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El Gobierno tapa la rebaja de la malversación con una nueva pena para cargos públicos
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Otra enmienda

El Gobierno tapa la rebaja de la malversación con una nueva pena para cargos públicos

Prevé imponer condenas de hasta tres años de cárcel para aquellos que superen ingresos de 250.000 euros sin justificación

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE/Kiko Huesca)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE/Kiko Huesca)

Festival de modificaciones de calado vía enmiendas en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha anunciado este viernes la introducción en su reforma del Código Penal de una nueva pena lanzada de forma paralela a la reducción de la malversación que contempla por iniciativa de ERC destinada a castigar a los cargos públicos que se enriquezcan de forma ilícita. Se impondrán condenas de hasta tres años de cárcel para aquellos que superen ingresos de 250.000 euros sin justificación. Busca de esta forma "nivelar" el recorte del delito por el que fueron condenados Oriol Junqueras y el resto de políticos del procés.

La enmienda que registrarán hoy mismo los partidos del Gobierno introduce un nuevo artículo en el que se define que todos los que ocupen cargos serán castigados con la citada condena, siempre que obtengan un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados hasta cinco años después de dejar sus cargos. La pena agrega multa e inhabilitación de hasta siete años. Y PSOE y Unidas Podemos han decidido presentarla justo unos minutos después de que ERC hiciera pública su propuesta para modificar la malversación, tras varios días de anuncios a cuentagotas, en pleno viernes tras uno de los puentes más largos del año.

La propuesta de ERC se traduce en un máximo de tres años de prisión —y cuatro de inhabilitación— para aquella autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destine "a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas". Esquerra argumenta que con este redactado "vuelve a la estructura planteada en 1995, donde lo que se considera malversación son las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro, así como el uso temporal del patrimonio público para fines particulares".

Foto: El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/José Manuel Pedrosa)

Según el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, las enmiendas que presenta el Gobierno buscan "desbloquear la renovación de los órganos judiciales" y "luchar contra la corrupción". "Por eso introducimos por primera vez el delito de enriquecimiento ilícito", presumió en rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados. López, escudándose en que es ERC quien propone reformar el delito de malversación, insistía en poner el foco sobre el nuevo tipo, defendiendo que ningún cargo público que se beneficie "de un enriquecimiento injustificable" se salvará de exponerse a este nuevo tipo penal.

De hecho, fuentes socialistas llegan a afirmar en privado que en ningún momento han negociado con ERC, hasta el punto de no saber qué proponen los republicanos. "Primero vamos a conocer lo que nos han dado", esgrimían. Ni siquiera fuera de cámara el PSOE reconoce lo evidente: que la reforma de mayor calado es la que afecta a la malversación, y que afectará a los condenados del procés. Insisten incluso en que "no es lo mismo" el caso de la alcaldesa de Marbella y el del procés, porque no es lo mismo enriquecerse personalmente con la malversación que no obtener lucro. El propio presidente del grupo Unidas Podemos, Jaume Asens, reconocía que el PSOE ha negociado con ERC estos días, y que su grupo ha tenido conversaciones con los independentistas catalanes, pero los socialistas insistían en negar estos contactos.

Foto: El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/José Manuel Pedrosa)

Con una mano, el PSOE se preparaba para modificar el delito de malversación de acuerdo con los dictados de ERC, y con la otra insistía en que la modificación sitúa al Gobierno a la cabeza de la lucha contra la corrupción en Europa. Insistía en que estas enmiendas no persiguen "compensar" o contrarrestar estas modificaciones. "¿Para contrarrestar qué? Nada, para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción".

Precisamente, ERC ha presentado también este viernes, al filo de las 9.00 horas de la mañana, su enmienda sobre la malversación. Además de la supresión del delito de sedición, proponen dividir el delito de malversación, diferenciando entre quienes se hayan lucrado directamente de este delito y quienes no, siguiendo el redactado anterior a 2015, cuando fue reformado por el PP. Eso supone reducir condenas como la de Junqueras y acelerar su vuelta a la vida política por la disminución de su inhabilitación.

Foto: La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este miércoles. (EFE/Mariscal)

Sin embargo, López se ha empleado a fondo para distanciarse de estos cambios, hasta el punto de afirmar que ni siquiera "conocen" las enmiendas de ERC, que ya habían sido presentadas. Según el portavoz socialista, su grupo parte de dos líneas rojas: todo uso indebido de fondos públicos debe estar sancionado en el Código Penal, y rechazarán cualquier propuesta "que pueda suponer ningún beneficio a procesados o condenados por corrupción". Los dirigentes del procés catalán fueron condenados por malversación, y la reforma de ERC diferencia entre su caso y aquellos en los que haya habido enriquecimiento personal, pero el PSOE desvía el foco.

Formalmente, PSOE y UP van a estudiar los cambios que plantean los republicanos, pero hasta el socio minoritario, que ve con recelo que puedan beneficiar a los corruptos, y que reivindica su "posición propia", reconocía que le gusta "la música", a falta de estudiar la letra.

Festival de modificaciones de calado vía enmiendas en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha anunciado este viernes la introducción en su reforma del Código Penal de una nueva pena lanzada de forma paralela a la reducción de la malversación que contempla por iniciativa de ERC destinada a castigar a los cargos públicos que se enriquezcan de forma ilícita. Se impondrán condenas de hasta tres años de cárcel para aquellos que superen ingresos de 250.000 euros sin justificación. Busca de esta forma "nivelar" el recorte del delito por el que fueron condenados Oriol Junqueras y el resto de políticos del procés.

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