco años después, en el que 12 de los miembros del CGPJ son elegidos directamente por la carrera judicial. El PP cree que su discurso se ha reforzado en los últimos meses por los distintos toques de atención de la Unión Europea al Gobierno, que provocaron incluso que PSOE y Unidas Podemos retiraran su propuesta de rebajar los umbrales necesarios para la renovación del órgano. Con esa polémica reforma, solo se necesitaba la mayoría absoluta y el principal partido de la oposición quedaba fuera de la ecuación.

El discurso que Lesmes pronunció ayer en clara defensa de la independencia y la labor de los magistrados en España ante los ataques partidistas (fue especialmente duro con la posición del Gobierno para justificar los indultos y con la reforma aprobada, esta sí, para limitar la capacidad del órgano de gobierno de los jueces cuando está en funciones, como es el caso actual) también fue recibido con optimismo dentro del PP, entendiendo que su exigencia y postulados han calado de lleno en la carrera judicial, en la sociedad y también en Bruselas. De ahí, reconocen los populares, que “no se van a mover” y que sin reforma legislativa no habrá renovación esta legislatura.

Los matices del Gobierno

Además, el partido de Casado ve sintomáticos los matices que ayer fueron introduciendo la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, cuando hablaron de “estudiar” fórmulas y escenarios una vez la renovación se complete. No es lo que pide el PP, “no se trata de eso y no es suficiente”, se adelantan a decir, pero sí ha servido para ver un pequeño rayo de luz. Sobre todo, después de las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que la semana pasada revolvió a la oposición al asegurar que “los jueces no pueden elegir a los jueces”. Solo Adriana Lastra, en su nuevo rol dedicada al partido, salió en su defensa. Las ministras, en cambio, se abrieron a pensar en reformas futuras.

La cuestión es que fuentes de Moncloa descartan cualquier compromiso previo a la renovación del CGPJ y subrayan que la posición del Gobierno tampoco se ha movido. “Primero, renovar. Y luego el PP tiene legitimidad para plantear cualquier reforma”, indican en referencia al cambio del sistema de elección para que sean los togados quienes elijan a sus colegas. Tanto es así que afean, en referencia a una hipotética reforma, que los populares “no tienen mayoría parlamentaria” y que no habrían asumido su derrota en las urnas. La única opción en este momento, subrayan, es la renovación de los órganos constitucionales, sin entrar en si ven más o menos legítimo el cambio de la ley que, en todo caso, los socialistas no comparten.

Aunque el desencuentro se mantiene, los populares siguen viendo las palabras de Bolaños como “una fuente de oxígeno” y aseguran que “ahora más que nunca es necesario mantener su posición intacta”. De hecho, tras el discurso del presidente del Tribunal Supremo este lunes, el propio Casado insistió en su idea ante los representantes de las principales asociaciones de jueces. El líder del PP buscó a tres de ellos para comentar la situación del CGPJ: Manuel Almenar, de la Asociación Profesional de la Magistratura; Jorge Fernández Vaquero, de la Asociación Francisco de Vitoria, y Concepción Rodríguez, de Foro Judicial Independiente.

Las fuentes consultadas, presentes en ese encuentro, apuntan que Casado sostuvo que es consciente del mandato constitucional (la obligación de renovar) y de que el bloqueo no puede seguir, coincidiendo con Lesmes en que hay que culminar el proceso que se inició en 2018 mediante el actual sistema de elección: el CGPJ está formado por 20 vocales —12 de ellos jueces y otros ocho juristas de reconocido prestigio— y su elección depende de que sean respaldados por tres quintas partes del Congreso y el Senado.

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Ante esta contundencia, fuentes conocedoras de la conversación explican que los representantes de las asociaciones le recordaron que su partido ya había llevado en su programa electoral de 2011 la reforma del CGPJ y, cuando logró la mayoría absoluta, renunció a hacerlo: en lugar de permitir que los 12 vocales judiciales fueran seleccionados por sus compañeros magistrados entre un listado que también propondrían estos, en 2013 optó por una reforma exprés para que cada Cámara pudiera renovar a 10 miembros aunque la otra no hubiera decidido nada. En aquel momento, el PP tenía una mayoría superior a los tres quintos en el Senado. Un reproche que el líder popular lleva días escuchando y sobre el que evita pronunciarse, recordando que él no tomaba las decisiones entonces.

“Lo que pasó ya pasó”, respondió entonces Casado, según las fuentes consultadas. El líder de la oposición, de hecho, no dudó en argumentar que las exigencias europeas han aumentado en los últimos años, especialmente en estos meses, y que países como Italia, Francia y Portugal han modificado sus sistemas, quedando otros como Reino Unido o Alemania con un Ejecutivo que mantiene en parte su control, pero con el compromiso de no traspasar ciertos límites. En Génova, también consideran que esta idea encaja con la que expuso Lesmes durante su discurso, en el que insistió en que "los jueces españoles también son jueces europeos y su independencia no puede ser comprendida" sin asumir esta condición.