El presidente del CGPJ defiende ante Irene Montero la formación de los jueces: "Es excelente"

Irene Montero reclama una mayor formación para jueces, fiscales y otros operadores judiciales a los que culpa del goteo de reducciones de penas en aplicación de la ley del solo sí es sí, y hoy los máximos exponentes de ambas carreras han reivindicado, ante su presencia, la formación específica que ya atesoran jueces y fiscales. El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha defendido el "excelente plan de formación" de los jueces y magistrados en esta materia, en plena ofensiva de la ministra de Igualdad contra los operadores judiciales y, en especial, contra los jueces. "No están cumpliendo la ley", aseguró este miércoles.

Un día después del comunicado del CGPJ contra las críticas de Montero, y cuando casi todas las asociaciones judiciales reclaman la dimisión de la ministra, Montero ha coincidido en el Senado con Mozo, pero también con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto institucional, el VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que precisamente organiza el CGPJ. Las formas eran exquisitas, y las respuestas a Montero eran implícitas, pero claras.

Como ellos, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha reivindicado que las "mujeres pueden estar seguras" de que jueces y juezas "tienen una sólida formación" y afrontan cada caso "con enorme profesionalidad", "sensibilidad y comprensión". "Apoyo a los jueces y juezas por su entrega, esfuerzo y profesionalidad en la resolución de los asuntos", apostilló. Apenas a un par de metros de distancia, la ministra de Igualdad escuchaba en silencio estas palabras.

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Las acusaciones de Montero han generado un profundo malestar que ha llevado a varias asociaciones de jueces a exigir su dimisión. Este jueves, la ministra de Igualdad suavizaba el tono adaptándolo al foro, evitando volver a tildar de "machistas" a los jueces. Sí incidió en las "feroces resistencias" al "imparable cambio" en lo que toca a la pelea por los derechos de las mujeres, o en la necesidad de incentivar la formación de todos los trabajadores de la Justicia.

También presumió de que las normas que están impulsando "conforman un edificio jurídico cada vez más sólido para la protección de las mujeres", en un momento en el que entre sus socios de Gobierno ya hay quienes dejan la puerta abierta a modificar esta controvertida norma, vistas las reducciones de penas que está permitiendo. En mitad de esta polémica, Montero ha extendido la responsabilidad de no haber incluido una disposición transitoria que impidiera las rebajas de condenas al resto del Ejecutivo.

Y, en esta ocasión, las tensiones más importantes no se dan en la relación entre ambos socios de la coalición, sino entre Podemos y el resto de fuerzas que comparten espacio político, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, evitando respaldar a Montero. El aislamiento de la ministra de Igualdad es cada vez más evidente.

Montero pide un salvavidas

Montero ha hecho suya la línea discursiva de Pedro Sánchez, que pasa por dar tiempo a los tribunales y a la Fiscalía para que unifiquen un criterio de interpretación de esta norma. Hoy ha sido más explícita al reclamar a García Nieto que le brinde un salvavidas, destacando el "importante rol de la Fiscalía" para lograr la "aplicación efectiva" del solo sí es sí y otras normas. La ministra rehúye de la autocrítica y sostiene que el error está en la aplicación de esta norma, no en su redacción.

El jefe del Ministerio Público, que intervino antes que Montero, no hizo ninguna referencia específica a una posible circular de la Fiscalía para unificar criterios, que es lo que Podemos requiere. García Nieto sí sostuvo que la Fiscalía huirá de "automatismos" en las revisiones de penas que ya tiene sobre la mesa, y apuntó que siempre trabajan con "vocación de amparo a las víctimas".

Deslizaba, además, que realizan este trabajo con "pleno respeto a los principios constitucionales", en lo que puede leerse como una respuesta más o menos velada a Montero: son el Ejecutivo y el Legislativo quienes han delimitado el campo de juego con esta norma, y desde la Justicia insisten en que ellos solo pueden trabajar con el material que los otros poderes les proporcionen.