El TC convoca un pleno urgente este jueves, horas antes de que el Congreso vote la reforma judicial
El tribunal debatirá a las 10 de la mañana si paraliza la reforma de Sánchez para modificar el sistema de nombramientos del CGPJ y del TC. La ponencia corresponde por turno al magistrado conservador Enrique Arnaldo
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El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha convocado un pleno urgente este jueves a las 10 de la mañana para decidir si frena la reforma del Poder Judicial que pretende ejecutar el Gobierno vía enmienda a la proposición de ley que rebaja el delito de sedición, y que se vota por la tarde en la Cámara Baja. El órgano ha tomado esta decisión después de que el Partido Popular haya presentado in extremis un recurso de amparo ante el Constitucional y haya solicitado medidas cautelarísimas contra las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos por las que se modificaría el sistema de nombramientos del CGPJ y del propio TC. Si el Tribunal aceptase la petición del PP, se suspendería de inmediato la tramitación de las citadas enmiendas.
En este momento, la reforma judicial del Gobierno está en manos del Tribunal Constitucional, donde persiste una mayoría del bloque conservador. Los populares piden al órgano que suspenda cautelarmente la tramitación de las citadas enmiendas, una maniobra de "extraordinaria urgencia" por el limitado margen de actuación. De hecho, el pleno en que el TC debe decidir sobre el recurso de amparo del PP se celebrará sólo unas horas antes de que el Congreso vote la controvertida proposición de ley sobre sedición, que incluye las enmiendas para reformar el Poder Judicial. La votación está prevista alrededor de las seis de la tarde. El Constitucional llegaría a tiempo.
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"Pedimos que se suspenda la ejecución de los acuerdos que afectan a la tramitación de las dos enmiendas", aclaraba Cuca Gamarra en los pasillos del Congreso, refiriéndose a la reforma de la ley del Poder Judicial y de la que rige el propio Constitucional. "Lo que comenzó siendo una ley para derogar el delito de sedición se ha convertido también en una ley que abarata la corrupción y con la que se quiere introducir por la puerta de atrás la modificación de dos leyes orgánicas para controlar el Tribunal Constitucional", incidía.
Los populares confían en sus opciones de frustrar el trámite por la "inconstitucionalidad manifiesta" de la reforma del Ejecutivo, por la mayoría conservadora que aún existe en la cúpula del TC, y por las advertencias que diferentes juristas y el propio Consejo han venido realizando sobre la maniobra jurídica del Gobierno. Además, la ponencia sobre la petición de cautelarísimas corresponde por turno al conservador Enrique Arnaldo, nombrado hace meses como magistrado del TC a propuesta de los populares.
La ponencia sobre la petición de cautelarísimas corresponde por turno al magistrado conservador Enrique Arnaldo
Las enmiendas que pide paralizar el Grupo Popular son las enumeradas como 61 y 62, presentadas por PSOE y Podemos, los dos grupos parlamentarios de la coalición. La primera de ellas modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, alterando el régimen de nombramientos de magistrados por el CGPJ y "vulnerando" el artículo 159.1 de la Constitución. La citada enmienda elimina el cuórum mínimo del órgano que permite eludir la mayoría reforzada de tres quintos para este tipo de resoluciones, "exigida expresamente para garantizar la independencia de los magistrados y asumida pacíficamente durante cuatro décadas".
La segunda enmienda por la que el PP ha pedido amparo es la que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y elimina la potestad de este órgano para verificar la adecuación de los nuevos nombramientos de los magistrados, "lo que supone un atentado a la independencia y autonomía del Tribunal Constitucional". El Gobierno impulsó este trámite para evitar que la cúpula del Constitucional bloquease la entrada de los dos magistrados propuestos por el Ejecutivo, Juan Carlos Campo y Laura Díez. Además, la reforma habilita la posibilidad de que la renovación se produzca por un "sexto" del Tribunal en lugar de "un tercio", lo que contraviene lo fijado en el artículo 159.3 de la Constitución, donde se dispone que los magistrados se renovarán por terceras partes cada tres años.
"Uso fraudulento de los trámites parlamentarios"
En el recurso, el primer partido de la oposición denuncia también el "uso fraudulento de los trámites parlamentarios", en alusión al mecanismo escogido por el Ejecutivo para introducir modificaciones en el Código Penal. De hecho, el PP ya presentó varios escritos a la Mesa del Congreso —desestimados por el órgano presidido por Meritxell Batet— para solicitar la paralización de la tramitación exprés de la proposición de ley con la que se pretende derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación. Los de Feijóo exigían activar un procedimiento ordinario, previa petición de los informes pertinentes a los órganos constitucionales por la "gravedad" y "profundidad" de la reforma.
Fuentes del PP recuerdan que los servicios jurídicos del Congreso ya lanzaron una advertencia el pasado lunes sobre la "antijuricidad" de la modificación del sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional a través de una enmienda a una iniciativa legislativa con un objeto completamente distinto, que no es otro que el de la eliminación del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación. Durante la Ponencia de la Comisión de Justicia del pasado lunes "se advirtió de que las enmiendas no guardan la homogeneidad y coherencia exigibles o necesarias para figurar en la proposición de ley, porque no tienen que ver con el tema principal que pretende legislar", subrayan en el PP.
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Gamarra ha subrayado que el partido ha optado por "medidas excepcionales" para tratar de frenar el "ataque" del Gobierno al "Estado de derecho" y al "orden constitucional". Se trata de la primera ofensiva judicial del PP a la batería de reformas ejecutada por el Ejecutivo de Sánchez, si bien los populares señalan que preparan nuevos recursos contra el objeto central de la proposición de ley, en relación con la eliminación del delito de sedición y el "abaratamiento de la corrupción".
El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha convocado un pleno urgente este jueves a las 10 de la mañana para decidir si frena la reforma del Poder Judicial que pretende ejecutar el Gobierno vía enmienda a la proposición de ley que rebaja el delito de sedición, y que se vota por la tarde en la Cámara Baja. El órgano ha tomado esta decisión después de que el Partido Popular haya presentado in extremis un recurso de amparo ante el Constitucional y haya solicitado medidas cautelarísimas contra las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos por las que se modificaría el sistema de nombramientos del CGPJ y del propio TC. Si el Tribunal aceptase la petición del PP, se suspendería de inmediato la tramitación de las citadas enmiendas.