Nuevo frente en el Supremo para el candidato progresista al Constitucional

El secretario general del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis de Benito, ha abierto un nuevo frente a José Manuel Bandrés, el candidato progresista para ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional (TC). En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, De Benito conecta cuatro recientes acontecimientos: la elección del progresista Rafael Mozo como presidente suplente del CGPJ, su recurso contra esta designación al considerarla ilegal, el hecho de que el propio Bandrés integre la sección que debe resolver su recurso y su reciente elección como candidato al TC por parte de los progresistas del CGPJ. O, lo que es lo mismo: De Benito cuestiona la imparcialidad de Bandrés para resolver su recurso contra la elección de Mozo cuando este ha apoyado la candidatura del progresista para el TC.

El origen de este trabalenguas por el que De Benito sugiere que Bandrés debe apartarse de la resolución del recurso se encuentra en lo ocurrido el 13 de octubre, cuando el pleno del CGPJ encumbró al progresista Rafael Mozo como presidente suplente del dimitido Carlos Lesmes. De esta manera, los vocales ignoraban al gabinete técnico y a Lesmes, que defendían que la presidencia del Supremo y del CGPJ debían pasar de forma "automática" al presidente de la Sala Primera del Supremo, Francisco Marín.

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No conformes con la elección de Mozo, el secretario general del CGPJ y el vocal Wenceslao Olea pusieron rumbo al Tribunal Supremo, al que instaron días después a que suspendiera su designación. Según argumentaba De Benito en su recurso, la "ilegalidad" era manifiesta hasta el punto de que el propio "Mozo presidió la reunión y anómalamente votó a favor de su propia designación". Ambos pidieron la suspensión cautelarísima de la elección de Mozo como presidente.

La resolución de este recurso recayó sobre la sección de la Sala Sexta de lo Contencioso-Administrativo, que reúne al presidente de esta Sala, César Tolosa, y a los máximos dirigentes de cada una de sus secciones. Pese a ello, su composición se vio marcada por un problema desde el primer momento, pues tanto Tolosa como otro de sus magistrados, Pablo Lucas Murillo, habían participado en la elaboración del mencionado informe del gabinete técnico del CGPJ en el que se defendía que el sustituto de Lesmes debía ser Marín y no Mozo. Para resolver este escollo, ambos acordaron abstenerse y, en lugar de Tolosa, José Manuel Bandrés pasó a formar parte de la Sala.

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Una vez resuelta la composición de la sala y con Bandrés ya dentro de la misma, el Supremo rechazó atender la medida cautelarísima solicitada por De Benito y mantuvo a Mozo como presidente suplente del CGPJ el 18 de octubre. El secretario general perdía así la primera batalla, pero el alto tribunal aún debe decidir si atiende la suspensión como medida cautelar y, en el caso de que también lo rechace en este segundo nivel, entrará en el fondo en una resolución que puede retrasarse varias semanas.

A la espera de estos dos pasos, llega la polémica que centra el nuevo escrito que De Benito dirige al Supremo al hilo de su recurso: la elección el pasado 3 de noviembre del magistrado José Manuel Bandrés como candidato al Tribunal Constitucional por parte del bloque progresista del CGPJ, que incluye al propio Mozo. La candidatura aún debe votarse en el pleno del CGPJ junto a la del elegido por el bloque conservador, pero, según argumenta ahora el secretario general del CGPJ, el simple hecho de que haya sido propuesto por los progresistas plantea dudas sobre su imparcialidad para resolver el recurso contra la elección de Mozo.

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"La situación es que el CGPJ (una de cuyas decisiones tenemos impugnadas en el presente recurso con petición de medidas cautelares) debe proponer dos nombramientos para el TC según está legalmente establecido, y si bien hasta ahora solo uno de los dos sectores del mismo ha propuesto su candidato para tal tribunal (el otro sector lo decidirá verosímilmente en breve), es lo cierto que ese discutido aval del citado órgano, consideramos —y lo sometemos a su propia reflexión— bien pudiera afectar a su participación como cojuzgador en nuestro recurso y en nuestra solicitud de medidas cautelares, pues se dirigen ambas peticiones precisamente contra lo resuelto por un órgano que ha sido el que le ha designado (una parte del órgano) candidato para el TC, lo cual abona a contemplar su necesaria ajenidad", argumenta De Benito.

A lo largo de las seis páginas que ocupa su escrito, el secretario general del CGPJ ni siquiera menciona a Bandrés ni traslada una petición concreta, sino que se limita a plantear al Supremo que "tenga por hechas las anteriores manifestaciones a los efectos pertinentes". De esta manera, se limita a exponer ciertas dudas sobre la posible falta de imparcialidad del magistrado y apunta para ello a diversa jurisprudencia, pero al mismo tiempo pone negro sobre blanco uno de los principales problemas a los que se enfrenta a día de hoy la cúpula judicial: la dificultad a la hora de resolver cuestiones que afectan de forma directa al TC, el Tribunal Supremo o el propio CGPJ.