Yolanda Díaz marca distancia con la reforma de la malversación: "UP no trabaja en esto"

El debate sobre la reforma del delito de malversación genera muchas dudas en Unidas Podemos, hasta el punto de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha marcado distancia este miércoles con los cambios en el Código Penal a los que se abrió el martes el presidente del Gobierno. Díaz, ante la prensa, ha evitado valorar esta reforma, escudándose en que solo tiene constancia de los cambios en los que trabaja su grupo parlamentario de cara la modificación del Código Penal que afecta al delito de sedición, el marco en el que Pedro Sánchez acepta introducir esta reforma a la carta que previsiblemente planteará ERC en los próximos días.

"Solo me constan las enmiendas en las que está trabajando mi grupo parlamentario", afirmó este miércoles, recalcando que Unidas Podemos "no está trabajando en estas modificaciones". Entre esas enmiendas, en Unidas Podemos han contemplado proponer cambios en delitos que afectan a los trabajadores, así como precisiones a la redacción actual de la proposición de ley, para evitar que ponga en riesgo el derecho a la protesta, pero la malversación queda fuera de su radio de alcance. Es un debate espinoso y complicado para un espacio político que lleva por bandera la lucha contra la corrupción, y la coportavoz de Podemos, Isa Serra, reconoció el miércoles, en una entrevista con Europa Press, que es un asunto "muy delicado", por los posibles "efectos perversos" de estos cambios.

Hace semanas, cuando Sánchez se abrió a reformar la malversación, el presidente del grupo Unidas Podemos en el Congreso y líder de los Comunes, Jaume Asens, se mostró dispuesto a una modificación en el Código Penal que diferenciara las penas entre quienes obtuvieran lucro personal y quienes no lograran beneficio económico directo de la comisión de este delito. Sus palabras fueron contestadas por el portavoz de su propio grupo y dirigente morado, Pablo Echenique, que desautorizó a Asens, afirmando que esta posición no podía atribuirse al grupo parlamentario, al ser un debate que la dirección no había abordado.

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En Unidas Podemos siempre ha generado dudas una modificación ad hoc de un tipo delictivo; lo que el Gobierno espera es que beneficie únicamente a los líderes del procés, condenados por sedición —un delito que se va a suprimir para sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados— y malversación, por el que entre otros fue condenado el expresidente andaluz José Antonio Griñán.

Negociación con el PSOE

En otro orden de cosas, la vicepresidenta segunda ha anunciado que negociará con el PSOE su propuesta de congelación de las hipotecas —como adelantó El Confidencial—, así como medidas que permitan aliviar los costes de la cesta de la compra. En un contexto de inflación disparada, Díaz se servirá del marco de negociación del nuevo real decreto ley de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania para defender su propuesta sobre hipotecas —Unidas Podemos ya presentó su propio plan en el Congreso, que quedaría relegado—, así como las medidas en materia de alimentación.

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No ha concretado, no obstante, si se ceñirá a su encallada propuesta de acuerdo con las grandes distribuidoras, en su día acogida con frialdad —y hasta hostilidad— por el PSOE, y rechazada por los grandes supermercados.

Junto con la congelación del precio de los alquileres, un planteamiento que hizo público hace apenas una semana, estos son sus caballos de batalla de cara a esta negociación. Previsiblemente, el real decreto ley, que prorrogará buena parte de las medidas ya en vigor con el decreto anterior, recibirá luz verde en el último Consejo de Ministros del año.

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Díaz ha comparecido ante los medios tras reunirse con organizaciones de trabajadoras de ayuda a domicilio, uno de los trabajos más "feminizados" y "privatizados". "Son las invisibles de las invisibles", afirmó la vicepresidenta segunda, que promete una ley —un real decreto con rango de reglamento— para "abordar los problemas" de estas trabajadoras. Al menos, en todo lo que afecta a las competencias del Ministerio de Trabajo, a nivel estatal. Lo que toca a las comunidades, recordaba, queda fuera de su alcance.