La reforma del CGPJ no cortará los fondos europeos, pero tampoco saldrá gratis

El movimiento del Partido Socialista y Unidas Podemos para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha levantado una auténtica polvareda en la política nacional española. En Bruselas, el asunto se sigue con una mezcla de sorpresa y preocupación. Hace solo unos días que la Comisión Europea emitió su primer informe sobre la situación del Estado de derecho en la UE, en el que España salía bastante bien parada, aunque había una mención especial al bloqueo en la renovación del CGPJ, señalando la necesidad de renovarlo con urgencia.

Esa misma semana, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, visitaba Bruselas para participar en un Consejo Europeo extraordinario con el resto de los líderes comunitarios. En una rueda de prensa posterior al encuentro, el líder socialista lanzó la bomba informativa: confirmaba que el Ejecutivo buscaría reformar el CGPJ para poder elegir a los vocales con mayoría absoluta, en vez de las tres quintas partes necesarias hasta ahora.

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La noticia quedó confirmada este martes. Parte de la defensa que se ha hecho del movimiento surge precisamente del informe de la Comisión Europea que urgía a su renovación, aunque no se señala que el mismo informe cita las exigencias del Consejo de Europa, que señala que al menos la mitad de los miembros del CGPJ deberían ser escogidos directamente por sus pares.

En Bruselas, nadie se mueve y nadie se moja en público. En privado, hay preocupación, pero todavía es lo que es: una propuesta que ha sido registrada en el Parlamento. En las últimas horas, en España se ha repetido en distintos foros y tertulias que este movimiento del Gobierno de Sánchez podría hacer que la Unión Europea cortara la llegada de fondos europeos que tanto necesita el país. Se ha asegurado que se está poniendo en marcha un instrumento que precisamente busca vigilar y atajar este tipo de reformas que ponen en riesgo la independencia judicial.

¿Pone en riesgo el fondo?

¿Pero es cierto que España podría no recibir los 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo de recuperación debido a esta reforma del CGPJ? La respuesta es que no. Sí, hay un instrumento para el respeto del Estado de derecho, una propuesta que se puso por primera vez sobre la mesa en 2018, y que ahora acaba de presentar la presidencia alemana. Efectivamente, si hay un ataque al Estado de derecho por parte de un Estado miembro, se podrían suspender los pagos. Pero, entonces, ¿esa herramienta no podría actuar?

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La propuesta alemana es muy concreta. No se trata de un instrumento que busque sancionar a los Estados miembros que violan de manera general el Estado de derecho. El requisito es que esa violación afecte directamente los intereses financieros de la Unión Europea. La propuesta alemana tiene como objetivo que sea realmente difícil utilizar este mecanismo con cualquier país, incluso con Polonia y Hungría.

Pero la versión de esta herramienta, aunque casi con toda seguridad sea la que finalmente sea acordada, todavía no es la definitiva. Está ahora mismo en una negociación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. De hecho, hay un grupo de Estados miembros, como Países Bajos o Finlandia, además de la Eurocámara, que piden que esa herramienta sea más agresiva, que tenga más capacidad de acción y que sea utilizada para cualquier violación del Estado de derecho, y no solamente cuando este afecte al presupuesto europeo. Esa negociación entre instituciones por el instrumento de Estado de derecho y por el marco financiero plurianual 2021-2027 sí que puede llegar a poner en riesgo o retrasar la llegada de los 140.000 millones a España.

Si el mecanismo de Estado de derecho no convence a países como Finlandia, estos podrían llegar a bloquear la decisión

El movimiento del Gobierno no llega en el mejor momento, precisamente por eso. Aunque es improbable que el fondo quede bloqueado por el debate sobre el instrumento del Estado de derecho, la propuesta de reforma del CGPJ podría llegar a reforzar las tesis de los Estados miembros más duros en este asunto, como por ejemplo es Finlandia, y profundizar todavía más las trincheras, complicando o retrasando el acuerdo final. En cualquier caso, la propuesta que salga adelante no será funcional, porque se ha diseñado con el objetivo de no cabrear demasiado a Varsovia y Budapest, que, de lo contrario, pueden llegar a bloquear el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros no aprobando la decisión de recursos propios necesaria para emitir deuda y poner en funcionamiento el fondo.

Hay quien defiende que sí que puede llegar a ponerse en riesgo. Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, asegura que si el mecanismo de Estado de derecho no convence a países como Finlandia, estos podrían llegar a bloquear la decisión de recursos propios en su Parlamento, y entonces el fondo se derrumbaría. Y que si no lo bloquean, es porque hay un mecanismo que funciona, en cuyo caso una reforma del CGPJ pondría los 140.000 millones de España bajo escrutinio. Pero hay que añadir una pata más: si el mecanismo es muy fuerte, Hungría también podría bloquearlo en su Parlamento nacional. Así que, en realidad, la inmensa mayoría en Bruselas apuesta por que el mecanismo final será muy parecido al propuesto por Alemania, en cuyo caso, sería muy poco efectivo.

Pero hay que pagar un precio

Que España no vaya a ver cómo se corta el grifo de las ayudas europeas no significa que la reforma no tenga un precio. En concreto, tiene dos precios a nivel exterior, más allá de sus efectos a nivel nacional: uno reputacional y el otro político. El primero está claro: desde el estallido del ‘procés’, el Gobierno lleva haciendo grandes esfuerzos a todos los niveles por explicar que España es un Estado de derecho con los más altos estándares. Esta reforma sobre el CGPJ es una enorme losa para ese discurso, entre otras razones, porque amenaza con fracturar un frente común en el exterior, que hasta ahora se ha mantenido siempre unido, como ha demostrado la continua coordinación entre PSOE, PP y Ciudadanos en el Parlamento Europeo.

Opinión

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El segundo precio es el político a nivel europeo. Hungría y Polonia, dos países que llevan años inmersos en una deriva autoritaria cuya pieza clave es el desmantelamiento de la independencia judicial, llevan mucho tiempo esperando tener ejemplos concretos que les sirvan para apuntalar un discurso fundamental ante su electorado: existe una doble vara de medir, y eso explica que en realidad no son democracias ‘iliberales’, sino que son inocentes y simplemente son atacadas por ser quienes son. Estados miembros que también tienen reformas judiciales dudosas no reciben los mismos castigos que ellos.

De hecho, al subsecretario de Asuntos Exteriores polaco le ha faltado tiempo este miércoles por la mañana para lanzar un mensaje en Twitter en el que compara la reforma española con la polaca, preguntándose si Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo del dosier de Estado de derecho, intervendría en esta ocasión.

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Recientemente, Didier Reynders, comisario de Justicia, llamaba en una entrevista en 'El País' a reformar el CGPJ, asegurando que, de no hacerlo, se estaba dando munición a Hungría y Polonia. “Entiendo que es complicado alcanzar un acuerdo entre los principales partidos políticos sobre la renovación, pero llevamos desde 2018. Hemos expresado una preocupación mayor sobre esa situación en otros países miembros. Eso significa que si eso persiste, cuando se debata sobre la situación de Hungría o Polonia, los gobiernos de esos países podrán escudarse en que ese asunto en España aún no se ha solucionado. Y en el caso de España, no es el mismo problema sistémico, sino que es muy puntual”, aseguró el comisario belga, en referencia a la renovación, aunque sin mencionar el escenario de la reforma.

¿Y el artículo 7?

También se ha comenzado a escuchar el debate sobre la activación del artículo 7. Es, en realidad, la última opción, el 'botón nuclear' que solamente se activa cuando no queda ninguna otra alternativa. La Comisión Europea solamente lo ha utilizado contra Polonia, y el Parlamento Europeo impulsó su activación contra Hungría.

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¿Qué es el artículo 7? Es un instrumento sancionador que permite dejar sin derecho a voto en el Consejo a un Estado miembro que viole los principios recogidos en el artículo 2 de los Tratados. La realidad es que no funciona. Desde diciembre de 2017, no se han logrado progresos con Polonia, sino que la situación ha empeorado, exactamente igual que en Hungría, y la necesidad de la unanimidad final para aprobar las sanciones recogidas bajo el artículo 7 hace que, en realidad, sea muy complicado que acabe teniendo efecto.

Por lo tanto, los 140.000 millones del fondo de recuperación no van a dejar de llegar a España por la reforma del CGPJ, salvo que el Parlamento Europeo, Finlandia y Países Bajos logren una inesperada victoria en el pulso por el mecanismo de Estado de derecho. Incluso si finalmente saliera adelante la reforma, y la Comisión Europea llegara a considerar que hay un ataque al artículo 2 de los Tratados, los mecanismos sancionadores (que no afectan a los fondos europeos sino al derecho a voto en el Consejo) son muy poco efectivos.