Montero evita la autocrítica y reparte el fiasco del 'sí es sí' con "todos los actores" que revisaron la ley

Irene Montero no quiere contemplar cambios en la ley del 'sólo sí es sí' a pesar del goteo de rebajas de penas tras su entrada en vigor, hace sólo un mes. Tampoco contempla hacer autocrítica: "Si yo creyese que hay un error, sería la primera en reconocerlo", aseguraba, insistiendo en que, hasta la fecha, todas las reducciones de condenas que han analizado en su equipo corresponden a "un problema de aplicación" o "interpretación" de la ley, no a un fallo en su diseño.

La ministra de Igualdad se ha mantenido en las tesis defendidas durante las últimas 24 horas, pero en la noche del miércoles, en una entrevista en la Cadena Ser, también ha aprovechado para repartir la responsabilidad de este fiasco entre el conjunto de los Ministerios del Gobierno. En particular la ha descargado sobre el de Justicia, pero también lo ha hecho entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado.

Son algunos de los organismos que revisaron esta norma y emitieron los preceptivos informes no vinculantes sobre la misma, y hoy Montero ha incidido en que ellos, "todos los actores" que revisaron la ley, tampoco apreciaron riesgos en la redacción de este texto. Así, la ministra de Igualdad ha insistido en que no se contempló incluir en la norma una disposición adicional que vetase la opción de rebajar las penas -"Nadie lo propuso", "todo el mundo consideró que no era necesario"-, tras estudiar en detalle la jurisprudencia. Sin embargo, tampoco ha citado un solo ejemplo de la jurisprudencia a la que se refería.

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Durante la mañana, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, se refería a la norma como "ley Montero", y en la noche la ministra la atribuía a todo el Ejecutivo, que aprueba impulsar todas las normas de forma colegiada, en el Consejo de Ministros."Si la ley tuviese dificultades en la redacción", incidía, alguno de los organismos que durante "dos años" de tramitación la han revisado, "se habría dado cuenta". Además, Montero ha asegurado que, como con cualquier modificación legal de calado, "hay un tiempo de transición" en el que "puede haber desajuste". Por eso ha señalado que el Ejecutivo debe seguir analizando estas sentencias, además de incentivar la formación de jueces y resto de operadores jurídicos.

De hecho, se escudaba también en que, según sus datos, la mayoría de revisiones de condena al albur de esta ley no acaban en reducción de penas -puso como ejemplo 54 casos de la Audiencia Provincial de La Rioja-, y abogaba por la "urgencia" de unificar los criterios por parte de los jueces.

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Sobre las críticas que le han dirigido el CPGJ o asociaciones de jueces -también la progresista Jueces para la Democracia, la ministra ha señalado que el objetivo de sus palabras sería "atacar al Ministerio de Igualdad", y ha incidido en que lo que realmente le preocupa es evitar la "revictimización de las víctimas", o que las mujeres rechacen denunciar, al percibir que los agresores se mantienen impunes.

Consciente del escándalo generado por estos casos, Montero se ha escudado en la posición de Pedro Sánchez, pero también ha reconocido que no ha hablado con él de este tema. Sin embargo, el silencio más llamativo es el de Yolanda Díaz vicepresidenta segunda del Gobierno. Cuestionada por la ausencia de un gesto de apoyo público por su parte, Montero ha dejado ver su malestar, sin palabras: "No voy a hacer comentarios". Más allá de su gravedad en lo que toca a las penas, esta crisis está visibilizando las diferencias cada vez más evidentes entre los morados y Díaz.