El Gobierno se abre a buscar alternativas para renovar el CGPJ sin el PP

La Moncloa ha elevado la presión sobre el PP para que deje de "bloquear e incumplir la Constitución", tras romperse las negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, no ha querido descartar públicamente ninguna opción, preguntada en repetidas ocasiones sobre la reforma de la ley para rebajar las mayorías necesarias. Rodríguez se ha limitado a trasladar el mensaje de que, con o sin el PP, el Ejecutivo "va a cumplir la Constitución", sin especificar el cómo. "Este Gobierno va a trabajar para cumplir la Constitución y garantizar que los órganos funcionen a pesar del PP", reiteró en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Misma respuesta al ser preguntada si el Gobierno valoraba nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. Fuentes de la Moncloa señalan que los vocales del CGPJ "son conscientes de la situación" y confían en que "se tiene que aplicar la ley", en relación con los nombramientos para el TC. "Tienen un mandato legislativo", añaden.

El Ejecutivo está poniendo el foco en los populares y, concretamente, en su líder Alberto Núñez Feijóo, para denunciar su "rebeldía constitucional" y falta de liderazgo. Frente a lo que critican como una "anomalía" y una situación "antidemocrática", por mantener el bloqueo en la renovación del órgano de poder de los jueces que acumula cuatro años con el mandato caducado, desde el Gobierno avanzan que buscarán las vías para cumplir el mandato de la Constitución y renovar el CGPJ. Al mismo tiempo que se presiona a los populares de buscar vías alternativas sin requerir su concurso, se allana la posibilidad de retomar la reforma dura del sistema de elección del CGPJ. Fuentes de la Moncloa inciden en que no se puede "normalizar" el "incumplimiento de la Constitución" por parte de los populares. "Es inaudito", claman estas mismas fuentes.

El actual sistema de elección requiere el voto de 3/5 del Congreso. Una mayoría reforzada de 210 diputados. La iniciativa que registraron en octubre de 2020 los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, y que ahora vuelve a valorarse, proponía que se pudiesen elegir los vocales por mayoría absoluta de 176 diputados en segunda instancia. La reforma fue una herramienta de presión a los populares y se congeló a los pocos días de presentarse, para facilitar la negociación con el principal partido de la oposición. Finalmente, se retiró seis meses después tras acumularse las advertencias de Bruselas, con reproches a la falta de consenso y los efectos negativos sobre la independencia judicial.

El socio minoritario del Gobierno también ha redoblado su presión durante las últimas horas para que se realice esta reforma. De hecho, nunca han dejado de hacerlo. Con todo, fuentes de la dirección del grupo parlamentario aluden a las reticencias mostradas por Bruselas y desconfían de que se trate más bien de una amenaza al PP.

Para reforzar la legitimidad de la polémica reforma, los morados cuentan con un borrador que combina tanto la mayoría absoluta de 176 apoyos, en segunda votación, como la mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso. Este sistema de mayoría de votos, complementado con el respaldo de al menos la mitad de estos, sería similar al que ya existe para la renovación del consejo de administración de RTVE. El número de grupos en la Cámara Baja durante esta legislatura es de 10, por lo que al menos sería preciso el acuerdo entre un mínimo de seis. De esa decena, dos están formados por distintos partidos políticos: el Grupo Mixto y el Grupo Plural.

La nueva realidad multipartidista del Congreso chocaría, según justifican los morados, con un sistema de elección que se habría concebido para una situación de bipartidismo. Como contrafuerte para que no hubiese renovaciones unilaterales. De ahí que legitimen su actualización para ajustarse mejor a la representatividad de las urnas.

La otra principal amenaza del Ejecutivo para intentar que los populares se avengan a regresar a la mesa de negociación, de la que se levantaron por las intenciones del Gobierno de reformar el delito de sedición, pasa por forzar el recambio en el Tribunal Constitucional para contar con una mayoría progresista. La fórmula que le permitiría al Gobierno cerrar esta otra renovación sin contar con el PP sería devolver de forma parcial al Consejo en funciones la posibilidad de realizar nombramientos, para permitir que los haga solo en lo que afecta al TC. Los vocales siguen teniendo vetado el nombramiento de cargos para otros tribunales como el Supremo o los Superiores de Justicia. Sin embargo, los vocales conservadores siguen siendo reticentes.

Desde el Gobierno admiten que se están estudiando las opciones a su alcance para devolver a las instituciones judiciales a su "funcionamiento normal". El encargado de comandar las fallidas negociaciones con el PP y ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explicaba, tras la ruptura de las conversaciones respecto a los nombramientos que le corresponden al Gobierno para el TC, que "el Ejecutivo ahora tiene que ver las opciones". Se entiende que "no hay alternativa al no acuerdo" y se tilda de "muy grave" la situación en la que ahora queda el CGPJ.