Montero pide "formar" mejor a los jueces y los culpa del agujero del sí es sí: "No están cumpliendo con la ley"

La crisis generada por la revisión a la baja de condenas solo unas semanas después de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí sacude al Gobierno, que sigue lanzando mensajes contradictorios sobre esta insólita situación. La ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha querido contemplar este miércoles una posible revisión de la que ha sido una de las normas estrella de su ministerio, que sí han asumido otras voces de la coalición —"Se va a cumplir con lo que han querido el Ejecutivo y el Legislativo"—, y en su lugar ha descargado sobre los jueces toda la responsabilidad por estas reducciones de penas.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, sí ha respaldado públicamente a Montero, al afirmar que seguirán "defendiendo juntas" esta ley, como "merecen las mujeres y el movimiento feminista". Sin embargo, la vicepresidenta segunda y líder de su espacio, Yolanda Díaz, no ha cerrado filas públicamente con la titular de Igualdad, contribuyendo a esta imagen de aislamiento.

En declaraciones a los medios de comunicación, Montero ha abogado por esperar a que los tribunales "unifiquen" los criterios de aplicación de la norma, como señalaba Pedro Sánchez horas antes, pero también ha reclamado "formar" mejor a los jueces, magistrados y resto de operadores de la Justicia, como contempla la propia ley. Así, la titular de Igualdad no asume, como hiciera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (del PSOE), que la ley debe ser revisada para estudiar sus fallas.

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"Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley", esgrimía en reiteradas ocasiones ante las preguntas de la prensa. Incluso, cuestionada por sus propias palabras de hace apenas dos semanas, cuando rechazó que pudieran darse estas rebajas de condenas con la norma, Montero insistía en que está sucediendo "porque los jueces no está aplicando la ley". "Nos preocupa que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas, puede dejar en la impunidad a los agresores y puede desproteger a las mujeres". "Si se cumple [la ley], todas las mujeres van a estar protegidas", insistía.

Además, Montero comparaba ese incumplimiento que achaca a los jueces con el que asegura que se dio con los regímenes de visitas para padres maltratadores con base en la ley de infancia. Sobre la formación, la ministra incidía en que Naciones Unidas y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) afirman que "los estereotipos y el machismo pueden comprometer la imparcialidad e integridad de los sistemas de Justicia". Esos "estereotipos", decía, "pueden hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley, o que la apliquen de forma defectuosa".

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Y, como la ministra, todas las cabezas visibles de Igualdad descartan hoy cualquier responsabilidad en esta situación, para señalar a los jueces. Esta situación ha monopolizado la mayoría de intervenciones en la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el Congreso de los Diputados. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la violencia machista, Victoria Rosell, han comparecido en una tensa sesión en la que han defendido los mismos argumentos que Montero.

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Un par de horas antes de comparecer, en los pasillos del Congreso de los Diputados, la delegada del Gobierno contra la violencia machista rechazó modificar esta. "Sería jurídicamente una barbaridad", afirmaba, porque no serviría para frenar la rebaja de condenas: "Agravar ahora las penas respecto a las sentencias anteriores no tiene ninguna virtualidad", incidía. "Jurídicamente", apostillaba, una modificación de la norma "no es una solución", porque "el problema no existe".

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo, apuntaba, "han hecho los deberes" y, como Montero, señalaba que son los jueces quienes "no están cumpliendo la ley". De hecho, ha tildado de "bastante grave" que, en el caso concreto de la rebaja de la condena de un padrastro condenado por violar a su hijastra menor, el juez no apreciase "que hay superioridad o vulnerabilidad de la víctima o abuso de esa situación de superioridad por parte de un padre que intenta violar a su hija". De haber apreciado esa superioridad del condenado, o la vulnerabilidad de la víctima, venía a decir, las penas no se habrían reducido.

También ha afirmado que este escenario "es inédito en la historia penal" del país. Se refería a que "se estén revisando condenas cuando se ha rebajado el límite mínimo y mantenido el máximo" que, insistía, era de lo que advertía el CGPJ con sus llamamientos sobre los riesgos de esta norma. "Nadie pudo prever que se revisaran las leyes sin rebajar los máximos", ha insistido. En la misma línea, la delegada del Gobierno contra la violencia machista ha reclamado que se "deje de mirar al Gobierno" y se "mire a los tribunales". Y que se "piense en las víctimas". Mientras tanto, distintas voces del Ejecutivo seguían pronunciándose, cada una con sus argumentos.