Una carta con sello de la ONU: el truco para frenar desahucios que asusta a los jueces

"¡Nos ha llegado la resolución de la ONU! ¡Es la sexta!", dice alborotado Joan Segura, portavoz de la plataforma Stop Desahucios Mallorca. Lo que acaba de recibir Segura es un documento del Comité por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) exigiendo "medidas cautelares", es decir que se suspenda de inmediato un desahucio en Palma. En las cinco ocasiones anteriores, ocurridas en los últimos meses, este documento ha sido clave para paralizar desalojos en la isla, a veces ya con la comitiva judicial frente al edificio.

El papel lleva el membrete del Alto Comisionado de Naciones Unidas y desde que empezó a circular entre los movimientos sociales de España está intimidando y haciendo dudar a jueces y policías. Cada documento es personal e interpela al Estado español. En muchas ocasiones, los jueces optan por abortar la orden, para enorme júbilo de los afectados. Sin embargo, aquellos jueces que empiezan a familiarizarse con esta táctica de los colectivos sociales avisan: no es motivo suficiente para detener un desahucio y perjudicar al propietario de la vivienda, por mucho membrete que lleve. La polémica está servida.

"Paralizan un desahucio tras la intervención de la ONU", rezan los titulares de la prensa local por todo el país. ¿Realmente la ONU está exigiendo a los jueces españoles que aborten desahucios? Técnicamente no. Es decir, los colectivos sociales están jugando con la ambigüedad, a veces sin saberlo, para suspender lanzamientos. Un enredo diplomático y jurídico que más pronto que tarde España tendrá que resolver, pero que entretanto permite ganar tiempo a decenas de familias a punto de ser desalojadas, ya sean okupas o víctimas de engaño hipotecario.

"Hemos recibido muchísimas consultas desde España. Es importante aclarar que el Comité DESC no es la ONU", avisa el organismo

Así se define el Comité DESC, con sede en Ginebra: "Es un comité independiente formado por 18 expertos que supervisa que todos los países que firmaron el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [PI-DESC] de 1976 y luego el protocolo opcional en 2008 [entró en vigor en 2013] obedezcan las normas que suscribieron de forma voluntaria. España está entre esos países, y por eso con nuestros comunicados le recordamos a España que ha de respetar el pacto".

Hecha la presentación, desde el comité advierten: “Hemos recibido muchísimas consultas desde España en referencia a los desahucios. Es importante aclarar que el Comité DESC no es la ONU. Es un comité independiente que supervisa el cumplimiento del pacto, y los expertos actúan y se pronuncian en nombre del comité, no de la ONU. Esto es clave porque mucha gente comete ese error. Eso no quita que España esté obligada a escuchar al comité".

Entre uno y tres años de litigio

El procedimiento es el siguiente: una persona denuncia ante el Comité DESC que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados. En España casi todas las denuncias se centran en la vivienda. El comité recibe la documentación, que ha de ser muy exhaustiva, y emite un veredicto. Si estima la petición, emite de inmediato una solicitud de "medidas cautelares" al Ministerio de Asuntos Exteriores, su contraparte española, y envía otra copia al interesado. Ese papel no es un veredicto, solo una petición de que se suspenda el desahucio mientras el comité estudia el caso, con el objetivo de evitar "daños irreparables" a esa familia.

La resolución puede tardar entre uno y tres años. En ese tiempo, supuestamente el Estado no tiene derecho a desalojar a la familia afectada. Y al propietario de la vivienda, sea un particular o un banco, le toca esperar. Los jueces consultados aseguran que obligar a un propietario a verse privado de una sentencia judicial favorable, como es una orden de desahucio ya firmada, no es constitucional.

El comité no exige a España que suspenda el desahucio, sino que proporcione una vivienda alternativa. El problema es que no hay

En realidad, el comité no exige a España que suspenda el desahucio, sino que proporcione una vivienda alternativa a esa familia. Al no existir un parque de vivienda social suficiente, el organismo adscrito a la ONU pide que se detenga el desalojo hasta que España sea capaz de proveer un techo digno a los afectados.

Saturación de denuncias

Los movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y otros colectivos autonómicos son los que gestionan las solicitudes. Así que cuando el Comité DESC les responde favorablemente, corren a exigir al juez que suspenda el desalojo si no quiere violar el derecho internacional, y a su vez hacen presión desde los medios los comunicación y los partidos políticos, principalmente Podemos y sus círculos afines, para exigir a España que respete los derechos humanos. El caso del edificio Argumosa 11 de Madrid ha sido uno de los más paradigmáticos.

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"Nosotros supimos de este comité por la Plataforma de Afectados por la Crisis (PAC) de Badalona, que lo usaba de forma recurrente", explican desde Stop Desahucios Mallorca. Desde el Comité DESC admiten cierta saturación de peticiones llegadas de España y eso se está reflejando en sus comunicados: cada vez cuesta más obtener las medidas cautelares. El año 2018 se cerró con 108 peticiones españolas sobre vivienda, de las cuales se admitieron a trámite 67 y se pidieron medidas cautelares para 63. Este año la cifra alcanza las 160 peticiones. "Vemos que se están emitiendo menos medidas, si comparas desde marzo hasta junio, ahora llegan a cuentagotas", confirman desde Mallorca.

El año 2018 se cerró con 108 denuncias españolas sobre vivienda. Este año la cifra alcanza las 160

Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, advierte de que solo se debe contactar al comité "en casos de especial vulnerabilidad para no colapsar una herramienta que hoy es muy útil y puede serlo mucho más en el futuro. Se trata de un último recurso una vez agotadas todas las vías". Jacinto considera que España ha de empezar a tomarse en serio estos comunicados, ya que si no acata los mandatos del comité "nos encontraremos con procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado, como ya ocurrió en el caso de Women’s Link".

En el caso citado, el Estado no hizo caso a los comunicados del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), comité análogo al DESC, y el Tribunal Supremo terminó condenando a la administración a indemnizar con 600.000 euros a una víctima de maltrato. En realidad, ya existen dos dictámenes condenatorios a España en materia de vivienda que obligan a reparar a las víctimas. De momento están sin respuesta. La Secretaría General de Vivienda del Ministerio de Fomento es el organismo público responsable.

Los jueces dicen que no es vinculante

Si el Tribunal Supremo considera en un futuro próximo que hay que obedecer al Comité DESC en materia de vivienda, a España le tocará pagar cientos de miles de euros públicos, pues cada vez más jueces se posicionan en contra. Consideran que el comité no tiene competencias sobre su trabajo y lo que pide entra en conflicto directo con la Constitución. Así lo resume María Jesús del Barco, juez decana de Madrid: "Este asunto nos ha planteado muchos problemas en el decanato desde la pasada Navidad. Esos comunicados no son vinculantes para los jueces, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. No puedes ampararte en que no existen medios para dar una vivienda alternativa a una persona a costa de perjudicar al demandante [propietario de la vivienda], que tiene derecho constitucional a una tutela efectiva".

"Estos comunicados no son vinculantes. El Estado no puede hacer perder derechos a un ciudadano por sus incumplimientos", opinan los jueces

Otro jurista de prestigio experto en desahucios que pide el anonimato lo explica de este modo: "España puede adquirir los compromisos internacionales que quiera, pero estos no pueden generar obligaciones para sus nacionales o empresas. El Estado no puede hacer perder derechos a un ciudadano por sus posibles incumplimientos. Pero es más, dudo incluso de que las resoluciones de este Comité DESC sean de obligado cumplimiento. Se trata de un organismo administrativo de la ONU, un grupo de expertos sin garantías sólidas como el que se posicionó en el juicio de los políticos catalanes del 'procés'. Sería distinto si quien se pronuncia fuera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

La juez decana de Madrid sospecha que los movimientos sociales "están instrumentalizando" con fines políticos una herramienta jurídica que, hasta la fecha, les funciona por el desconocimiento de jueces, ayuntamientos y administraciones autonómicas.

De hecho, la guía elaborada por la PAH para solicitar ayuda al Comité DESC, aconseja sin tapujos "no mantener a los niños, niñas y adolescentes al margen de estos procesos. Siempre que se den las circunstancias, contar con su participación activa en la lucha por una vivienda digna". También aconseja a los colectivos sociales apoyar principalmente a personas que “hayan mostrado una trayectoria de compromiso, implicación y apoyo en el funcionamiento de la asamblea o nodo de movimiento al que esté vinculado”, con el fin de que personas ajenas a las asambleas sociales se aprovechen de su trabajo.

Más garantías legales

El pequeño terremoto que ha originado este alud de denuncias de vulneración de derechos humanos ante el comité DESC ha hecho reaccionar al Estado. En el preámbulo del Real Decreto-ley 7/2019 se alude la necesidad de "avanzar en el cumplimiento de nuestros compromisos con los acuerdos internacionales sobre derechos sociales" y se cita a dicho comité para justificar la modificación de los protocolos de aplicación de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Entre otras medidas, se introduce la obligación de solicitar un informe de los Servicios Sociales para que dictaminen si una familia se encuentra en situación de especial vulnerabilidad.

A este respecto, la juez Amaia Castaño indica que "si bien hay que atender siempre los comunicados del comité, el real decreto establece parámetros claros para resolver un procedimiento de desahucio". Dicho de otro modo: el Estado ya se habría dotado de mecanismos para valorar cada caso, y los comunicados del comité DESC serían "algo parecido a una intromisión", en palabras de la juez decana de Madrid, en la jurisdicción española.

El portavoz de Stop Desahucios Mallorca avisa de lo que puede ocurrir si los jueces empiezan a tirar a la basura estos comunicados: "Se producirán protestas sociales masivas y quizá problemas de orden público. La gente no va a consentir que se violen los derechos humanos impúnemente". La solución definitiva a este enredo pasaría por que el Estado se dote de un parque de vivienda social para alojar a aquellas familias más vulnerables. Entretanto, el goteo de comunicados del comité continúa y acrecienta el tira y afloja entre jueces y colectivos sociales.