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La batalla en el Gobierno por la ley del solo sí es sí aísla a Montero, sin la protección de Díaz
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Reducción de penas a condenados

La batalla en el Gobierno por la ley del solo sí es sí aísla a Montero, sin la protección de Díaz

Igualdad se opone a la modificación de su norma estrella tras la revisión de sentencias por delitos sexuales, como pretende la parte socialista. La vicepresidenta segunda no ha cerrado filas, a la espera de estudiar las resoluciones

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Fernando Villar)
La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Fernando Villar)
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El PSOE apuesta por rectificar la Ley de Libertad Sexual, conocida como de solo sí es sí, tras conocerse las primeras revisiones de penas a la baja a condenados por delitos sexuales. Desde Igualdad, en cambio, niegan cualquier tipo de error y ponen en cuestión los autos dictados, cuyo goteo sigue incrementándose apenas dos meses después de la publicación en el BOE de la nueva norma. En el departamento que dirige Irene Montero han tratado de vincular estas sentencias con los riesgos de una "Justicia machista" para defender que el problema no es el texto. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, incluso ha puesto en cuestión la falta de formación entre la judicatura en perspectiva de género.

En la Moncloa, han querido esperar a revisar las sentencias, que ya rondan la veintena, para tomar una posición favorable a modificar la norma, como ha dado cuenta la titular de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Se asume la rebaja de las penas, admitiendo que este "no era el objetivo de la ley". De ahí que se haya pasado de evitar un nuevo pulso con sus socios, con el trasfondo de la bandera del feminismo, a cuestionar el enroque de la ministra morada.

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Al margen del argumentario de Podemos, el hecho es que el texto legal recoge penas más leves para buena parte de los delitos sexuales tipificados, desde la agresión sexual a la violación. Esas disminuciones resultan más favorables para los condenados y el Código Penal obliga a aplicarlas en beneficio del reo. Los juzgados se están limitando a cumplir la ley y lo están haciendo con el respaldo de la Fiscalía. A lo largo de más de dos años, el Ministerio de Igualdad ha recibido continuos avisos sobre ese problema desde distintas instituciones y todos han sido desoídos sistemáticamente con el argumento de que eran reaccionarios o patriarcales. Hasta hace pocos días, la propia Montero negaba que fuera posible que algo así llegara a suceder.

Fuentes jurídicas consultadas insisten en advertir de que las resoluciones que han comenzado a conocerse solo son las primeras y que la rebaja será generalizada e imparable. Ni siquiera un cambio legal ahora puede detenerla. "El daño ya está hecho", indican.

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

Los choques respecto a la norma del solo sí es sí inauguraron las tensiones dentro de la coalición y ahora vuelven a surgir con fuerza con los mismos argumentos. Si la parte morada del Ejecutivo se defiende enmarcando que el problema no tiene que ver con el texto legal, sino con "la interpretación voluntarista judicial de la ley y en contra del feminismo", desde la parte socialista reconocen que el objetivo del texto ha quedado en cuestión por falta de seguridad jurídica.

Cuando estalló este mismo conflicto al inicio de la legislatura, tuvo que acabar interviniendo Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno apostó por forzar el desbloqueo de la norma por parte de los departamentos de Justicia y la vicepresidencia primera para su aprobación en primera vuelta en el Consejo de Ministros antes del 8-M, como buscaba Igualdad.

Foto: Irene Montero, Ione Belarra y Pedro Sánchez. (EFE/ Emilio Naranjo)

Era marzo de 2020 y aquella batalla ganada por Montero desbrozó el camino para que Igualdad llevase la batuta en todo el proceso hasta su tramitación parlamentaria. La diferencia a estas alturas de la legislatura es que Unidas Podemos ya no es un bloque homogéneo, con las ministras de Podemos y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cada vez más alejadas. Díaz no ha cerrado filas inmediatamente con Igualdad tras la desautorización por parte de los socialistas. Fuentes de su entorno explicaban anoche que estaba a la espera de estudiar las sentencias que rebajan las penas para tomar partido sobre la necesidad o no de corregir la norma.

Ahora, desde Igualdad destacan, a modo de advertencia respecto a las revisiones de penas, que ni el Departamento de Justicia ni el CGPJ o el Consejo de Estado en sus respectivos informes se refirieron a este punto. No es cierto. Como ejemplo, basta con consultar el informe que en su día elaboró el órgano de gobierno de los jueces, en el que se destacaba expresamente que la redacción provocaría revisiones a la baja de condenas ya impuestas. Asociaciones feministas también lanzaron avisos. No se atendió ninguna de las alertas.

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero, acompañada por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. (EFE/Mariscal)

Los socialistas tratan ahora de desligarse de la responsabilidad compartida, pese a que no plantearon ninguna enmienda para corregir estas dudas legales que ahora comienzan a traducirse en rebajas de penas. El grupo parlamentario socialista se limitó a introducir una enmienda para avanzar en la abolición de la prostitución, que luego retiró, pero no entró a plantear cambios para sortear hipotéticas revisiones de condenas. La oposición, además, no se ha quedado de brazos cruzados. En el PP estudian una fórmula parlamentaria para forzar al Gobierno a modificar el articulado, aunque apuntan que la "revisión" de la norma no es suficiente. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, sugirió este martes la necesidad de "dirimir responsabilidades". De nuevo, Ayuso elevó el tono respecto a Génova y exigió directamente la dimisión de Irene Montero. "¿Rebajan las penas a violadores por la ley del solo sí es sí, y no dimiten la ministra y todo su equipo?", cuestionaban en Sol.

Igualdad se opone a asumir cualquier cambio en el proyecto después de que fuese ratificado tanto por el Consejo de Ministros como por el Congreso. "El legislador ha hecho su trabajo aprobando esta ley y el poder judicial tiene que hacer su trabajo también formándose y aplicando la norma de forma completa tal como es, no de una manera tan reaccionaria y sorprendente", arremetía Rosell este martes. La casi totalidad de las resoluciones que han trascendido de momento contaban, sin embargo, con el apoyo de la Fiscalía al criterio de los juzgados.

Foto: El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz. (EFE)

La posición del PSOE supone asumir errores. Y es que cuando el texto llegó en segunda vuelta al Consejo de Ministros se realizaron cambios en la definición de consentimiento, en la proporcionalidad y agravantes como los de agresiones grupales —pues la pena para casos como la Manada sería menor al no incluir la jurisprudencia del Supremo—, pero no en la rebaja de penas que ahora están provocando la revisión de sentencias, como tampoco se hizo durante la tramitación parlamentaria. Los cambios que se introduzcan ahora, sin embargo, no impedirán que los condenados se sigan beneficiando de la reducción por esta norma más beneficiosa. Eso sí, evitarían condenas futuras a la baja. La judicatura recuerda que lleva avisando del problema más de dos años y clama por una derogación.

La polémica al inicio de la legislatura se centró en una cuestión de plazos y falta de rigor técnico, con Igualdad presionando para acelerar la aprobación de la ley y Justicia reclamando tiempo para introducir cambios y pulir lagunas legales. En la parte socialista se reconocieron "deficiencias" técnicas y "errores" en el borrador de Igualdad. Se llegó a hablar de "chapuza", aunque se dieron por subsanadas las fallas técnicas antes de llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros en primera vuelta, tras obtener el visto bueno en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que entonces presidía Carmen Calvo. Precisamente, se alegó que era necesario blindarla para evitar que fuese cuestionada por los jueces.

La bandera del feminismo

El por entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, calificó de "excusas técnicas" las objeciones de los socialistas al borrador de Igualdad, llegando a asegurar que había "mucho machista frustrado", sin citar directamente al exministro de Justicia Juan Carlos Campo. En esta misma línea, equiparaba estas "excusas" de sus socios con las que tradicionalmente se habrían puesto para "limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista". Pese a "ajustarse" el texto, los informes del CGPJ y del Consejo de Estado siguieron señalando fallas. La respuesta desde Igualdad fue quitar importancia a estas recomendaciones y defender su consenso dentro del Gobierno.

Foto: La ministra de Igualdad, Irene Montero. (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

El choque por la ley del solo sí es sí, que viene arrastrándose desde el inicio de la legislatura, ha sido también un choque por el voto feminista. Para Unidas Podemos, se trata de una de sus principales banderas, especialmente para Irene Montero, que forzó los plazos para llegar al 8-M con la promesa cumplida del solo sí es sí para brindársela al movimiento feminista. De hecho, fue la sensación de que la vicepresidenta Carmen Calvo estuviese intentando apropiársela lo que hizo estallar las tensiones internas en forma de acusaciones cruzadas, de las que todavía se siguen produciendo réplicas.

La agenda feminista ha sido un foco de fricciones constantes dentro del Gobierno, reproduciendo también las que existen dentro del propio movimiento, como en el caso de la ley trans. No solo por diferencias políticas entre PSOE y Unidas Podemos, sino principalmente para proyectar hacia los potenciales votantes cuál de los dos socios de la coalición defiende mejor sus intereses.

El PSOE apuesta por rectificar la Ley de Libertad Sexual, conocida como de solo sí es sí, tras conocerse las primeras revisiones de penas a la baja a condenados por delitos sexuales. Desde Igualdad, en cambio, niegan cualquier tipo de error y ponen en cuestión los autos dictados, cuyo goteo sigue incrementándose apenas dos meses después de la publicación en el BOE de la nueva norma. En el departamento que dirige Irene Montero han tratado de vincular estas sentencias con los riesgos de una "Justicia machista" para defender que el problema no es el texto. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, incluso ha puesto en cuestión la falta de formación entre la judicatura en perspectiva de género.

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