El Gobierno da el visto bueno a la ley de vivienda con todo el sector en contra

"Es intervencionista, genera inseguridad jurídica y carece de incentivos suficientes". "Una ley de vivienda de espaldas a inquilinos, arrendadores y jueces". "Una ley innecesaria, inconstitucional que va a perjudicar gravemente la oferta en alquiler".

Aluvión de críticas después de que este martes el Gobierno haya aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que ahora pasará a las Cortes, donde se tramitará por el procedimiento de urgencia y cuya medida estrella, el control de los precios de los alquileres, ha puesto en pie de guerra al sector inmobiliario en su conjunto.

Según ha dicho el Ejecutivo, "será la primera ley que regulará este derecho constitucional, e incorporará medidas para reforzar los parques públicos de vivienda y favorecer el acceso a ella a través de instrumentos que incrementen la oferta a precios asequibles".

"Es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal, que blinda la condición social que debe tener la vivienda", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha asegurado que el texto "respeta plenamente las competencias autonómicas", en clara alusión al informe desfavorable emitido la semana pasada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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El sector inmobiliario no ha tardado en reiterar su rechazo al control de los precios de los alquileres. “Después de meses viendo cómo crece la incertidumbre y la inseguridad entre inquilinos y propietarios por los sucesivos anuncios del Gobierno y el planteamiento de cambios no muy claros en el marco jurídico, nos sorprende este nuevo intento de regular precios de espalda a los jueces, pero sobre todo sin contar con los actores del mercado: inquilinos y arrendadores”, explica Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. “Las reglas para definir una zona tensionada y la propia intervención de los precios está poco definida, es inconcreta y genera incertidumbre en el mercado”, continúa Carroza.

De hecho, el informe del CGPJ, además de la invasión de competencias autonómicas, también criticó la falta de datos objetivos para limitar los alquileres. "Desde los orígenes de la legislación especial arrendaticia se ha dispuesto de datos parciales imprecisos e ineficientes para la finalidad pretendida", fueron sus palabras.

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Y es que aún están por definir los criterios para declarar una zona tensionada. Una tarea que desde el propio Gobierno, al igual que desde el sector, no consideran sencilla.

"No está clarificado cuáles son las bases objetivas para determinar qué zonas están tensionadas y cuáles no, lo que, al inmiscuirse en la propiedad privada, anticipa una gran litigiosidad", asegura Mikel Echavarren, consejero delegado de Colliers, quien tiene muchas dudas respecto a que finalmente logre el apoyo parlamentario, al tiempo que considera que, al igual que ha destacado "el CGPJ en un informe demoledor, tiene muchos frentes abiertos como para que se la tumben en el Congreso, la congelen o no llegue a nacer nunca. Y si llega a ser aprobada, con una aplicación muy limitada".

"El cumplimiento de los criterios que permiten declarar un área tensionada no es del todo riguroso debido a la escasez de datos oficiales que existen respecto a los precios de los alquileres", señalan desde el portal inmobiliario Fotocasa, que también considera que la congelación de los precios de las rentas durante un máximo de tres años "es una medida intervencionista para los pequeños propietarios que no cuenta con la aprobación de los arrendadores, lo que podría verse reflejado en la contracción de la oferta de viviendas en renta".

También de manera unánime, el sector recuerda el fracaso de limitar los alquileres en otras ciudades europeas —como Berlín o París—, o incluso en España. “Tenemos en España un ejemplo muy cercano como es Cataluña, que desde septiembre de 2020 en que se intervinieron los precios de los alquileres, estos han subido más que en otras comunidades autónomas, como la de Madrid, donde había libertad de rentas”, advierte José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.

Nace sin el consenso del sector

Otro de los aspectos que ha despertado un enorme malestar dentro del sector ha sido la falta de consenso. "No cuenta con el apoyo del sector, parte fundamental para su desarrollo y aplicación, y que lleva tiempo alertando de la inseguridad jurídica que provocará esta norma, alejando la inversión necesaria para desarrollar el parque de vivienda social y asequible que necesitamos", destaca Beatriz Toribio, analista inmobiliaria.

"Además", prosigue Toribio, "contiene elementos de inconstitucionalidad que se recogen en el informe del CGPJ y que son un preludio de la alta litigiosidad que provocará esta norma si no es modificada. Con informe del CGPJ como precedente, esta norma va a ser muy contestada en los tribunales por las comunidades autónomas y ayuntamientos que la rechazan y por los propietarios a quienes se les cambian las reglas a medio partido".

También Mikel Echavarren, consejero delegado de Colliers, prevé una elevada litigiosidad y asegura que, "si lo que se pretende es favorecer a los inquilinos, poner palos en la rueda a los que promueven viviendas en alquiler no es el camino".

Por último, según María Andreu, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) considera que "la discriminación legal de aquellos propietarios que tienen 10 o más inmuebles en alquiler supone, en la práctica, una segregación de derechos para estos propietarios y una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española".

Y considera, al igual que otros expertos del sector, "que esta limitación del derecho de propiedad en función del número de inmuebles generará una enorme inseguridad jurídica que afectará a la imagen de España, al ser esta medida una anomalía dentro del marco de derecho de la Unión Europea".