PSOE y UP quieren sacar la ley de vivienda antes de 2023 para prorrogar medidas antidesahucios

Unidas Podemos presiona estos días al PSOE para arrancarle un compromiso sobre cuándo llegará al pleno del Congreso de los Diputados la ley de vivienda, una reivindicación histórica de su grupo parlamentario y una norma que consideran clave de cara a la incertidumbre económica y el aumento generalizado de precios. Ambos partidos del Gobierno aseguran a El Confidencial que quieren que la norma entre en vigor antes del 31 de diciembre, cuando expira la prórroga del llamado escudo social, puesto en marcha por el Ejecutivo durante la pandemia.

Salvo que el Gobierno vuelva a prorrogar estas medidas de excepción, un escenario que no se descarta, la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional dejará de estar en vigor el 1 de enero, y por eso ambas fuerzas coinciden en que la norma, hoy en tramitación en el Congreso de los Diputados, debe estar en funcionamiento antes de esa fecha.

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El problema, sin embargo, es de fondo: mientras Unidas Podemos reclama prohibir los desahucios en estos supuestos, el PSOE se aferra a lo pactado en febrero, cuando el texto pasó la segunda vuelta en el Consejo de Ministros y fue remitido a la Cámara Baja. Tal cual recibió luz verde de ambos socios de gobierno, el texto contemplaba agilizar la comunicación entre jueces y servicios sociales, además de facultar a jueces y magistrados para prorrogar los lanzamientos, argumentan fuentes socialistas.

Desde entonces, los grupos parlamentarios han presentado un total de 840 enmiendas a una norma compleja, que toca competencias de distintos ministerios. Lidera el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero participan departamentos como Derechos Sociales, Justicia, Economía o Hacienda. Unidas Podemos redobló sus presiones al PSOE hace una semana, culpándolo de que la norma no avance más deprisa. El plazo para presentar enmiendas al texto venció el 6 de abril, y desde entonces están en fase de negociación y pendientes de constituir la correspondiente ponencia.

Hay cuestiones muy delicadas en la norma, desde la definición de los supuestos de vulnerabilidad hasta lo que toca a la actuación en las zonas donde los precios de los alquileres se consideren tensionados, uno de los puntos en que toca competencias de las comunidades autónomas, con lo que eso conlleva para los socios parlamentarios del Ejecutivo (ERC, PNV, Bildu o Compromís).

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La ley saldrá, afirman, pero lo hará cuando hayan limado todas sus aristas y construido un andamiaje jurídico que permita blindarla, dentro de lo razonable, ante un hipotético —y anunciado— recurso del PP ante el Tribunal Constitucional. Hace casi un año, en octubre de 2021, el entonces líder del PP, Pablo Casado, ya anunció que recurrirían esta norma ante el Tribunal de Garantías, denunciando el "intervencionismo suicida" del Gobierno "más radical de Europa".

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En el PSOE, reconocen que tendrán que aceptar algunos cambios en el texto, pero sostienen que deben ser calibrados al milímetro, y rechazan hablar de sus posiciones sobre enmiendas que actualmente están negociando.

Por su parte, el socio minoritario, que ha reforzado su ofensiva contra el PSOE —acusándolo de bloquear la norma—, ha condicionado su aval a los presupuestos para 2023 a que los socialistas comprometan una fecha para ver aprobada la norma. Las negociaciones presupuestarias cogieron cierta velocidad esta semana, con una reunión entre los primeros espadas de Unidas Podemos, del equipo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

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Al arranque de un año con múltiples citas electorales, Unidas Podemos aprovecha el contexto del tira y afloja con sus socios para construir las cuentas públicas, mientras disputa, con el PSOE, pero también con el resto de grupos, ser capaz de rentabilizar esta norma, así como las modificaciones que pueda lograr imprimirle. Entre otras cosas, a los socialistas también les molestó que Unidas Podemos presentara enmiendas a una ley de la que es coproponente.

En primer lugar, Unidas Podemos tiene claro, y el PSOE también, que la norma solo puede salir adelante con el respaldo de los socios parlamentarios habituales. Sobre esta base, Unidas Podemos reclama más ambición a sus socios, y sostiene que es necesario "encajar la legislación española" en el Protocolo Facultativo generado por la ONU, firmado en 2008 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

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Recuerdan también las llamadas de atención de Naciones Unidas a España por los desahucios sin alternativa habitacional, y por eso vuelven a otro de sus argumentos, que está contemplado en el pacto de coalición: que la Sareb, con participación mayoritaria pública, ponga sus viviendas sin ocupar al servicio de quienes necesitan un alquiler social. También reclaman limitar los precios del alquiler para todos los propietarios, no solo los grandes tenedores de vivienda, en las zonas de mercado tensionado.

Sus recetas, por tanto, son sustancialmente distintas, y ya fue evidente durante los múltiples choques dialécticos entre Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, y el ya exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Tienen en común, eso sí, que saben que deben aprobarla antes de que acabe el año.