El Gobierno sustituirá el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados

Los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, registrarán este viernes en el Congreso la reforma del delito de sedición. La intención, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será sustituirlo por el delito de desórdenes públicos agravados. "Reemplazarlo por un delito homologable al de otras democracias europeas", en palabras del jefe del Ejecutivo. Desde ERC siempre se defendió la eliminación de este delito, frente a la reforma propuesta por el Ejecutivo para limitarse a rebajar las penas. Según el Código Penal, las penas para los desórdenes públicos agravados serían de este modo de uno a seis años, frente a las condenas de entre 10 y 15 años de la sedición en el caso de autoridades.

Durante una entrevista este jueves por la noche en La Sexta, Pedro Sánchez ha señalado que existirían las mayorías necesarias para llevar a cabo la reforma, como ya habían insistido desde ERC. Al presentar esta iniciativa a través de los grupos parlamentarios, la tramitación será más rápida que si se hace a través del Gobierno, además de que se evitará así que tanto el CGPJ como el Consejo de Estado tengan que emitir sendos informes. Según Sánchez, esta medida, que facilitaría la vuelta de los dirigentes independentistas fugados por el procés, caminaría a favor de mejorar "la convivencia" en Cataluña.

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Desde ERC se ha apresurado a aplaudir el anuncio del presidente del Gobierno. "La eliminación de la sedición es un gran paso adelante, un paso imprescindible en la dirección de acabar con la represión política por el conflicto entre el Estado español y Cataluña", ha trasladado fuentes del grupo republicano en el Congreso. "No hubiera sido posible sin la negociación política entre ambos gobiernos, y no hubiera sido posible sin la apuesta de Esquerra Republicana por la vía negociada para acabar con la represión", añaden estas mismas fuentes. Finalmente, concluyen que "la amnistía y la autodeterminación son nuestro objetivo político y seguiremos trabajando en ello".

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno por esta decisión. "Siento tener razón en que Sánchez pone siempre su interés político por encima del de España", ha escrito en su cuenta de Twitter. "Es una irresponsabilidad histórica corregir el trabajo del Supremo de la mano de los condenados y una gran ingenuidad porque el independentismo nunca, jamás, se conforma", ha lamentado. El presidente del Partido Popular también se ha comprometido a devolver a España "la calidad democrática que se merece" y se ha mostrado "convencido" de que "hay una mayoría social que no acepta más mentiras de este Gobierno ni más chantajes del independentismo".

Desde Génova también han acusado a Sánchez de tomar esta decisión como "moneda de cambio con el independentismo para facilitar su permanencia" en el Gobierno. A través de un duro comunicado, aseguran que el jefe del Ejecutivo se habría "rendido a políticos fugados o a dirigentes con sentencia firme por utilizar instituciones autonómicas contra España y contra su unidad territorial". Asimismo, apuntan "al silencio de sus mandos intermedios", calificándolo como "una traición a los valores que un día decidieron representar".

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El Ejecutivo retomó el pasado mes de julio este compromiso, en el marco de la mesa de diálogo con la Generalitat. Según se comprometieron por escrito ambas delegaciones en su última reunión, los cambios legislativos en materia de "desjudicialización" del conflicto catalán debería materializarse "antes de finalizar el próximo periodo de sesiones". Unos plazos que coinciden con la aprobación de los presupuestos de 2023, para los que el Ejecutivo necesita el apoyo de ERC y llevar así la legislatura a término con estabilidad.

Para la reforma de una ley orgánica, como es el caso del Código Penal, se precisa una mayoría absoluta en el Congreso —176 votos a favor—, que el Gobierno tendría asegurada con sus socios parlamentarios habituales. Los primeros beneficiados de la reforma serían los dirigentes fugados en caso de volver a España para someterse a la Justicia, al tener carácter retroactivo. Un grupo en el que, además de Carles Puigdemont, se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Los delitos de malversación quedarían en otro plano, aunque el acuerdo "para superar la judicialización y reforzar las garantías" sellado en la mesa de diálogo entre Gobierno y Govern también incluyó compromisos como "preservar las máximas garantías" en procesos que "afecten al patrimonio de las personas".

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El compromiso de retomar la reforma de este delito provocó la ruptura de las negociaciones por parte del PP para renovar el órgano de poder de los jueces. Apenas dos semanas después, y tras negar hasta la fecha la falta de avances o poner en duda la aritmética parlamentaria para aprobar la reforma, el Gobierno dará el paso de llevarla al Congreso. Para desbloquear esta situación, Sánchez ha descartado reformar la ley para rebajar las mayorías necesarias. Se desecha así una amenaza que se había vertido desde Ejecutivo, sin cerrar la puerta a buscar la vía para renovar el CGPJ sin tener que necesitar el apoyo en el Congreso del PP.

Sánchez se ha mostrado más reticente a aceptar las posiciones de ERC para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada ley mordaza, aludiendo a que no es aceptable incluir en esta negociación "otros debates". Se trata de otras de las cuestiones que los republicanos han incluido dentro de la carpeta de la "desjudicialización", con el objetivo de rebajar las multas por desórdenes. Con ello, desde ERC pretenden englobar también a los acusados de estos delitos en protestas relacionadas con el procés. Lo que denominan “el resto de la agenda antirrepresiva”, incluyendo no solo a dirigentes independentistas, sino también a "todos los ciudadanos".

Ministras alcaldables: Darias y Maroto

Los dos aspectos de la ley que negocia ERC afectan a las sanciones impuestas a aquellas personas que participaron tanto en los disturbios que tuvieron lugar durante el 1-O como en las manifestaciones celebradas en 2019 después de que se hiciera pública la sentencia del procés. El empeño de Esquerra es reducir “la persecución” desactivando, por una parte, la presunción de veracidad de los miembros de distintos cuerpos policiales y, por otra, la cuantía de las multas previstas. Sin embargo, el Gobierno se opone a todo lo que tenga que ver con desproteger la versión de los agentes en los procedimientos sancionadores.

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El presidente del Gobierno no ha querido pinchar los rumores de que la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid será la ministra de Industria, Reyes Maroto. Más bien ha seguido inflando el globo, al calificarla, junto a la titular de Sanidad, Carolina Darias, quien daría el salto para competir por la alcaldía de Las Palmas, como ministras "extraordinarias, buenas gestoras y que pueden garantizar solvencia". Los socialistas ajustarán el anuncio lo máximo posible a los plazos marcados en el calendario de primarias para el registro de las precandidaturas —20 y 21 de noviembre—.