Moncloa tendrá en el TC el control sobre sus leyes aunque Campo y Díez se inhiban

La Moncloa asume un riesgo con el nombramiento para el Tribunal Constitucional de Juan Carlos Campo y Laura Díez, pero es un riesgo medido. El Ejecutivo es consciente de que los elegidos tendrán que abstenerse en los recursos de inconstitucionalidad de las leyes del Gobierno o, al menos, en las que participaron ostentando sus cargos, como serían la ley de eutanasia, la reforma laboral o la ley Celaá, todas ellas recurridas. No obstante, los números del TC y el voto de calidad de su futuro presidente, que será sin ninguna duda progresista, igualan las fuerzas y conseguirán mantener el control ante la revisión de las normas de la legislatura.

La renovación completa del órgano, incluyendo los dos magistrados que aún debe designar el Consejo General del Poder Judicial y la sustitución pendiente del magistrado Alfredo Montoya —que correspondería al PP—, dejaría el cómputo de votos en cada sector con un siete a cinco. Los progresistas superan en dos a los conservadores y si Campo y Díez se vieran obligados a apartarse, quedarían empatados a cinco. El as en la manga de la Moncloa se encuentra en el artículo 90.1 de la ley orgánica del tribunal, que establece que las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros del pleno, sala o sección que participen en la deliberación y precisa: "En caso de empate, decidirá el voto del presidente".

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Esa misma ley hace referencia a las causas de abstención y recusación de los magistrados del TC y se remite, en su artículo 80, a las previstas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria. Entre las incluidas, se encuentra el hecho de haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales "haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo". Tanto Campo como Díez se verían afectados.

Desde el Ejecutivo, no solo cuentan con esa baza del voto doble de la presidencia. También realizan un cálculo de largo recorrido y consideran que el relativo riesgo que corren es temporal. Para la Moncloa, la causa de abstención no afectará a recursos futuros de nuevas leyes, aquellas desarrolladas en la etapa posterior a que abandonaran sus responsabilidades políticas.

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También cuentan con que la plaza mencionada de Montoya permanecerá congelada durante un plazo indeterminado. El magistrado fue nombrado en su día por el Senado a propuesta del PP como parte de un pacto global con el PSOE. Su sustitución exige el apoyo de tres quintos de la Cámara Alta y, por tanto, debe ser acordada por ambas partes. Tras la ruptura de las negociaciones hace ahora un mes, populares y socialistas se encuentran más alejados que nunca. Con la plaza vacante, el bloque conservador pierde un voto más, quedando las fuerzas siete a cuatro.

Tensión por el nombramiento efectivo

Sin embargo, antes de que Campo y Díez desembarquen en el TC deben superar el escollo de la idoneidad, que ya comienza a provocar tensiones en el seno del tribunal de garantías. Este mismo miércoles, el pleno ordinario que se celebraba en el Constitucional desembocó en un tira y afloja sobre los tiempos para su nombramiento oficial. Tres magistrados progresistas, entre ellos Cándido Conde-Pumpido, que aspira a la presidencia, trataron de forzar la convocatoria inmediata del examen de los dos seleccionados por el Ejecutivo. El resto de magistrados se manifestó en contra.

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La idea inicial del TC fue desde un comienzo esperar un tiempo prudencial al Consejo General del Poder Judicial. El tope se ha fijado en el próximo 22 de diciembre, día en que el CGPJ celebra su último pleno del año. No hay seguridad alguna de que en esa fecha la elección se produzca. Como ha publicado El Confidencial, los conservadores se resisten a apoyar al candidato oficial de los progresistas, José Manuel Bandrés, y han trasladado que sí apoyarían a otro magistrado, Pablo Lucas.

Para una parte del Constitucional, la idoneidad de los propuestos no es posible si no se examina en conjunto. Para la otra, esperar al Consejo equivale a ceder al "chantaje" del bloque más cercano a la derecha y perpetuar la situación de bloqueo. Al menos de momento, el Gobierno se ha limitado a presentar al tribunal los dos nombres y dejar en sus manos la forma de proceder. Eso puede cambiar. Si la situación se perpetúa, no es descartable un movimiento del Gobierno para empujar el acceso de garantías.