El Gobierno negocia otro gesto hacia ERC para rebajar multas por desórdenes tras el 'procés'

El Gobierno y ERC han intensificado las negociaciones para desbloquear la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, con la vista puesta por parte de los republicanos en aligerar las sanciones relativas a "desobediencia y desacato a la autoridad". Junto al delito de sedición, que el Ejecutivo quiere sacar del carril de negociación de los presupuestos, esta reforma es uno de los asuntos de la carpeta sobre la desjudicialización en que ponen el foco los catalanes. Con ello pretenden englobar también a los acusados de estos delitos en protestas relacionadas con el procés. Lo que denominan “el resto de la agenda antirrepresiva”, incluyendo no solo a dirigentes independentistas, sino también a "todos los ciudadanos".

Los dos aspectos de la ley que negocia ERC afectan a las sanciones impuestas a aquellas personas que participaron tanto en los disturbios que tuvieron lugar durante el 1-O como en las manifestaciones celebradas en 2019 después de que se hiciera pública la sentencia del procés. El empeño de Esquerra es reducir “la persecución” desactivando, por una parte, la presunción de veracidad de los miembros de distintos cuerpos policiales y, por otra, la cuantía de las multas previstas.

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Respecto al primer punto, la conocida como ley mordaza protege en su artículo 52 la versión de los agentes e indica que en los procedimientos sancionadores que se instruyan las denuncias, atestados o actas de los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que presencian lo sucedido “constituirán base suficiente”. La mera indicación de un agente basta así para multar.

Además, la ley de seguridad ciudadana incluye elevadas multas que, para ERC, son abusivas. Las infracciones muy graves se sancionan con hasta 600.000 euros y las graves con hasta 30.000 euros, y afectan directamente a los promotores de distintas concentraciones independentistas. Están consideradas muy graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas “en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad”, como aquellas que se desarrollaron en el aeropuerto de El Prat en Barcelona o en la estación ferroviaria de El Prat.

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La ambición de ERC es llegar más allá. Las personas que participaron en los distintos altercados que se dieron en aquellas fechas no solo se enfrentan a multas, sino también a imputaciones por la comisión de delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Otra reforma legal del PP, en este caso la del Código Penal de 2015, elevó las penas para endurecerlas. Según el cálculo del independentismo, más de 200 personas se encuentran acusadas por los hechos de 2019, y muchas de ellas se han ido enfrentando a peticiones de prisión de la Fiscalía que rondan los cinco años.

Esquerra apuesta por una modificación a la baja de la actual legislación. El Código Penal que impulsaron los populares pasó a castigar con hasta seis años de cárcel los desórdenes públicos cuando en el anterior se estipulaban tres. A pesar de la norma, las decisiones de los distintos tribunales catalanes que han instruido los hechos y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han sido atemperar las condenas. Lo mismo ha sucedido con el Ministerio Público, que ahora reclama condenas inferiores a los dos años, que no implicarían un ingreso en la cárcel.

Entre la Comisión de Interior y la mesa de diálogo

ERC ha pasado de situarse “muy lejos” de un acuerdo en esta materia —apuntando a la falta de voluntad para ir más allá y “tocar el Código Penal”— a subrayar “avances”. Eso sí, sin que se hayan pulido las resistencias de los socialistas a introducir cambios en todo lo que afecte a la presunción de veracidad de los miembros de las fuerzas de seguridad.

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Fuentes de Unidas Podemos en el Congreso coinciden en señalar que se están intensificando las reuniones y que “se han producido avances” para desbloquear el texto, que lleva varado un año en la Comisión de Interior. Todavía sin abrirse la ponencia desde que hace un año finalizó la prórroga para la presentación de enmiendas. Principalmente por la falta de apoyo de ERC hasta ahora, que forma parte del grupo de trabajo en la comisión junto a PSOE, Unidas Podemos, PNV, Bildu y JxCAT.

Los dos grupos que sostienen al Gobierno ya pactaron flexibilizar el régimen sancionador. Sin ninguna referencia a la desobediencia, socialistas y morados acordaron “reducir las multas que son excesivas y, en todo caso, aplicar siempre criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado”. Asimismo, se pactó modificar los artículos referentes al derecho de reunión para que la ausencia de comunicación previa de una manifestación no impida el ejercicio de este derecho, siempre que sea de forma pacífica.

Opinión

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Desde el Ejecutivo, reconocen que las leyes en tramitación son asuntos abordables en la mesa de negociación con ERC. Como ejemplo, mencionan el articulado de vivienda, otra de las reivindicaciones de los independentistas para dar su apoyo a los presupuestos. La ley mordaza está en tramitación, aunque se ha constituido un grupo de trabajo para abordar su reforma y otros grupos implicados defienden que vaya “por otro carril” distinto al de las cuentas. La reforma, con todo, se está abordando de forma paralela, al contrario que el delito de sedición, sobre el que el Gobierno ya ha descartado presentar una propuesta a corto plazo o sondear la posibilidad de apoyos de otros grupos hasta no cerrar el capítulo de las cuentas.

En la mesa de diálogo entre la Moncloa y la Generalitat, también se ha activado un grupo de trabajo mirando a la reforma del Código Penal. Una serie de "modificaciones legislativas", con el delito de sedición como principal caballo de batalla por parte de ERC. Según se comprometieron por escrito ambas delegaciones en su última reunión antes del verano, estos cambios deberán materializarse "antes de finalizar el próximo periodo de sesiones". Esto es, antes de que acabe el presente año, coincidiendo con la aprobación de los presupuestos de 2023.