El CGPJ ya advirtió a Montero de que su ley reduciría las penas de los agresores sexuales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ministerio de Igualdad de que la ley bautizada como del 'solo sí es sí' recogía penas menores a las de la anterior regulación y provocaría, por tanto, revisiones a la baja de condenas ya impuestas. Un mes después de la entrada en vigor de la norma han comenzado a dictarse las primeras resoluciones en las que se conceden rebajas a condenados por delitos sexuales. Fuentes jurídicas consultadas avanzan que el goteo será imparable y habrá muchas más.

El riesgo de posibles reducciones no era una novedad para el departamento de Irene Montero. En el informe elaborado sobre la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que aprobaron por unanimidad todos los vocales, tanto progresistas como conservadores, el Consejo destacaba que el cuadro de penas contemplado "supone una reducción del límite máximo de algunas penas". Destacaba varios ejemplos, como el del tipo básico de violación, en el que la nueva ley prevé una pena de cuatro a 10 años, mientras que antes se castigaba con entre seis y 12 años.

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Iván Gil

Lo mismo sucede, decía ese informe del Consejo que fue emitido el pasado febrero, con los tipos agravados. En el caso de la agresión sexual, la pena es de dos a seis años ahora, mientras que antes era de cinco a 10. "El tipo agravado de violación pasa de 12 a 15 años, equiparable a un homicidio doloso, a una pena de siete a 12", advertía el gobierno de los jueces. Aquel informe, crítico también con otros aspectos de la ley, hablaba de las posibles consecuencias de esa regulación. Especificaba que la reducción de los límites máximos de las penas "comportará la revisión" de aquellas impuestas conforme a la regulación vigente. Esta circunstancia va mucho más allá de casos específicos como el de la Manada y afecta a multitud de condenas impuestas en los últimos años. Juristas consultados señalan que la violación de los Sanfermines no será la única que podría revisarse.

La reacción desde el Ministerio de Igualdad a aquella advertencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consistió en desacreditar el origen. Por ejemplo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tachó de "regresivo" el informe. El departamento anunció que el ministerio seguiría "adelante" con la ley sin cambios, como finalmente sucedió.

Desde entonces, esa ha sido la reacción casi continua ante las informaciones que apuntaban a estas reducciones. Distintos cargos de Igualdad y la propia ministra Irene Montero hablaban de "bulos" o "propaganda machista". Por ejemplo, tras el anuncio del abogado de la Manada —que anticipó que recurriría—, Rosell aseguró que se trataba de un intento de desprestigiar la norma y "asustar a las mujeres".

El departamento de Igualdad se escuda en la tesis de que no es posible revisar una condena cuando sea posible imponer una similar con la nueva regulación. Eso solo sería posible si la norma hubiera introducido una disposición transitoria en la que se hubiera reflejado esa limitación para las penas privativas de libertad ya dictadas. La argumentación que manejan los abogados de los condenados por estos delitos se basa precisamente en que el mínimo legal de muchas de las penas es ahora más bajo que antes en muchos supuestos.