Sánchez esperará a que la Justicia fije doctrina en la ley del solo sí es sí antes de corregirla

El Gobierno seguirá la línea que marquen los tribunales con la revisión de sentencias a condenados de delitos sexuales, con base en la Ley de Libertad Sexual, conocida como solo sí es sí. Así lo ha apuntado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para quien "corresponde a los tribunales y la Fiscalía el unificar esa doctrina para extraer conclusiones". Se trataría de una tarea, la de crear jurisprudencia, que estaría en manos del Tribunal Supremo. A partir de ahí, se verán los pasos a dar, añadía Sánchez en rueda de prensa desde Bali tras la cumbre del G20.

La ministra y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, abría este martes la puerta a corregir la mencionada ley tras conocerse las primeras revisiones de penas a la baja a condenados por delitos sexuales. El presidente, ahora, ha puesto plazos para tomar la decisión, a la espera de que los tribunales marquen doctrina. Las hipotéticas modificaciones, por tanto, no serán inmediatas, sin descartarse que se puedan evitar si el Supremo no determinase una rebaja de penas.

Pese a la cautela de Sánchez, la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, abogaba unas horas después por tomar la iniciativa y "estudiar y valorar desde el punto de vista jurídico posibles modificaciones de la ley". La portavoz de los socialistas insistía en declaraciones ante los medios recogidas por Europa Press antes de participar en un acto en Valencia, que "si hay que hacer algún cambio para evitar que esto se produzca (la revisión de condenas) y conseguir un respaldo más sólido a las víctimas habrá que abordarlos".

Frente a las críticas desde Igualdad a la "justicia machista" para defender que el problema no es la ley, sino "la interpretación voluntarista judicial de la ley y en contra del feminismo", Sánchez ha querido mostrar su total respaldo a las decisiones judiciales. "Estoy convencido de que [los jueces] tienen esa sensibilidad", aseguraba tras ser preguntado por el cuestionamiento que les lanzaba este martes la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Esta última puso en cuestión la falta de formación entre la judicatura en perspectiva de género.

El presidente del Gobierno sí ha defendido la intencionalidad y el objetivo de la norma, que calificó como una "conquista feminista" para convertir en delito todo tipo de agresión sexual. Con base en salvaguardar este propósito, el de "proteger y dar más garantías" a las mujeres, se confía en que el Supremo cree jurisprudencia. Sánchez ha justificado, asimismo, que la voluntad tanto del Gobierno, al aprobar el proyecto, como del poder legislativo, con su tramitación parlamentaria, fue el de "reforzar la seguridad de las mujeres" e identificar cualquier agresión sexual como delito sexual para que haya penas más agravadas. Los tribunales, sin embargo, están haciendo lo contrario, reduciendo las penas a condenados por la brecha abierta en esta nueva ley, con el visto bueno de la Fiscalía.

Igualdad se opone a asumir cualquier cambio en el proyecto después de que fuese ratificado tanto por el Consejo de Ministros como por el Congreso. "El legislador ha hecho su trabajo aprobando esta ley y el poder judicial tiene que hacer su trabajo también formándose y aplicando la norma de forma completa tal como es, no de una manera tan reaccionaria y sorprendente", arremetía Rosell este martes. La casi totalidad de las resoluciones que han trascendido de momento contaban, además, con el apoyo de la Fiscalía al criterio de la revisión de penas a la baja.

Los choques respecto a la norma del solo sí es sí inauguraron las tensiones dentro de la coalición y ahora vuelven a surgir con fuerza con los mismos argumentos. Si la parte morada del Ejecutivo se defiende enmarcando que el problema no tiene que ver con el texto legal, sino con una interpretación de los jueces, que tildan de machista, desde la parte socialista reconocen que el objetivo del texto ha quedado en cuestión por falta de seguridad jurídica.

El texto legal recoge penas más leves para buena parte de los delitos sexuales tipificados desde la agresión sexual a la violación, según se está viendo en la revisión de sentencias, aunque desde Igualdad lo niegan aludiendo que no se están teniendo en cuenta los distintos agravantes fijados en la ley. El caso es que se están aplicando disminuciones que resultan más favorables para los condenados, y el Código Penal obliga a aplicarlas en beneficio del reo. A lo largo de más de dos años, el Ministerio de Igualdad ha recibido continuos avisos sobre ese problema desde distintas instituciones, como el CGPJ, y todos han sido desoídos sistemáticamente con el argumento de que eran reaccionarios o patriarcales. Hasta hace pocos días, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, negaba que fuera posible que algo así llegara a suceder.