El PSOE pacta con ERC rebajar las penas de malversación del procés de doce a cuatro años

El PSOE y ERC han llegado a un acuerdo esta tarde en el Congreso para reformar el delito de malversación en el Código Penal junto al de la sedición. Las penas por el delito de malversación asociado al procés, para el que se crea un nuevo tipo que hace referencia a "destinar patrimonio público a un fin distinto al previsto", quedará limitado a penas de uno a cuatro años. Un tercio menos de las penas de malversación en las que se incluyó al procés. Con la regulación vigente hasta ahora, la malversación agravada se castigaba con penas de hasta doce años.

El nuevo delito, además, no tiene agravantes, según la enmienda transaccional presentada por los socialistas y que han firmado los republicanos para incorporar al dictamen. Las penas de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público van de dos a seis años. Este mismo miércoles se votará en comisión la reforma, donde contará con mayoría, y está previsto que se convoque un pleno para el jueves en el que la reforma del Código Penal quedaría definitivamente aprobada por el Congreso.

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Fuentes del grupo republicano, defienden que este nuevo tipo no se corresponde con las conductas como la de organización del 1-O "y menos aún con penas de prisión". Para ello se basan en que el nuevo tipo fija como requisito para las penas de prisión que con el desvío presupuestario se cause un “daño o entorpecimiento grave del servicio público”.

Un extremo que, aseguran desde ERC, "no se produjo" en el caso del procés. En caso de que esta fuese la interpretación de un juez, de no observar "entorpecimiento grave del servicio" al que estuvieran destinados los fondos malversados, la redacción del nuevo tipo delictivo limita las penas a una multa de tres a doce meses y la inhabilitación de uno a tres años.

La reforma incluye otro nuevo apartado, que también podría beneficiar a los dirigentes independentistas, por el que se impone la pena inferior en uno o dos grados a los condenados por el nuevo delito de "destinar patrimonio público a un fin distinto al previsto" en caso de que reintegren el perjuicio causado al patrimonio público. Para ello, los culpables deberían "reparar de modo efectivo e íntegro" el perjuicio causado "antes del inicio del juicio oral".

Con la enmienda transaccional sobre malversación, finalmente se establecen tres tipos de conductas castigadas por este delito. En primer lugar, la apropiación o intento de apropiación de patrimonio público, con ánimo de lucro, para el enriquecimiento personal o de terceros, que integra la conducta más grave y contiene varios agravantes. Este contiene las mismas penas que las actuales para castigar las conductas de corrupción.

En segundo lugar, se incluye el uso temporal de patrimonio público para uso privado, donde se concreta que el uso temporal del patrimonio público sea para un uso “privado”, y no “particular” o “ajeno a la función pública”, como estaba redactado inicialmente. Por último, el nuevo delito se enfoca a las actuaciones en las que se dé al patrimonio público una aplicación distinta a aquella a la que estaba destinado.

Limitación de los desórdenes públicos agravados

Desde Unidas Podemos se han desmarcado a última hora de la enmienda transaccional del PSOE, sosteniendo que no hay suficientes garantías técnicas de que no sirva para revisar sentencias por corrupción. "Tenemos dudas sobre la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces y por eso no vamos a firmar esa enmienda", trasladaban desde el grupo parlamentario morado esta mañana. La decisión ha cogido a los socialistas celebrando su ejecutiva y la propia portavoz ha reconocido su "sorpresa". "Nos sorprende ese 'sí, pero no firmo lo que voto'", afeaba Pilar Alegría, dando por hecho que los morados no harían descarrilar la reforma. Finalmente, han votado a favor, aun excluyendo su firma de la enmienda transaccional pactada por PSOE y ERC.

PSOE y Unidas Podemos también han enmendado su propuesta de reforma del delito de sedición, que lo sustituye en el Código Penal por el de desórdenes públicos agravados, con el objetivo de excluir conductas como las derivadas de manifestaciones. De este modo, se modifica la exposición de motivos del delito de desórdenes público, estableciendo que está previsto para casos “excepcionales” en los que se produzca “un comportamiento autónomo y con elementos (número, organización y propósito de la multitud) dispuestos, desde el inicio, para alterar gravemente el orden público, con una intensidad notablemente mayor de la que puede producirse en la modalidad normal de los desórdenes públicos”. Asimismo, se eliminan agravantes como llevar la cara tapada o participar en una manifestación para limitar su aplicación.