Sánchez intenta calmar al PSOE por la malversación: "Ni rebaja de penas ni revisiones"

Las aguas bajan revueltas en Ferraz por la reforma del delito de malversación. Los barones, de forma prácticamente unánime, habían puesto pie en pared rechazando preventivamente una hipotética modificación de este delito que redujese las penas y abriese la puerta a la revisión de sentencias a políticos condenados por este delito. Una posibilidad que se enfrió desde el Gobierno en un primer momento para finalmente cambiar el paso y tomar la iniciativa de presentar una enmienda transaccional a la reforma del Código Penal propuesta por ERC para beneficiar a los dirigentes condenados o en proceso judicial por el 1-O.

Pedro Sánchez ha dedicado buena parte de la reunión de la ejecutiva del PSOE este lunes a hacer pedagogía sobre su reforma e intentar calmar a los suyos. Y esta misma tarde, los socialistas y Esquerra han llegado a un acuerdo en el Congreso: las penas por el delito de malversación asociado al procés, para el que se crea un nuevo tipo que hace referencia a "destinar patrimonio público a un fin distinto al previsto", quedará limitado a penas de uno a cuatro años. Esto supone un tercio menos de las penas de malversación en las que se incluyó al procés, ya que con la regulación vigente hasta ahora, la malversación agravada se castigaba con penas de hasta doce años.

Exigencias de mínimos

El mensaje que se ha reiterado para cumplir con las exigencias de mínimos de los barones es que no hubiera ninguna rebaja de penas y que haya "garantías técnicas" en el texto de su enmienda para que ningún procesado se vea beneficiado. Por el momento, desde los territorios han concedido a su jefe de filas el beneficio de la duda y los más críticos trasladan a este diario que no se posicionarán hasta conocer la letra pequeña de la enmienda. El castellano-manchego Emiliano García Page tiene previsto hacerlo este martes, mientras que el aragonés Javier Lambán lo hará a lo largo de esta semana. Más allá de su rechazo a suavizar penas de corrupción, ambos se desmarcaron ya de una reforma ad hoc por los dirigentes independentistas.

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Los socialistas ya han redactado su enmienda transaccional y buscan pactarla con ERC para que retiren la suya antes de emitirse el dictamen esta tarde en el Congreso. Los republicanos abogan directamente por rebajar los delitos de malversación cuando no hay ánimo de lucro personal de los seis a los tres años. Quien sí se ha posicionado ya, antes de debatirse la transaccional esta tarde en el Congreso es el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, para manifestarse "claramente a favor de que no se rebajen las penas" y en contra de que "los corruptos se beneficien de esta situación", como se les ha transmitido desde Ferraz.

Aunque en el PSOE se insiste en la máxima de que no habrá rebaja de penas, su propuesta incluye un nuevo tipo, adaptada a los condenados por el procés, que rebaja a cuatro años las penas de cárcel y a seis la inhabilitación por el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública. Pese a ello, y como ha explicado la portavoz del partido y ministra de Educación, Pilar Alegría, a la salida de la ejecutiva del partido, se han incluido "todas garantías técnicas" para evitar que se revisen sentencias.

El principal mecanismo elegido para ello es una disposición transitoria que evite lo sucedido con la ley del solo sí es sí. En dicha disposición se hace hincapié en que no se podrán rebajar penas en los casos ya juzgados que entren dentro de los parámetros del delito reformado.

Precisamente, desde Unidas Podemos se han desmarcado a última hora de la iniciativa del PSOE y contradecir sus argumentos al considerar que no hay suficientes garantías técnicas. "Tenemos dudas sobre la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces y por eso no vamos a firmar esa enmienda", trasladaban desde el grupo parlamentario morado esta mañana. La decisión ha cogido a los socialistas celebrando su ejecutiva y la propia portavoz ha reconocido su "sorpresa". "Nos sorprende ese 'sí, pero no firmo lo que voto'", ha afeado Alegría, dando por hecho que los morados no harán descarrilar la reforma como ya les han transmitido.

Los morados, sin embargo, no han aclarado en público si se abstendrá ante esta enmienda o si votarán a favor, y sólo ha comprometido su voto a favor a la ley en su conjunto para reformar el delito de sedición. El presidente del grupo confederal, Jaume Asens, se ha resistido esta mañana a fijar una posición sobre la modificación de la malversación, afirmando que aún no tienen una posición de grupo como tal, y negándose a valorar ninguna de las dos propuestas -ni la de ERC ni la del PSOE-, asegurando que aún no han terminado de estudiarlas. Su comparecencia ha ido dirigida a distanciarse de esta reforma, a pesar de que van a facilitarla con su voto.

Desde la dirección del PSOE se intenta aplacar la reforma del delito de malversación argumentando que solo se vuelve a diferenciar entre la corrupción como lucro personal y administración desleal, al mismo tiempo que se incluye un nuevo delito: el de enriquecimiento ilícito para aquellos cargos que obtengan un incremento patrimonial de más de 250.000 euros durante su mandato. Esto último los lleva incluso a defender que se "endurece" el tratamiento de la malversación.

La puerta abierta por el Ejecutivo a reformar el delito de malversación ya había puesto a los territorios en alerta y la polémica derivada del solo sí es sí no ha ayudado a rebajar la tensión interna. Una polémica ha provocado que alzaran la voz la mayoría de barones y que ha alentado el temor al coste electoral por posibles revisiones de sentencias a políticos acusados de malversación. Una posición que no solo han alentado los barones tradicionalmente más inflexibles con Sánchez, sino también los más afines y poco dados a la crítica. Algo inédito desde que Sánchez había accedido a la Moncloa.