El PP busca atraer al PSOE al debate de la okupación para crear otro incendio con UP

El PP ha llevado el debate de la ocupación ilegal a la primera página de su agenda política. Este viernes, Alberto Núñez Feijóo inaugura en Barcelona la primera de las convenciones sectoriales que celebrará el partido en diversos territorios de la geografía nacional, donde presentará un decálogo de medidas para proteger la propiedad privada y acelerar el desalojo de okupas. Y el debate es un arma de doble filo que el PP pretende utilizar para desgastar al Gobierno en un momento especialmente delicado. La ley de vivienda se ha convertido en el billete del Ejecutivo para sacar adelante los últimos presupuestos de la legislatura. Y el de la okupación es uno de puntos de fricción que separan a PSOE y Unidas Podemos y que abonan el bloqueo de la norma en el Congreso.

El pasado 6 de octubre, el Grupo Popular, capitaneado por Cuca Gamarra, registró una moción en la Cámara Baja para interpelar al Gobierno sobre las medidas que piensa llevar a cabo "ante el aumento de las ocupaciones ilegales de viviendas". En su propuesta, los populares se hacen eco de la "preocupación" por el incremento de estos delitos, alimentados por la "pasividad" y "complicidad" del Gobierno. Desde que Sánchez aterrizó en la Moncloa, subrayan, la okupación se ha disparado un 46%, mientras que la media de denuncias diarias alcanzó las 49 durante el primer cuatrimestre del año. "A un ocupante ilegal no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable se le protege", exigen los populares.

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La iniciativa consta de siete puntos, y la intención del PP es que cada uno de ellos se vote por separado para que el PSOE no pueda evadirse de cuestiones en las que existen coincidencias. El Grupo Popular propone, por ejemplo, que el desalojo de okupas pueda ejecutarse en un plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento "si los asaltantes no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble". Importante recordar que, hace menos de un mes, los socialistas registraron una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que los jueces puedan desalojar a okupas en un plazo máximo de 48 horas, lo que abrió un nuevo cisma con el socio minoritario de la coalición.

"No tiene sentido que en este momento, cuando estamos negociando la ley de vivienda, salgan con esto", arremetió entonces Rafa Mayoral, diputado de la formación morada. Podemos presionó al PSOE para retirar sus enmiendas sobre okupación al entender que estaban "fuera de lugar" y que implicaban asumir "la agenda de la derecha", pero los socialistas se mantuvieron firmes. "Me parece bastante sensato", ratificó Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, que defendió que la medida permitía otorgar a los jueces "herramientas más ágiles" para luchar contra este tipo de delitos.

Además de la mencionada enmienda, los socialistas presentaron otra iniciativa sobre la Ley del Tribunal del Jurado para evitar que los casos de okupación sean juzgados por jurados populares, con lo que se acelerarían unos plazos de desalojo que pueden rozar los dos años. Precisamente, este es otro de los puntos que el PP registra en su moción, lo que allana el camino para un voto favorable del PSOE que incomodaría a sus socios de coalición. El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya alzó la voz contra los socialistas por poner más palos en las ruedas de la ardua negociación de la ley de vivienda, dando pie al intento de la derecha por quitar el foco del que debería ser, a su juicio, el auténtico debate, como limitar los precios de los alquileres o paralizar los desahucios de familias vulnerables sin una vivienda alternativa.

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La rebelión de Podemos contra las enmiendas antiokupación del PSOE obliga al partido mayoritario de la Cámara a buscar cobijo en el PP, sobre todo en lo relativo a la agilización de los plazos del desalojo. Pero los populares se han adelantado forzando una votación en el Congreso para retratar a los socialistas y tratar de minar sus apoyos en plena tensión por la negociación de unos presupuestos que Feijóo tilda de "ficticios", y de los que ya ha exigido su inmediata retirada.

El Gobierno sabe que la ley de vivienda, 'olvidada' en el Congreso desde principios de año, es la llave con la que se asegurará la aprobación de sus últimas cuentas públicas. De hecho, su tramitación es la piedra angular de las reivindicaciones de grupos como ERC o Bildu, apoyados por Podemos, que amagan con presentar enmiendas a la totalidad a las cuentas si los socialistas no aceptan abrir la norma a modificaciones y se comprometen a avanzar en su aprobación. El plazo para su presentación finaliza este viernes a las 14:00.

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La moción del PP llegará a la Cámara Baja la primera semana de noviembre, durante la celebración del primer pleno ordinario tras varias semanas en que la actividad parlamentaria se ha visto interrumpida por las comisiones presupuestarias. Además de la agilización de los tiempos de desalojo y de quitar al Tribunal del Jurado la competencia de juzgar los allanamientos, los populares someterán a votación puntos como el reforzamiento de las penas por delitos de usurpación con hasta tres años de prisión; la mejora de la protección jurídica frente a la actuación de las mafias, o promover la nulidad de la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal.