Pulso institucional sin precedentes: la reforma de Sánchez, en manos del Tribunal Constitucional

Tres poderes del Estado enfrentados y, de árbitro, la misma institución que provoca la colisión. El Tribunal Constitucional se reunirá de urgencia este jueves para decidir si paraliza, a horas de que se vote en el Congreso, la parte de la reforma legislativa del Gobierno que le afecta de lleno. A petición del PP, los magistrados deben decidir si suspenden la votación de las enmiendas que cambian las reglas de elección de magistrados por parte del Consejo General del Poder Judicial y eliminan el filtro previo del propio TC a los candidatos que ya ha elegido el Ejecutivo. Atender esta solicitud implicaría una intromisión sin precedentes en la autonomía del legislativo.

La tensión fue incrementándose en el TC a lo largo de las últimas horas. Un tira y afloja escenificado en varias reuniones en los despachos de la sede del tribunal. La maniobra de los populares, que presentaron in extremis un recurso de amparo este miércoles, provocaría que la iniciativa del Ejecutivo quedara paralizada en caso de prosperar. La intención de la Moncloa es forzar el vuelco inmediato en el Constitucional, de modo que, una vez quede renovado, pasará a tener mayoría progresista. Sin embargo, la composición actual no acompaña al Gobierno. De momento, la mayoría continúa siendo conservadora y los números hacen temer a la Moncloa que el triple del PP sea admitido por el tribunal.

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Hasta tal punto es máxima la tensión entre los dos bloques del TC que la misma convocatoria del pleno extraordinario provocó discrepancias. Magistrados progresistas abogaban por llevarlo al próximo viernes, ya pasada la votación que prevé celebrar el Congreso este jueves. Los conservadores, sin embargo, querían acelerar la cita. Fueron estos quienes ganaron el primer pulso y el presidente, Pedro González-Trevijano, propuso adelantarse a la votación. El tribunal se pronunciará in extremis, a primera hora de este jueves. La votación en el Congreso estaba prevista alrededor de las seis de la tarde. El TC llegaría a tiempo.

A pesar de los temores del Gobierno, nadie se atreve a apostar por las probabilidades de que el tribunal atienda las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP y obligue a paralizar las enmiendas. Ni siquiera es un escenario que contemplen en Génova, donde, con todo, se congratulan del éxito de haber descolocado al Ejecutivo horas antes de una votación clave, una maniobra con la que esperan lanzar un aviso sobre "el ataque del Gobierno al Estado de derecho".

En octubre de 2017, el Constitucional admitió a trámite un recurso del PSC y suspendió la convocatoria de un pleno del Parlament

Pero la situación no tiene apenas precedentes y los únicos que se recuerdan retrotraen a los días más duros del procés. El Constitucional nunca ha frenado la actividad parlamentaria mientras esta tenía lugar. La situación más parecida se produjo el 5 de octubre de 2017, cuando el tribunal admitió a trámite un recurso del Partido Socialista de Cataluña y suspendió la convocatoria de un pleno del Parlament que iba a celebrarse cuatro días más tarde para valorar el referéndum ilegal del 1-O.

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Aquella decisión, sin embargo, se adoptó por unanimidad, y al pleno de este viernes los magistrados llegan claramente divididos. Los progresistas no comparten la argumentación del PP. Fuentes jurídicas consultadas dudan de la vía utilizada por los populares: un recurso de amparo que incluye solicitud de cautelarísimas. Consideran que el mecanismo solo puede atenderse para preservar o restablecer lesiones concretas y efectivas de derechos o libertades y no, como es el caso, de forma abstracta.

Lo cierto es que los de Feijóo se agarran en su argumentación no al fondo, sino a la forma en que los partidos del Gobierno tienen previsto modificar dos leyes orgánicas como son la del TC y la del Poder Judicial. El PP impugna la ejecución del acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso, que permitió la tramitación de dos enmiendas introducidas en la reforma penal por vulneración de los derechos políticos de los diputados. Se apoyan en un dictamen de los propios servicios jurídicos del Congreso, que avisaron sobre la "antijuridicidad" de reformar el poder judicial a través de otra iniciativa legislativa independiente, con la que se pretende eliminar el delito de sedición.

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Algunas de las fuentes consultadas esperan, al menos, un toque de atención al Parlamento. Desde que se conoció el contenido de las enmiendas, se multiplican las voces que avisan de su inconstitucionalidad. Hay quien defiende un pronunciamiento intermedio que implique lanzar una sugerencia de reconsideración de la iniciativa. Otras fuentes indican que el Gobierno trató de alentar a algunos magistrados cercanos a la izquierda a no presentarse al pleno para poner en riesgo la legitimidad de la decisión que se adopte.

La Moncloa contiene la respiración

Génova ha mantenido en secreto una maniobra in extremis que ha costado un importante quebradero de cabeza a la Moncloa. Cuca Gamarra fue la encargada de informar del recurso en los pasillos del Congreso este miércoles, un "golpe de efecto" a ojos del PP que, en el caso más desfavorable, se traducirá en un importante aviso del Tribunal Constitucional sobre lo que tildan como "un ataque" del Gobierno a la separación de poderes, del que pretenden hacerse eco en Europa. Feijóo neutraliza, además, el ruido que había generado Vox con su moción de censura contra Sánchez, que pasa ahora a un plano secundario.

En el Gobierno contienen la respiración ante lo que supondría un choque inédito entre instituciones y no solo la desautorización de una técnica legislativa que la oposición ya ha cuestionado en otras ocasiones, sino de una reforma precisamente para forzar el desbloqueo en el Tribunal Constitucional. En los últimos días, desde la Moncloa se ha ido subiendo el tono de confrontación pública con la parte conservadora del poder judicial. De limitar sus reproches al PP por no pactar la renovación de los órganos constitucionales, se ha pasado a señalar también a los “operadores jurídicos conservadores”, así como a referirse a un “secuestro” de los órganos constitucionales.

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Para el Ejecutivo, sus dos enmiendas para forzar con un cambio de mayorías la renovación de TC se justifican por la urgencia y la gravedad de la situación. Unos cambios, incluidos en la reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición, que incluso los fiscales progresistas han criticado por las formas. Sin un debate previo, sosegado y evitando los informes preceptivos de los órganos correspondientes. Si bien se enmarcan estas actuaciones como una estrategia del PP para hacer ruido y tratar de dar más visibilidad a sus críticas, deslizando así que no se aceptarán las cautelarísimas, lo cierto es que desde el Gobierno evitan anticipar cuál será el proceso si se pide retirar las enmiendas del debate del pleno del Congreso de hoy.

Entre los miembros de la Mesa del Congreso de los grupos que sostienen al Gobierno tampoco dan pistas, más allá de que habría que convocar una reunión del órgano rector de la Cámara para discutirlo. Desde la presidencia del Congreso, sugieren que en el caso de que el Constitucional paralice la reforma, debería dar instrucciones sobre cómo proceder. Se trata de una situación que nunca antes ha ocurrido y la palabra más socorrida es “inédito”. “Estamos in albis”, señalan desde el entorno de la Mesa. Uno de los miembros del órgano por parte del Gobierno señala que en cualquier caso no se prevé un escenario de incumplimiento de lo que dicte la resolución, sea cual sea. Desde la parte morada, sin embargo, echan leña al fuego y muestran su temor a que el Constitucional le dé la razón al PP porque "están actuando como soldados del PP y Vox".

Podemos denuncia que en el Constitucional "están actuando como soldados de PP y Vox"

El socio minoritario ya pidió desobedecer la retirada del acta de su diputado Alberto Rodríguez. En un primer momento, Batet decidió mantener el escaño al político inhabilitado, esgrimiendo un informe de los letrados. Solo tras la misiva del Supremo, el tribunal sentenciador, interesándose por el inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación, se procedió a suspenderlo con el voto en contra de los morados.

Este no fue el único choque institucional protagonizado bajo la presidencia de Batet. El Tribunal Constitucional ya desautorizó su decisión de cerrar el Congreso durante el inicio de la pandemia. Se tumbó así el acuerdo de la Mesa del Congreso, que en marzo de 2020 congeló los plazos reglamentarios de las iniciativas que ya se encontraban en tramitación en la Cámara, al considerar que esta decisión fue inconstitucional. La presidenta del Congreso hacía un discurso coincidiendo con el aniversario del Día de la Constitución en el que deslizaba un compromiso, pero también un mensaje indirecto para el PP por el bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales, que ahora adquiere todavía más vigencia: "Tras 12 años de magistratura constitucional, en el momento de dejar el alto tribunal que presidió, Tomás y Valiente nos ofreció una máxima de experiencia que debemos tener siempre presente: 'Las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace".