El PSOE acude al TC para que no suspenda la votación: "Esta injerencia no le corresponde"

El pulso institucional relacionado con el Tribunal Constitucional ha desembocado en un escenario inexplorado, en el que las partes intentan hacer valer sus posiciones, conscientes de que el tiempo es hoy un valor particularmente escaso. El Grupo Socialista ha reclamado este jueves al Tribunal de Garantías que acepte su personación en la causa abierta con el recurso de amparo del PP, para comparecer ante este órgano y presentar alegaciones antes de que el Constitucional adopte ninguna decisión. El TC ha convocado un pleno extraordinario y urgente esta misma mañana, de cara a decidir si paraliza la votación en el Congreso de los Diputados sobre la reforma legislativa que le afecta directamente, prevista para este mismo jueves.

El escrito señala que "una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde, adelantando, mediante una medida cautelar, una resolución de fondo respecto de un eventual vicio procedimental, que, de darse, podría constatarse posteriormente". En esta línea, se subraya que "la admisión de una medida cautelar que eventualmente produzca la suspensión del procedimiento parlamentario impide que el conjunto de diputados y diputadas ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular, por lo que indirectamente se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes (art. 23.1 CE)".

Según fuentes parlamentarias, además de pedir que se permita la comparecencia de la secretaria general de los socialistas, Isaura Leal, la formación ha solicitado en un escrito que no se adopte ninguna medida cautelar que afecte a los trámites parlamentarios previstos para esta tarde. La raíz de la polémica está en las enmiendas que PSOE y UP han presentado a la modificación del Código Penal para suprimir el delito de sedición y modificar el de malversación, que, además, pretenden modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para rebajar las mayorías para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elija a los magistrados del TC, además de eliminar el filtro previo del propio TC a los candidatos que ya ha elegido el Ejecutivo. El PP sorprendió este miércoles presentando un recurso de amparo al Constitucional y exigiendo la suspensión cautelarísima de la tramitación de la norma.

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En caso de prosperar, la maniobra de los populares provocaría que la iniciativa del Ejecutivo quedara bloqueada. Sin embargo, si finalmente se permite la votación, la Moncloa conseguiría dar un vuelco casi inmediato en el Constitucional, de modo que, una vez quede renovado, pasará a tener mayoría progresista. De momento, la mayoría continúa siendo conservadora y los números hacen temer a la Moncloa que el triple del PP sea admitido por el tribunal, en lo que supondría una decisión que no tiene precedentes.

En el escrito, desde el PSOE protestan por no haberles dado traslado de la medida cautelar solicitada, y por no haber sido citados para comparecer en el proceso, pese a que consideran que tienen un legítimo interés en el mismo. Las medidas cautelarísimas no requieren preguntar a las partes interesadas, pero los socialistas esgrimen que "no existen precedentes en las Cortes Generales de la suspensión del procedimiento legislativo por la queja o recurso de una parte minoritaria de diputados o de grupos parlamentarios respeto al procedimiento desarrollado" y recuerdan que "los parlamentarios tienen dentro del procedimiento legislativo los derechos que se les reconoce tanto en la Constitución como en el Reglamento y que se refieren tanto a la presentación de enmiendas, como al debate en cada una de las fases del procedimiento y como, finalmente, a las diferentes votaciones que se produjeran".

De ahí que insistan en que "no ha existido en este caso vulneración alguna respecto a estos derechos" y que, de aceptarse las cautelarísimas, "sí existiría una vulneración del derecho de participación política de los diputados establecido en el artículo 23 de la Constitución". Esto es, "en el caso de que se suspendiera el procedimiento legislativo, y no se permitiera el debate y votación de la Proposición de Ley, con todas aquellas enmiendas que han sido incorporadas en el curso del proceso por las mayorías pertinentes". Por último, se concluye que "la adopción de una medida cautelarísima como la que está en discusión supondría una vulneración de dicha autonomía, pues conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de Gobierno de la Cámara (elegidos por los diputados) y la mayoría de los diputados que han votado y aprobado los textos en las distintas fases del procedimiento legislativo".

El portavoz del grupo socialista, Patxi López, ha arremetido contra "la deriva de la derecha en este país" al considerar que "esta maniobra, sin precedentes" trataría de "impedir que el Congreso cumpla con su papel". Una situación, que a su parecer, supone "un salto cualitativo que viene a confirmar el carácter antidemocrático". Los socialistas entienden que el TC no irá "por ese camino" y que, "lo lógico sería que cuando existiera la ley se reuniese para decidir la constitucionalidad de la ley, pero no antes". De lo contrario, López ha alegado que se produciría una "intromisión del Poder Judicial, con algunos miembros caducados, en el legislativo".

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La convocatoria del pleno de urgencia ha creado controversia también dentro del propio tribunal. Mientras que los magistrados progresistas defendían agendarlo para el viernes de la próxima semana, una vez celebrada ya la votación, el bloque conservador ha forzado que se adelante a esta mañana.

UP recusa al presidente del TC

Por su parte, Unidas Podemos también presentó el miércoles su propio escrito al Tribunal de Garantías, reclamando personarse en esta causa y advirtiendo de que aceptar la cautelarísima supondría vulnerar el derecho de participación política de los diputados. Parte de los razonamientos son similares a los que expresa el PSOE, si bien además plantea la recusación de dos magistrados: el presidente del TC, Pedro José González-Trevijano, y Antonio Narváez Rodríguez por su "interés directo o indirecto" en la causa.