El Banco de España pide a la banca que extreme la prudencia con sus dividendos

Más vale prevenir que lamentar. Este refrán parece tenerlo muy presente el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ha pedido a la banca que sea "muy cuidadosa" con su política de provisiones y su planificación del capital, entre la que se incluye el pago de dividendos, en los próximos trimestres. ¿El motivo? Aunque la situación de partida del sector es positiva, es preciso que se extreme la prudencia.

Durante su intervención en el V Foro Banca organizado por 'El Economista', ha subrayado que nos encontramos ante un contexto macrofinanciero "muy complejo", marcado por la pandemia, la invasión de Ucrania por Rusia, la inflación, el endurecimiento de las condiciones de financiación y una elevada incertidumbre que han obligado a revisar a la baja las previsiones de crecimiento y aumentado los riesgos de entrar en una fase recesiva global.

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Aunque la situación de partida del sector bancario resulta positiva, el gobernador ha insistido en que es preciso que se extreme la prudencia y se haga un seguimiento "minucioso" de los riesgos, que pueden experimentar una evolución adversa de forma rápida y obligar a plantear nuevos escenarios. Entre las fortalezas de la banca, ha destacado que la calidad de los balances ha continuado mejorando, la tasa de dudosos de los préstamos bancarios al sector privado volvió a registrar mínimos, los préstamos en vigilancia especial (que muestran algún potencial deterioro) también han intensificado su ritmo de corrección y las refinanciaciones se han reducido.

Además, ha apuntado que la rentabilidad del sector bancario ha continuado mejorando en la primera mitad del año, las entidades están comenzando a repercutir en los nuevos préstamos el aumento de los tipos de interés, aunque de forma mucho más lenta que en el pasado, las primas de riesgo también se están ampliando y por el momento los tipos de interés de los depósitos no han aumentado y no se detecta un trasvase de fondos significativo hacia las cuentas a plazo.

Hernández de Cos también ha destacado la solvencia de la banca, con unos colchones de capital por encima de los requisitos regulatorios, aunque inferiores a los del resto de los principales países europeos.

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El actual entorno aumentará la vulnerabilidad financiera de hogares, empresas y sector público, ha afirmado el gobernador. En el caso de los hogares supondrá un ajuste a la baja, tanto de sus decisiones de consumo como de su inversión en vivienda. La inflación está generando una caída significativa de la renta disponible y, mientras los préstamos hipotecarios crecen de forma sostenida a un ritmo superior al 1%, el crédito para consumo disminuye a tasas del 4%. Además, el gasto en energía de los hogares se elevaría por encima del 12,5%.

En el caso de las empresas, también reducirían su inversión productiva y sus expectativas de contratación. Asimismo, se está produciendo un mayor dinamismo del crédito empresarial para hacer frente a las necesidades de financiación de las empresas o por medida de precaución, y esta nueva financiación ya comienza a verse afectada por el aumento de los tipos. Con todo ello, la actividad experimentará presiones a la baja y tendrán efectos significativos en la financiación del sector público.

En su discurso, ha indicado que el aumento de la deuda pública y el alto déficit público suponen factores de vulnerabilidad frente a un endurecimiento de las condiciones de financiación y reducen el margen de maniobra de la política fiscal.

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En un horizonte algo más amplio (uno o dos años), es cuando se manifestarían buena parte de los efectos negativos sobre la capacidad de hogares y de empresas para hacer frente a sus obligaciones financieras. Como consecuencia, las entidades tendrán que aumentar sus provisiones para poder cubrir las potenciales pérdidas. Adicionalmente, la inflación también podría elevar los costes operativos de las entidades.

El gobernador del Banco de España ha insistido en una estrategia presupuestaria de medio plazo que incluya un plan de consolidación fiscal plurianual y que debería contar con un amplio consenso político. Así, ha explicado, debería acompañarse de una revisión de la eficiencia del gasto público y del sistema impositivo e incorporar a todos los niveles de las administraciones públicas. La definición temprana de este plan generaría mayor certidumbre y confianza, lo que resulta relevante en el actual contexto, ha agregado.