Unidas Podemos teme que el PSOE no ceda y que la ley de vivienda no vea la luz esta legislatura

Unidas Podemos dará la batalla hasta el final para aprobar la ley de vivienda, pero ya hay dirigentes morados que temen que el PSOE no cederá y no se incluirán varias medidas que consideran vitales. Incluso, sospechan que la norma no superará su tramitación en el Congreso de los Diputados, lo que les lleva a preguntarse si tiene sentido que vea la luz. En paralelo, el PSOE también ha pasado a la ofensiva contra sus socios y la batalla en la coalición por esta cuestión se recrudece.

Desde Unidas Podemos culpan a los socialistas del retraso en la tramitación de la norma, que llegó a la Cámara en febrero, y en ellos no aprecian voluntad real de aprobar una ley contundente. "El PSOE no está en esas", afirman. Reconocen a El Confidencial que será "difícil" que incluya las medidas que durante meses han reclamado añadir al texto consensuado con sus socios en el Consejo de Ministros. Esto es: aplicar la ley a los particulares que tengan 10 o más viviendas, utilizar las casas vacías de la Sareb para alquiler social y prohibir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

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La percepción de que el PSOE no está interesado en aprobar esta norma es compartida, además, por varios grupos parlamentarios que van mucho más allá del bloque de investidura, mientras los socialistas insisten en que es una de sus prioridades.

En Unidas Podemos no hay debate sobre la necesidad de seguir presionando por la aprobación de esta norma, pero sí lo ha habido sobre los inconvenientes de avalar una ley que, tal y como está contemplada hoy, consideran insuficiente para actuar contra los desahucios o los exorbitantes precios de los alquileres. "Nuestra voluntad es que sea una herramienta útil para garantizar el derecho constitucional a un techo", apuntan. La enmienda antiocupación de sus socios, registrada ante otra norma, pero que "compra el marco de la derecha y la ultraderecha", impactó como un obús en la dirección de los morados. De momento, no aventuran qué votarán si tienen que examinar una norma que no contenga estos mínimos, considerados "máximos" por la parte socialista del Ejecutivo, ni quieren entrar en ese escenario. La consigna es seguir apretando para hacerla posible.

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Pero sí advierten de que dos de los aliados parlamentarios del Gobierno, ERC y Bildu, están en sus tesis en esta materia. Su mensaje es que, si el PSOE realmente quiere, pueden pactarla y garantizarse los votos necesarios mañana mismo, con los aliados habituales. Los socialistas también han pasado a la ofensiva, empezando por negar a Unidas Podemos la condición de interlocutor en la negociación sobre esta norma.

El acuerdo sobre vivienda, como sobre la ley mordaza, eran una línea roja reivindicada por Unidas Podemos como imprescindible, antes de avalar el proyecto de ley de presupuestos, y el rechazo del PSOE a incluir estas materias en ese pacto ha generado un profundo malestar en este espacio político. "Sería una tomadura de pelo", una decisión "absurda y ridícula", que la Ley de Presupuestos incluyera la ley de vivienda, pues esto ya formó parte del acuerdo presupuestario para 2022, despachó el viernes la ministra de Hacienda.

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María Jesús Montero y otros socialistas del Ejecutivo han dejado ver su malestar con la decisión de sus socios de enmendar su propia ley, que tanto les costó pactar. No olvidan esta actuación de Unidas Podemos y mantienen que ellos ya han "cumplido" con sus socios. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sostuvo el jueves que nunca ha habido "parálisis" o "bloqueo" en su tramitación, y apuntó a que el PSOE espera que alcancen un acuerdo antes de que acabe el año. Casi a la misma hora, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, denunciaba ante su predecesor al timón del partido, Pablo Iglesias, el "alineamiento muy importante" de los socialistas con los "intereses de la gran banca y de la patronal inmobiliaria", todo un dardo al discurso de Pedro Sánchez contra las élites.

El PSOE pide mimar cada detalle y evitar las prisas por temor a que el PP la recurra ante el Tribunal Constitucional —el Tribunal de Garantías ya aceptó un recurso del Partido Popular contra la norma catalana en esta materia—, como también rechaza la prohibición de los desahucios y aboga por adoptar medidas para retrasarlos.

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Esta semana se celebró una nueva reunión sobre la materia en el ministerio de Sánchez, que cuenta con las competencias sobre vivienda. Fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran que, aunque hay avances, queda mucho por trabajar, por concretar y por reflejar por escrito. "La voluntad de diálogo tiene que traducirse en hechos, ya se han transaccionado más de 400 de las 800 enmiendas presentadas. Si la voluntad es llegar a acuerdos, los acuerdos llegan", afirmó la ministra de Transportes.

"Si hubiera habido voluntad se hubiera cerrado ya", afirman fuentes del grupo parlamentario Unidas Podemos. Para este espacio, y especialmente para el partido morado, la vivienda es la viga maestra de su proyecto político. No en vano, distintos dirigentes del espacio vienen del activismo antidesahucios, y sencillamente no pueden asumir que su paso por el Gobierno no sirva para ponerles freno.

Tampoco tienen fácil apoyar una norma que no incluya algunas de sus medidas, porque no pueden imprimir su sello a una ley cuyos efectos no sean más que visibles. Ninguno de estos escenarios es asumible, y menos en un año electoral, en el que tendrán escasos meses para dar la vuelta a las encuestas. Tienen mejoras sobre fiscalidad, igualdad y otras materias sociales para vender, pero necesitan probar que han sido capaces de actuar en vivienda. Es una de sus razones de ser.