Podemos se atrinchera con la ley del solo sí es sí y pone en jaque a Yolanda Díaz

La polémica por la ley del solo sí es sí no amenaza tanto con abrir otra grieta entre los socios de coalición como con hacer estallar la frágil relación entre Podemos y Yolanda Díaz. Desde los ministerios morados —Igualdad y Derechos Sociales— se han plantado ante cualquier pretensión de modificación de la ley estrella del departamento que dirige Irene Montero, como se deslizó desde el PSOE tras el goteo de sentencias con base en la ley, con rebajas de penas a condenados por agresión sexual.

De este atrincheramiento han hecho bandera desde Podemos, buscando además el choque institucional con una judicatura a la que acusan de ser machista. Una línea roja que han evitado secundar otros actores del espacio de Unidas Podemos (Izquierda Unida, PCE y comunes), así como la vicepresidenta segunda, también timonel de UP en el Gobierno. Jaume Asens, líder de los comunes desautorizado un día antes por Podemos a cuenta de la reforma de la sedición, sí mostró su apoyo, y solo Ione Belarra, secretaria general de Podemos y titular de Derechos Sociales, cerró filas con Montero desde un ministerio; hasta Joan Subirats (Universidades) se ha puesto de perfil, pidiendo "prudencia". A este espaldarazo, además, Belarra apenas le ha dedicado unos segundos, en una intervención para la que ha tenido que interrumpir su baja por maternidad.

De hecho, la posición de Igualdad, que no fue consensuada internamente, no ha tenido respaldo ni en las formas ni en el fondo por el resto del espacio, con una incomodidad evidenciada por su silencio. En paralelo, distintos cargos autonómicos, orgánicos y cuadros del partido morado se entregaban a una nueva campaña en redes sociales para arropar a Montero, amplificando aún más esta brecha. Díaz ha dejado pasar dos días sin decir palabra de una crisis que amenaza con seguir desgastando al Ejecutivo. La propia ministra de Igualdad, preguntada por este silencio, a última hora del miércoles, rechazó hacer comentarios.

Este miércoles, fuentes de la Vicepresidencia segunda reclamaron ser "prudentes". "Tenemos que analizar el recorrido judicial para sacar las conclusiones más adecuadas para cumplir con el objetivo [de la ley]: garantizar los derechos y las libertades de todas las mujeres", incidían, defendiendo que ese "espíritu" de la norma "siempre ha estado claro". Del texto legal como tal, o de los posibles escenarios que hoy se abren, no había comentarios.

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El conflicto entre Podemos y Yolanda Díaz, con el telón de fondo del papel de los morados en su futura plataforma, se ha ido traduciendo en el cuestionamiento de los primeros sobre las negociaciones de la vicepresidenta segunda con los socialistas en cuestiones trascendentales como los presupuestos, el envío de armas a Ucrania, la renovación del CGPJ y, en los últimos días, la reforma del delito de sedición. La negoció Asens, bajo la batuta de Díaz, y los morados no tardaron en afearle (y, por extensión, a Díaz) que se les mantuviera a oscuras hasta el último minuto.

Ahora, la posición respecto a la ley del solo sí es sí no parece negociable. Para los morados, no hay posiciones intermedias. O se está con la "ley Montero" hasta las últimas consecuencias, o se está con la Justicia patriarcal. De hecho, otros actores de peso dentro del espacio político reconocen que hay "poco margen" para consensuar una posición común: "Les encanta el victimismo: cohesiona y les permite no tener que reconocer errores". Y, sobre el debate jurídico, hay voces que admiten que la cuestión es sumamente compleja, e incluso hay algunas que secundan que la ley es correcta y señalan a los jueces, pero con distintos argumentos a los empleados por los morados.

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Como con las cuestionadas negociaciones para el CGPJ, desde Podemos se pone el foco en el PSOE tras abrir la puerta a la revisión de la norma, pero el cuestionamiento se extiende indirectamente a Díaz. En las fallidas negociaciones para renovar el órgano de poder de los jueces, se pasó del fuego amigo para acabar señalando directamente a la vicepresidenta segunda por ceder ante el veto a la candidatura de Victoria Rosell. Precisamente, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género trabajó codo con codo con la titular de Igualdad para impulsar la ley del solo sí es sí, y este miércoles arremetió con especial dureza contra los jueces, siguiendo la estela de Montero.

Por el momento, Sánchez ha decidido conceder una tregua a Montero, dar tiempo a que los jueces "unifiquen" criterios de interpretación sobre la norma. Lo primero, afirman en Moncloa, es "analizar" las sentencias, repiten, aunque no cierran la puerta a ningún escenario. Por lo pronto, esgrimen que distintos tribunales, como la Audiencia Provincial de La Rioja, ya han revisado decenas de sentencias (54, en este caso concreto) tras la aprobación de la nueva ley, sin realizar una sola modificación en las penas.

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Sin embargo, en el Ejecutivo siguen con preocupación la escalada de las tensiones dentro de Unidas Podemos. No solo por las consecuencias en la dispersión del voto progresista si Podemos y Díaz no cierran un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones, sino por los efectos que ya estaría teniendo este pulso en el funcionamiento de la coalición. "En los presupuestos, se vio claro. Casi pusieron en cuestión el acuerdo cerrado con Yolanda Díaz", apuntaba uno de los responsables de aquella negociación por parte del PSOE. Más tarde, la ruptura de las negociaciones por parte del PP para renovar el CGPJ evitó una fractura en dos del grupo parlamentario de Unidas Podemos y que, por tanto, una parte de la coalición se opusiera al acuerdo de su propio Gobierno.

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Como con la candidatura de Rosell al CGPJ, mantener intacta la ley del solo sí es sí es una línea roja. Sánchez ha comprado algo de tiempo apostando por esperar a que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia para, a partir de ahí, "ver los pasos a dar". Las presiones internas en el partido para revisar la norma han forzado a dejar entornada esta puerta. La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, fue la primera en alzar la voz, y el miércoles se las arregló para mantener esta presión, sin salirse de los márgenes dibujados por el presidente.

La ministra de Educación y portavoz del partido, Pilar Alegría, marcó una posición más activa, abogando por tomar la iniciativa y "estudiar y valorar desde el punto de vista jurídico posibles modificaciones de la ley". La portavoz de los socialistas contemporizaba así más con la presión interna desde las filas de su partido que con la pasividad mostrada por el jefe del Ejecutivo. Y es que diferentes altos cargos socialistas han coincidido en señalar la urgencia de modificar la ley. Para algunos de ellos, también es insostenible el choque contra la judicatura emprendido desde Igualdad.

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"Lo que nos interesa es proteger a las mujeres y combatir la violencia sexual, y yo lo que les quiero decir a los responsables de la gestión, a los responsables del Gobierno, es que la soberbia, también la soberbia ideológica, la que cava trincheras ideológicas por cualquier tema, no termina siendo la solución", arremetía este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

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Además, a la pretensión de parte del PSOE de estudiar una modificación, y a las dudas en el resto del espacio de Unidas Podemos, se suman varios de los socios parlamentarios, decantándose por realizar cambios. Fuentes parlamentarias de ERC lo justifican para asegurar una correcta interpretación de la ley, recordando que ya intentaron introducir enmiendas para evitar esta situación, mientras que desde Más País y Compromís entienden que no hay otra solución más que modificar la norma, para evitar sentencias con rebajas de penas.

La división entre la cúpula de la formación morada y la vicepresidenta segunda es política y sigue acumulando choques, pero es sobre todo estratégica, por el papel de los morados en la plataforma Sumar. El análisis interno en Podemos pivota mirando tanto a la configuración de la plataforma electoral de la vicepresidenta segunda como a la recta final de la legislatura. Cómo se resuelva lo primero para sus intereses determinará la principal decisión estratégica de la legislatura sobre si forzar o no una ruptura. Lo que ya no dudan voces de peso dentro del espacio de Unidas Podemos es que cualquier asunto es susceptible de ser utilizado por los morados contra la vicepresidenta segunda. El fuego amigo contra Díaz, añaden estas mismas fuentes, se está convirtiendo en "fuego a discreción".