El CGPJ vuelve a cuestionar a Montero y ve agujeros en la ley del aborto

El Consejo General del Poder Judicial votará el próximo 22 de diciembre su informe sobre otra de las leyes estrella del ministerio que dirige Irene Montero, la del aborto. La propuesta de informe al anteproyecto, de la que han sido ponentes las vocales Roser Bach y Ángeles Carmona, se muestra crítico con varias partes esenciales de la ley.

Entre ellas destaca la eliminación del requisito del consentimiento del representante legal cuando se trata de mujeres de 16 y 17 años. Según argumentan las ponentes, este "consentimiento autónomo y sin conocimiento" del representante legal "dificulta de modo evidente esos deberes de carácter tuitivo que conforman la patria potestad, dentro de la que se encuentran incluidos aspectos tan importantes como la orientación o el consejo". A esto se suma que la propia Constitución establece que "los progenitores deben prestar asistencia de todo orden a los hijos durante su minoría de edad", exigencia que colisiona una vez más con dicho cambio legislativo.

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"Resulta igualmente justificada la validez del sistema actualmente vigente, en el que se precisa la concurrencia del consentimiento de la menor con el de sus padres o tutores", argumentan. En caso de conflicto entre ambas partes, consideran entonces que se podría "resolver a través de un procedimiento previsto en la propia norma que permitiera conciliar los intereses de aquella y conferir relevancia a su capacidad decisoria con los deberes de los representantes legales derivados de su función tutelar".

Examinado este punto, las ponentes abordan otras dos cuestiones que la nueva ley eliminaría para evitar la "infantilización" de la mujer: el derecho a la información y el periodo de reflexión. En el primer caso, la propuesta de informe se refiere a que la nueva ley "elimina la práctica actual de entregar un sobre conteniendo información sobre recursos para ser madre" como ayudas públicas, derechos laborales, prestaciones y beneficios fiscales. Las vocales recuerdan que se trata de un "sobre cerrado y es decisión de ella abrirlo", por lo que, si no se le facilitase, en realidad "parece" que se le "está privando —o, cuando menos, dificultando— del acceso a la información".

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En cuanto al periodo de reflexión de tres días que la actual legislación establece para "los supuestos de interrupción del embarazo dentro de las 14 primeras semanas de gestación", la conclusión es similar. La nueva ley lo suprime con base en la mencionada "infantilización", pero las vocales sostienen que este requisito "no solo está presente en las legislaciones de varios de los países de nuestro entorno, sino que, al estar indisociablemente unido a la información y a la prestación del consentimiento —que, para ser verdaderamente tal, ha de ser un consentimiento informado—, es un presupuesto necesario para una adecuada formación de la voluntad y para la adopción de una decisión".

De los centros privados a la menstruación

Respecto al hecho de que la ley inste a que el aborto "se lleve a efecto en un centro sanitario público y solo excepcionalmente en un centro privado acreditado", la propuesta de informe considera que los argumentos que dan para ello no se sostienen. Los promotores de la ley apuntan a que así lograrán "asegurar la prestación con las debidas garantías, evitar la práctica clandestina o posibilitar el conocimiento de la situación en todo el territorio nacional para poder planificar y desarrollar políticas públicas", pero las ponentes defienden que estas finalidades pueden alcanzarse en centros privados y, al mismo tiempo, se "permitiría mantener la libertad de elección de la mujer".

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También relacionado con los centros sanitarios, la nueva ley aborda "la creación de un registro" con los profesionales que alegaran objeción de conciencia para no practicar abortos. A la vista de que el Tribunal Constitucional ha avalado el grueso de esta iniciativa en Navarra, las vocales concluyen que no cabe "objeción a la regulación del derecho a la objeción de conciencia" de la nueva ley, aunque avisan de que el mencionado registro "deberá concretarse en un instrumento normativo".

Su propuesta de informe concluye entonces con que la ley también contemple la baja laboral por menstruación incapacitante. "El anteproyecto no exige, como en el resto de los supuestos de enfermedad común, un periodo mínimo de cotización, y dispone además que el subsidio se abonará a cargo de la seguridad social desde el día de la baja en el trabajo —a diferencia de lo que ocurre en los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, de enfermedad común o accidente no laboral—", advierten.

Las vocales, de hecho, van un paso más allá y destacan que "la normativa vigente" ya brinda a la mujer esta posibilidad como baja por enfermedad común, lo que impide además al empresario "saber cuál es la causa por la que la trabajadora se encuentra en situación de incapacidad temporal". Con el cambio legislativo, por el contrario, sí podría "conocer cuál es el motivo de su ausencia al puesto de trabajo", y esto "puede provocar efectos totalmente contrarios a los pretendidos, haciendo surgir reacciones de marginación o estigmatización sobre las mujeres en general y sobre las que sufren los efectos de una menstruación incapacitante secundaria en particular".