La Fiscalía General ordena rechazar algunas rebajas a violadores de la ley Montero

La Fiscalía General del Estado ha dictado una orden que sirve como parche parcial a las rebajas de penas tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Como ha adelantado El Confidencial, acota los efectos retrospectivos de la ley ordenando a los fiscales que informen a favor de mantener aquellas condenas que sigan siendo imponibles en aplicación de la nueva norma. El decreto, de obligado cumplimiento para los miembros del Ministerio Fiscal, se ha dictado para "no demorar las pautas concretas para la revisión de sentencias hasta la publicación de una Circular del Fiscal General del Estado, que se emitirá próximamente", ha precisado el departamento.

La tesis de la jefatura del Ministerio Público consiste en estimar que, si la pena impuesta conforme a la ley derogada puede también imponerse con arreglo a la nueva regulación, no debe revisarse. Pese a lo que pueda parecer en una primera lectura, este principio no desactiva todas las rebajas: los fiscales continuarán informando a favor de las disminuciones cuando la pena efectivamente impuesta exceda "en abstracto" de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la nueva legislación penal.

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De esta manera, el decreto establece que "se evitará la adaptación automática de las penas anteriormente impuestas en proporción aritmética al nuevo marco punitivo", pero al mismo tiempo señala que "cada procedimiento deberá ser analizado individualmente, huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso". El informe del fiscal no es vinculante para el juez que debe oírle y muchas de las decisiones de los últimos días son contrarias a esta tesis.

El criterio que notifica ahora la Fiscalía General supone por tanto soslayar la falta de una disposición transitoria específica de ley del sí es sí mediante la aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal, que no está derogada y continúa, por tanto, en vigor. En ella se establece que, "en las penas privativas de libertad, no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código".

Las fuentes consultadas precisan que esta forma de interpretación salvaría gran parte de las rebajas de penas que se encuentren dentro de la horquilla de penas contempladas por la ley. Sin embargo la revisión sigue siendo obligada en aplicación del principio general del derecho que viene recogido en el artículo 2.2 del Código Penal, que ordena que al reo se le aplique la legislación más beneficiosa.

Las horquillas de penas se han reducido, sobre todo en su parte mínima, en muchos de los delitos tipificados por la ley de libertad sexual. Por ejemplo, antes de la reforma, la agresión sexual con acceso carnal se castigaba con penas de entre seis y 12 años, y ahora va de los cuatro a los 12. Pasa algo similar con los tipos agravados de este delito: con la anterior legislación, hechos como la agresión sin penetración llevada a cabo por dos o más personas o aquellas contra parejas y exparejas, o con violencia o intimidación, se penaban con entre cinco y 10 años. Ahora, la rebaja en este tipo delictivo es una de las más pronunciadas, pasando a castigarse con entre dos y ocho años. Cuando hay acceso carnal, se ha pasado también de penas de 12 a 15 años a otras de siete a 15 años de cárcel.

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En caso de agresiones a menores, la comparación de ambos códigos penales también arroja diferencias a la baja en la nueva regulación. Los actos de carácter sexual con niños se castigan con las mismas penas, de dos a seis años. Pero, si hay "acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías", pasa de los ocho a 12 anteriores a un mínimo de seis.

El fiscal general del Estado aseguró hace unos días en un acto en el Senado que la modificación de tipos penales conlleva "la revisión de algunas condenas existentes". Este proceso, según ha asegurado, se llevará a cabo "huyendo de automatismos", pues los fiscales harán su trabajo de revisión en cada caso que se les presente, y siempre "con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y respeto a los principios constitucionales".

Mientras tanto, la Audiencia de Cantabria ha notificado este mismo lunes una nueva rebaja de pena a un condenado por agresión sexual al que se declaró culpable del ya comentado delito de agresión sin penetración llevada a cabo por dos o más personas: en mayo 2018, se le impuso "la pena mínima legalmente posible" de cinco años de cárcel y, tras el cambio legislativo, se le reduce hasta los dos, lo que implica la “inmediata excarcelación del penado”.