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Una parte del CGPJ no acatará la reforma del Gobierno y la tacha de inconstitucional
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Máxima tensión

Una parte del CGPJ no acatará la reforma del Gobierno y la tacha de inconstitucional

Fuentes jurídicas no dudan en calificar el cambio legislativo del Ejecutivo como una "chapuza peligrosa" y aseguran que es "radicalmente" contrario a la Constitución

Foto: Pedro Sánchez. (EFE/Biel Aliño)
Pedro Sánchez. (EFE/Biel Aliño)
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El choque entre el Gobierno y buena parte del poder judicial se agrava. La última iniciativa de Moncloa, dirigida a acelerar el vuelco progresista en el Tribunal Constitucional, ha levantado el más profundo rechazo en el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no duda en calificar el cambio legislativo como una "chapuza peligrosa". "Es radicalmente inconstitucional", aseguran varias fuentes consultadas que anticipan que serán varios los vocales que renuncien a cumplir la disposición del Ejecutivo a pesar de la amenaza directa de atribución de responsabilidades penales.

Para algunos de los consultados, el aviso de la posible comisión de delitos de desobediencia o incluso prevaricación si los vocales se resisten a acatar la norma no es más que "una cortina de humo". Aseguran que con el sistema diseñado por el Gobierno, el incumplimiento es imposible y la amenaza, inaplicable. Aunque una parte de los miembros del Consejo no vote ni proponga candidato alguno, el trámite se efectuaría con el resto y saldría adelante. "Está ideado con todos sus detalles", critica otra de las fuentes consultadas.

Foto: José Antonio Griñán, en una imagen de archivo. (EFE/Julio Muñoz)

La imposibilidad de que se atribuyan responsabilidades a los miembros del Consejo es compartida por juristas ajenos a la institución que, además, ponen el acento en la intromisión del poder ejecutivo en el judicial. Algunos juristas consideran el movimiento una forma velada de reformar la Constitución. En la Carta Magna se prevé, por una parte, la elección por esa mayoría reforzada que ahora desaparecería y, por otra, la renovación del TC por tercios y no por sextos. También critican el efecto dominó que provoca cambios de enorme calado en leyes orgánicas como la del Poder Judicial o el Constitucional, por la vía rápida y sin que se hayan recabado informes.

El malestar va más allá del Consejo para alcanzar a buena parte de la judicatura. Las asociaciones de jueces mayoritarias, conservadoras, se muestran escandalizadas y temen que este movimiento no sea aislado y le sigan más. Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura como la Francisco de Vitoria han acusado al Gobierno de romper las normas del Estado de Derecho. "Esta propuesta evoca la planteada en 2020 con relación a la modificación de las mayorías para la elección de los miembros del CGPJ", auguran y señalan que con la iniciativa se cambian nuevamente las reglas, previamente establecidas, que arbitran un procedimiento de elección en trámite", dice la APM que habla abiertamente de "una indeseable degradación de las instituciones". AFdV se refiere a las graves implicaciones que estas iniciativas tendrán, caso de prosperar, en el sistema constitucional de equilibrios entre poderes y órganos constitucionales.

Mientras tanto, el Ejecutivo se defiende por la gravedad del incumplimiento en el que incurre el CGPJ desde el pasado septiembre, cuando comenzaron las negociaciones entre los bloques para acordar dos nombres para el TC. El Gobierno se escuda en una sentencia del TC de 2013 en la que el tribunal de garantías se pronunció sobre las mayorías para la elección de altos cargos judiciales (magistrados del TS y presidentes de TSJ). El alto tribunal señalaba entonces que no se puede deducir del texto de la Constitución "límite alguno impuesto al legislador orgánico a la hora de configurar el modo concreto en que el CGPJ adopta las decisiones relativas a la provisión de plazas de nombramiento discrecional".

placeholder El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo. (EFE/Mariscal)
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo. (EFE/Mariscal)

Pleno extraordinario

Mientras, en el CGPJ se preparan para un Pleno de alta tensión que se celebrará previsiblemente el próximo martes. Como signo visible del enorme rechazo de las enmiendas que ya tramita el Congreso y que le afectan de lleno, un grupo de nueve vocales han forzado la celebración de una reunión extraordinaria para tratar de ultimar los dos nombramientos antes de que entre en vigor el cambio en las reglas de elección.

Hasta el momento, los conservadores habían dilatado el estudio del nombramiento hasta al menos el 22 de diciembre. Es más que previsible que ahora sea el otro sector el que prefiera no acelerar ahora y esperar a la entrada en vigor de la reforma. Con ella, tendrían garantizado sacar adelante el nombramiento de su candidato oficial, José Manuel Bandrés, que los cercanos a la derecha consideran impuesto por el Ejecutivo.

Foto: El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. (EFE/Jesús Monroy)

La forma en la que se ha diseñado el sistema de votación facilitaría que Bandrés saliera. La enmienda registrada por el PSOE establece que si el nombramiento no se lleva a cabo en un plazo máximo de tres meses por la mayoría habitual de tres quintos, quien ostente la presidencia del Consejo "adoptará un Acuerdo de iniciación del procedimiento de nombramiento de dichos magistrados o magistradas" con nuevas reglas.

En el plazo de cinco días hábiles a contar desde la adopción del acuerdo, los vocales del Consejo podrán proponer a la citada presidencia candidatos al Tribunal Constitucional. Cada vocal podrá proponer un máximo de un candidato o candidata. Cerrado el plazo de presentación de candidaturas, la persona que ejerza la presidencia, en el plazo de tres días hábiles, tendrá la obligación de convocar un Pleno extraordinario para proceder a la elección.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE/Kiko Huesca)

Dicho Pleno se celebrará en el plazo máximo de tres días hábiles desde su convocatoria. Las candidaturas presentadas se someterán a votación de los vocales presentes, sin necesidad de un quorum mínimo y en una votación única. "Cada vocal podrá votar a un solo candidato o candidata, resultando elegidos los dos Magistrados o Magistradas que hayan obtenido un mayor número de votos", agrega el texto que también matiza que, en caso de empate entre varios candidatos, será la persona que ejerza la presidencia, titular, interino o en funciones, quien, en la misma sesión plenaria, dirima el empate.

La enmienda se cierra con la amenaza de responsabilidades si no se acata el sistema. "En atención al carácter imperativo de este procedimiento, si por la acción u omisión de quien ejerza la presidencia, titular, interino o en funciones, o de cualquiera de los vocales, se incumpliera, culposa o dolosamente, lo previsto en los apartados anteriores, se incurrirá en las responsabilidades de todo orden que se deriven del ordenamiento jurídico, incluidas las penales", dice.

El choque entre el Gobierno y buena parte del poder judicial se agrava. La última iniciativa de Moncloa, dirigida a acelerar el vuelco progresista en el Tribunal Constitucional, ha levantado el más profundo rechazo en el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no duda en calificar el cambio legislativo como una "chapuza peligrosa". "Es radicalmente inconstitucional", aseguran varias fuentes consultadas que anticipan que serán varios los vocales que renuncien a cumplir la disposición del Ejecutivo a pesar de la amenaza directa de atribución de responsabilidades penales.

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