El Supremo fallará sobre el heredero de Lesmes a horas del pleno decisivo para el TC

El Tribunal Supremo (TS) se pronunciará sobre las dudas legales en torno a la designación del actual presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, solo unas horas antes de que se celebre el pleno donde el órgano debe decidir la designación de candidatos para el Tribunal Constitucional (TC). Fuentes jurídicas informan a El Confidencial de que la Sección Sexta de la Sala Tercera ya ha fijado fecha para deliberar las cautelares de los recursos contra el nombramiento del heredero de Carlos Lesmes. Será el 23 de noviembre, la víspera de la reunión clave, fijada para el día 24.

La falta de una respuesta del Supremo sobre la cuestión se había esgrimido por algunos vocales como un motivo para no nombrar aún al nuevo presidente. Muchos de los integrantes del CGPJ continúan reticentes a activar la renovación del TC cuando el Gobierno se ha limitado a permitir que realicen esos nombramientos concretos, pero mantiene la reforma legal que les impide hacer otros para el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Justicia.

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El pleno se celebrará después de que el bloque progresista haya designado como su candidato al magistrado del TS José Manuel Bandrés. Los conservadores, por su parte, tienen como favorito al instructor del procés, Pablo Llarena, al que se suman otros cinco magistrados: Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, ahora miembros de la Sala de lo Penal del TS, y César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la de lo Contencioso-Administrativo. No han elegido aún de manera formal a ninguno de ellos.

La polémica sobre la actual presidencia, una más de las que acechan al Consejo en su última etapa, se inició con la oposición de un vocal y del secretario general del Consejo por el modo en que se eligió a Mozo para reemplazar al dimitido Carlos Lesmes. Para complicar aún más la cuestión, el recurrente José Luis de Benito abrió un nuevo frente al candidato progresista para ocupar plaza en el TC, Bandrés, que además de ser el candidato oficial, integra la sección que debe resolver los recursos.

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De Benito cuestionó la imparcialidad de Bandrés para resolver sobre Mozo cuando este, cuestionado, ha apoyado la candidatura del progresista para el TC. Reclamó que Bandrés se apartara de la resolución. Las fuentes consultadas aseguran que ha aceptado hacerlo y su inhibición se verá el mismo día 23 antes de que la Sección se pronuncie sobre las cautelares.

El 13 de octubre, el pleno del CGPJ encumbró al progresista Rafael Mozo como presidente suplente del dimitido Lesmes. De esta manera, los vocales ignoraban al gabinete técnico y a Lesmes, que defendían que la presidencia del Supremo y del CGPJ debían pasar de forma "automática" al presidente de la Sala Primera del Supremo, Francisco Marín.

No conformes con la elección de Mozo, el secretario general del CGPJ y el vocal Wenceslao Olea pusieron rumbo al Tribunal Supremo, al que instaron días después a que suspendiera su designación. Según argumentaba De Benito en su recurso, la "ilegalidad" era manifiesta, hasta el punto de que el propio "Mozo presidió la reunión y anómalamente votó a favor de su propia designación". Ambos pidieron la suspensión cautelarísima de la elección de Rafael Mozo como presidente.

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La resolución de este recurso recayó sobre la sección de la Sala Sexta de lo Contencioso-Administrativo, que reúne al presidente de esta sala, César Tolosa, y a los máximos dirigentes de cada una de sus secciones. Pese a ello, su composición se vio marcada por un problema desde el primer momento, pues tanto Tolosa como otro de sus magistrados, Pablo Lucas Murillo, habían participado en la elaboración del mencionado informe del gabinete técnico del CGPJ en el que se defendía que el sustituto de Lesmes debía ser Marín y no Mozo.

El Supremo se ha pronunciado ya sobre las cautelarísimas. La Sección Sexta rechazó el pasado 18 de octubre la suspensión de urgencia del acuerdo por el que el pleno designó a Mozo. Los dos recurrentes consideran que el acto fue "ilegal" y provoca un daño irreparable a la institución.