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El TC aplaza al lunes su deliberación y permite así la votación en el Congreso
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El TC aplaza al lunes su deliberación y permite así la votación en el Congreso

El ponente defiende estimar la cautelarísima que pidió el PP, pero otros informes del tribunal son contrarios a la medida

Foto: Los miembros del TC en uno de sus plenos. (EFE/Fernando Alvarado)
Los miembros del TC en uno de sus plenos. (EFE/Fernando Alvarado)

El Tribunal Constitucional ha aplazado al próximo lunes el pleno en el que debe pronunciarse sobre la reforma del Gobierno que afecta al Poder Judicial. Cinco magistrados progresistas han pedido retrasar la reunión alegando que necesitan más tiempo para alcanzar un "estudio completo", y el presidente del tribunal, Pedro González Trevijano, ha atendido su solicitud. Con esta decisión, se facilita que el Congreso vote esta tarde, como tenía previsto.

La reunión comenzó con retraso después de que algunos magistrados reclamaran estudiar tres escritos presentados esta misma mañana. Entre ellos, uno de Unidas Podemos en el que se pide la recusación del propio presidente y del magistrado Antonio Narváez. Según indican fuentes del sector progresista, la petición de la formación morada puede provocar que ambos se aparten y que el procedimiento termine por paralizarse, una amenaza que también ha sido clave para que Trevijano aceptara aplazar el pleno al lunes.

Foto: El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo. (EFE/Chema Moya)

"Las magistradas y los magistrados que suscriben le solicitan que aplace el pleno convocado para las 12:00 horas de hoy por el tiempo indispensable que nos permita el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión, y de los escritos que han sido presentados a lo largo de esta mañana. Lo que nos imposibilita, en consecuencia poder participar en la deliberación y votación", sostienen en su escrito los progresistas Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón, María Luisa Balaguer Callejón, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán Huertas.

La reunión, que se retomará el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana, se ve así marcada por la discrepancia y las posturas encontradas. El ponente, Enrique Arnaldo, de corte conservador, defiende la estimación de la medida cautelarísima que pidió el PP, pero los magistrados cuentan con otros informes en sentido contrario. La reunión será tensa, larga y de resultado aún incierto, aunque por el momento el Gobierno ya ha conseguido salvar la votación prevista para esta tarde en el Congreso. El lunes será entonces clave para ver si se frena el procedimiento legislativo antes de que la reforma llegue al Senado.

Junto al del PP, el Constitucional se encuentra, además, desde esta misma mañana con otros tres escritos sobre la mesa. El de Unidas Podemos advierte en este sentido del riesgo de que aceptar la petición del PP supondría vulnerar el derecho de participación política de los diputados y plantea la recusación de Trevijano y Narváez por "interés directo o indirecto" en la causa. Su argumento se centra en que ambos se encuentran con el mandato prorrogado y, por tanto, serían sustituidos de forma inmediata si prospera la reforma que ellos mismos discuten paralizar.

Los magistrados también estudian otro escrito presentado por el PSOE en el que pide personarse en la causa abierta con el recurso de amparo del PP, para comparecer ante este órgano y presentar alegaciones antes de que el Constitucional adopte ninguna decisión. El escrito señala que "una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde, adelantando, mediante una medida cautelar, una resolución de fondo respecto de un eventual vicio procedimental, que, de darse, podría constatarse posteriormente".

Foto: Pedro Sánchez en el Congreso. (EFE/J. C. Hidalgo)

En esta línea, se subraya que "la admisión de una medida cautelar que eventualmente produzca la suspensión del procedimiento parlamentario impide que el conjunto de diputados y diputadas ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular, por lo que indirectamente se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes". Por último, se ha añadido un nuevo recurso presentado por Vox que venía a sumarse a la petición del PP de paralizar la votación.

Antes de que comenzaran a llegar estos últimos escritos, los magistrados llevaban reunidos desde la nueve de la mañana. A primera hora, ambos sectores, conservador y progresista, han celebrado reuniones para fijar posición. Las posturas están claramente enfrentadas, por lo que, pese al aplazamiento, todo apunta a que el resultado en ningún caso contará con unanimidad.

La petición del PP

La reunión de urgencia del Constitucional fue convocada a última hora de este jueves. Sobre la mesa, la paralización de la parte de la reforma legislativa del Gobierno que le afecta de lleno. A petición del PP, los magistrados tenían que decidir si suspenden la votación de las enmiendas que cambian las reglas de elección de magistrados por parte del Consejo General del Poder Judicial y eliminan el filtro previo del propio Constitucional a los candidatos que ya ha elegido el Ejecutivo. Atender esta solicitud hubiese implicado una intromisión sin precedentes en la autonomía del legislativo.

Foto: El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons (EFE/Fernando Villar)

La maniobra de los populares, que presentaron in extremis un recurso de amparo este miércoles, habría provocado que la iniciativa del Ejecutivo quedara paralizada este mismo jueves. La intención que persigue la Moncloa con esta reforma es forzar el vuelco inmediato en el Constitucional, de modo que, una vez quede renovado, pasará a tener mayoría progresista. Sin embargo, la composición actual no acompaña al Gobierno. De momento, la mayoría continúa siendo conservadora y los números hacen temer a la Moncloa que, pese a haberse retrasado el pleno al lunes, el tribunal termine por dar la razón al PP.

El Tribunal Constitucional ha aplazado al próximo lunes el pleno en el que debe pronunciarse sobre la reforma del Gobierno que afecta al Poder Judicial. Cinco magistrados progresistas han pedido retrasar la reunión alegando que necesitan más tiempo para alcanzar un "estudio completo", y el presidente del tribunal, Pedro González Trevijano, ha atendido su solicitud. Con esta decisión, se facilita que el Congreso vote esta tarde, como tenía previsto.

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