La banca se queja de las formas de Calviño con las hipotecas, pero salva su línea roja

La banca y el Gobierno han pasado del amor al odio, y viceversa, en apenas 24 horas. Este es el balance de unas negociaciones que se han llevado al límite para fijar las líneas maestras del plan de alivio para los hipotecados con problemas. Ambas partes quedaron satisfechas tras varios grandes encontronazos, el principal, por la decisión del Gobierno de anunciar las medidas sin un acuerdo con la banca.

Por un lado, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pudo anunciar un plan que beneficiará hasta a un millón de hogares y marcar distancias con su compañera de Ejecutivo, Yolanda Díaz, que ha intentado en varias ocasiones marcar el ritmo de las negociaciones. Por su parte, las entidades financieras han evitado su mayor temor: que las medidas de alivio impliquen la entrada en dudosas de muchas hipotecas, multiplicando las provisiones y generando potenciales problemas con sus clientes.

Lo explicó el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, en las jornadas financieras de Deloitte: "Hay un problema de fondo, una vez que un cliente se clasifica en Stage 3 [préstamo dudoso] tiene un problema a futuro, y es dejar de tener acceso al crédito. Esto es algo que tenemos que cuidar, y ahí es donde estamos tratando de negociar".

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Esta reflexión del número dos de Santander, y de otros banqueros, fue escuchada por el Gobierno. Economía decidió incluir un punto técnico en el real decreto que fija un límite para que determinados créditos refinanciados reduzcan en un 0,5% su valor actual neto. Con ello, se evita traspasar el límite que el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España marcan para que un préstamo pase a ser considerado dudoso: que su riesgo aumente en un 1%.

700.000 clientes en el foco

Este ha sido uno de los puntos que han marcado las negociaciones entre ambas partes durante las últimas semanas. El Gobierno quería elevar el perímetro de potenciales hogares beneficiarios de las medidas, con la cifra de un millón como objetivo insistente en cada reunión. La banca, por su parte, exigía que esta meta fijada por Calviño no implicase una oleada de provisiones, lo que hubiera "hecho un pan con unas tortas", definen desde un gran banco. Este aspecto técnico parece salvar las dos posturas.

"El sector bancario español ha trabajado y colaborado muy intensamente en la definición de un marco de soluciones para las familias en dificultad que sea compatible con la normativa europea en materia de provisiones, que es la que garantiza la estabilidad financiera", señalaron desde la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros).

El plan del Gobierno incluye tres tipos de ayudas: para hogares vulnerables (ingresos de hasta 25.200 euros) que tienen problemas para pagar la hipoteca, para las clases medias que podrían entrar en esta categoría (rentas de hasta 29.400 euros) y facilidades para el resto a la hora de amortizar anticipadamente la hipoteca y convertirla de tipo variable a fijo.

Donde ha estado en juego el partido ha sido en el segundo tramo, de las clases medias-bajas, que según los cálculos de Economía abarca a 700.000 potenciales beneficiarios. Salvo sorpresa por parte del BCE, las hipotecas que se beneficien de la congelación de la cuota o la ampliación del plazo que van a tener a disposición entrarán en la categoría Stage 2, o bajo vigilancia, que implica menores provisiones.

Mientras, los bancos asumen que tendrán que asumir mayores dotaciones en las 300.000 potenciales reestructuraciones del primer bloque de afectados, que podrán beneficiarse de carencias de entre dos y cinco años, alargamientos del plazo y daciones en pago.

El papel de CaixaBank

Todos estos detalles se conocieron por parte de Economía a última hora de la noche del lunes, sin todavía un acuerdo firme con los bancos. Este hecho generó recelos entre las entidades e incertidumbre, ya que muchos banqueros de primera fila acudieron a las jornadas de Deloitte sin conocimiento de la letra pequeña del real decreto. Aun así, el pacto se enderezó a lo largo del día y todo apunta a que las grandes entidades suscribirán el nuevo Código de Buenas Prácticas.

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Otra de las sorpresas del sector llegó por el anuncio de Calviño de que CaixaBank, en la que el Estado tiene un 16%, había sido la primera en hacer una "declaración de intenciones" de suscribir el acuerdo. Los banqueros consultados creen que la vicepresidenta se equivoca al usar políticamente la entidad catalana y que esta posición puede perjudicar a la larga al grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri.

Tras salvar esta bola de partido, Economía y bancos fueron objeto de críticas por parte de distintos integrantes de Unidas Podemos, incluida la vicepresidenta Díaz, que señaló que el acuerdo es "mejorable". El portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, fue más allá al señalar que el pacto apenas afecta a los "beneficios obscenos" de la banca. Las entidades son conscientes del riesgo que supone este tipo de críticas dentro del Ejecutivo, que hacen que no levanten cabeza en el frente institucional y regulatorio. Aunque ahora esperan un descanso en el camino.