Sánchez defiende la idoneidad de Campo para el TC y carga contra el bloqueo en el CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la "idoneidad" de la elección del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como magistrado del Constitucional en la cuota que corresponde al Gobierno. El paso adelante del Ejecutivo, sin esperar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como marca la Constitución para renovar por tercios el órgano de garantías, ha sido justificado por el jefe del Ejecutivo "en virtud al artículo 159.1" de la carta magna. Precisamente, este artículo hace referencia a la renovación por tercios, con dos nombramientos del Gobierno y otros dos del CGPJ de forma simultánea.

Durante la sesión de control al Gobierno, la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, ha puesto en cuestión que el Gobierno se "nombre a sí mismo" para formar parte del TC, en referencia a la elección de un exministro. Un perfil, además, que, según afeó Gamarra, ha participado en la elaboración de normas que han sido recurridas. El jefe del Ejecutivo, por el contrario, ha reprochado al PP su "bloqueo" en la renovación de estos órganos con mandatos caducados, tras las negociaciones fallidas entre ambas formaciones. Una posición que, dijo, coloca al principal partido de la oposición "fuera de la Constitución".

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El PP ha puesto el foco en la colonización de instituciones del Estado por parte del Gobierno al enumerar que Sánchez ya eligió como fiscal general del Estado a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como presidenta del Consejo de Estado a la exministra de Trabajo Magdalena Valerio, como directora del CNI a la exjefa de Gabinete de la ministra de Defensa, Esperanza Casteleiro o como presidente del CIS al dirigente socialista José Félix Tezanos. "Pasará a la historia por ser el presidente del Gobierno que se designó a sí mismo", incidía Gamarra. "No tiene un Gobierno de coalición, tiene una coalición de intereses particulares, cuyo principal beneficiario es usted mismo", insistió.

El Gobierno se ha sacudido de la presión de la oposición, y ya justificó este martes su decisión de activar los nombramientos que le corresponden para el TC como una decisión "obligada". "Estamos en diciembre, han pasado demasiados meses" desde que caducó el mandato el pasado mes de junio, apuntaba el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. El titular de Presidencia asegura "no tener duda" de que la decisión es constitucional. Según su interpretación, la Constitución obliga tanto a renovar por tercios el órgano de garantías como a que el Ejecutivo realice sus nombramientos. Para ello se escudó en una sentencia del TC de noviembre de 2016, que resolvió que, cuando un órgano tenga la obligación de realizar nombramientos, estos no se pueden retrasar. Se refiere a una sentencia en la que se avaló a que el Congreso hiciese los nombramientos que le correspondían para el CGPJ sin que lo hiciese al mismo tiempo el Senado.

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Los elegidos —Campo y Laura Díez, ex alto cargo de la Moncloa— generan dudas jurídicas sobre si tendrían que abstenerse en los recursos de inconstitucionalidad de las leyes del Gobierno o, por lo menos, en las que participaron ostentando sus cargos, como serían la ley de eutanasia o la reforma laboral. Para Bolaños, sin embargo, los nombramientos cumplen con los requisitos legales y técnicos marcados y se trata de perfiles "acreditados". La decisión del nombramiento de Campo incluso se ha calificado como "absolutamente idónea". La misma idoneidad, según remarcó, que la de los dos anteriores magistrados nombrados por el PP a los que ahora se sustituye: Pedro González Trevijano y Antonio Narváez.

Sánchez evita hablar sobre el sí es sí

Más allá de los controvertidos nombramientos del Gobierno para el TC, el PP ha querido centrar sus intervenciones en arrinconar al Ejecutivo por la aplicación de la ley del solo sí es sí, que acumula ya 40 rebajas de condenas a agresores sexuales. El último y polémico caso ha sido el del caso Arandina, en que el Supremo advirtió que se había rebajado un año la condena con motivo de la aplicación de la también denominada ley Montero. "Pasará a la historia por ser el presidente del Gobierno por rebajar penas a agresores sexuales", espetaba Gamarra a Sánchez, al que acusaba de obviar la "alarma social" que está causando la norma. "Ese es su verdadero feminismo", insistía.

Pero el presidente del Gobierno, una vez más, ha obviado la polémica. El Ejecutivo, de hecho, ha tratado de minimizar la polémica en los últimos días, hasta el punto de que la puerta para revisar la norma está cada vez más cerrada. La ministra de Justicia, Pilar Llop, asumió este martes el "reajuste de las condenas" a la luz de la aplicación de la norma del Ministerio de Igualdad. La tormenta interna contra Irene Montero ha amainado en los últimos días, sobre todo desde que Vox profirió en sede parlamentaria un ataque machista contra la ministra.

El PP, sin embargo, cree que es una cuestión que puede hacer realmente daño al Ejecutivo, y no ha cesado su presión por este tema. "¿Va a responder sobre el sí es sí? ¿O se va a esconder como el presidente del Gobierno?", insistía Carlos Rojas, número dos de Gamarra en el Congreso, durante su interpelación a Nadia Calviño. De nuevo, la ministra de Economía guardaba silencio. "No quieren rectificar, no quieren saber del tema. No han querido escuchar, solo ven las ansias de poder. Pero ¿a qué coste?", insistía el diputado popular.