El Gobierno corrige a Igualdad, asume el agujero en las penas y revisará la ley del 'sí es sí'

Giro de timón. El Gobierno se abre ahora a "estudiar" la ley del sólo sí es sí, tras las primeras revisiones de penas a la baja para condenados por delitos sexuales, en aplicación de esta norma. La ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha enmendado este martes al Ministerio de Igualdad, gestionado por Unidas Podemos, reconociendo esta rebaja de las penas, y admitiendo que éste "no era el objetivo de la ley".

Sin embargo, aun si modifican mañana mismo esta norma, no podrían evitar que los condenados cuyas penas ya hayan sido revisadas se beneficien de estos cambios, ya que el derecho penal, por norma, es favorable al reo. Hace sólo dos semanas, la ministra de Igualdad, Irene Montero, descartaba rotundamente este escenario: "Todavía no se conoce una sola reducción de penas, y no se va a conocer, es propaganda machista", afirmó.

En los pasillos del Senado, tras asistir a la sesión de control al Ejecutivo, la ministra de Hacienda ha reconocido que deben "estudiar" esta materia, después de distintos pronunciamientos judiciales, que llegan poco más de un mes después de la entrada en vigor de la norma. "No era el objetivo de la ley que se pudieran rebajar las penas con motivo de abuso a menores". "Todo lo contrario", apostillaba.

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Así, Montero ha abogado por estudiar estos fallos judiciales, además "del propio texto legal". Durante la mañana, el Ministerio de Igualdad rechazó que esta reducción de penas obedeciera a un problema de la que es una de sus normas estrella. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió en su día de que esta norma abriría la puerta a la revisión de condenas a la baja.

Sin embargo, hasta ahora el Ministerio liderado por Irene Montero ha rechazado que estas rebajas sean achacables a la ley: "El problema no es la norma", afirmó este martes la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell. Según Rosell, la problemática estaría, en realidad, en la interpretación "voluntarista judicial contra el avance del feminismo". Desde Igualdad, a su vez, argumentaron que, en uno de estos casos, el juez "no ha considerado que la Ley de Libertad Sexual en su artículo 181.2 establece las mismas penas que la ley anterior: de 5 a 10 años".

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Este movimiento por parte de Montero llega, a su vez, después de que el Ejecutivo evitase posicionarse sobre esta materia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, rechazaba valorar esta reducción de condenas, aduciendo que no había podido estudiar los pronunciamientos judiciales.

La onda expansiva de esta desautorización en la relación entre socios aún está por impactar. Las tensiones entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de las leyes de Igualdad han sido muy importantes, especialmente en lo que toca a la ley trans, aún en tramitación en el Congreso, pero no se han circunscrito únicamente a esta norma. PSOE y UP siempre han competido por liderar la lucha por la Igualdad, con Montero esforzándose por proteger su terreno. Hoy la parte socialista del Ejecutivo lo ha invadido para enmendar una de las joyas de la corona de UP.