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Las tramas de corrupción ante la nueva malversación: de los ERE al caso Kitchen
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El "ánimo de lucro" en el centro del debate

Las tramas de corrupción ante la nueva malversación: de los ERE al caso Kitchen

Las defensas de procesados y condenados por distintos casos ya estudian la enmienda presentada por ERC para ver hasta qué punto pueden beneficiarse del cambio normativo

Foto: El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. (EFE/Raúl Caro)
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. (EFE/Raúl Caro)
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El Gobierno se afanó este viernes por tumbar la idea de que la reforma de la malversación vaya a suponer una revisión a la baja de penas vinculadas a la corrupción. Según defienden, ni siquiera va a beneficiar al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación por los ERE. Fuentes jurídicas, sin embargo, cuestionan esta promesa y advierten sobre el riesgo de legislar para personas concretas. En este caso, los líderes del procés.

La posible reforma se limita por ahora a una enmienda presentada por ERC que pone el foco en la necesidad de limitar la malversación a "las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro, así como el uso temporal del patrimonio público para fines particulares". De esta manera, el gasto de dinero público para realizar actos contra el Estado, como concluyó el Tribunal Supremo con el procés, ya no sería corrupción. Al menos, ese es el argumento de fondo para cambiar la normativa vigente.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE/Kiko Huesca)

La actual legislación no solo castiga el enriquecimiento personal, sino también empobrecer a la Administración. La enmienda de ERC retocaría esta cuestión y eliminaría el concepto de administración desleal: en su tipo básico, la malversación por apoderamiento conllevaría penas de entre dos y seis años de cárcel, mientras que la malversación por destinar el dinero a usos particulares quedaría un escalón por debajo, con penas de entre seis meses y tres años.

"La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio", sería el primer delito. "La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública el patrimonio", añadiría el segundo.

Foto: José Antonio Griñán, en una imagen de archivo. (EFE/Julio Muñoz)

El cambio se centra en este último punto, donde se produciría la rebaja tanto en las penas de cárcel como en las inhabilitaciones. En el peor de los casos, ERC considera que los líderes del procés entrarían en ese segundo delito de destinar el patrimonio a "usos particulares y ajenos a la función pública", pero descartando siempre el "ánimo de lucro". Si el Supremo coincide con esta interpretación, tendría entonces que revisar sus penas a la baja, incluida la prohibición de presentarse a elecciones.

Pese a ello, las dudas se acrecientan al valorar hasta qué punto sus efectos pueden extenderse a otras tramas de corrupción y a condenados como Griñán. Desde Moncloa insisten en que el expresidente andaluz no se vería beneficiado y así se lo han trasladado a sus socios de Unidas Podemos, que se muestran más reacios ante la reforma.

Foto: El presidente de ERC, Oriol Junqueras. (EFE/David Borrat)

El principal argumento para sostener que la pena de Griñán no debería ser revisada a la baja se encontraría en la sentencia que el Supremo dictó en septiembre. Para justificar el delito de malversación, el tribunal repite una y otra vez que el expresidente andaluz, junto al resto de condenados, "consintieron" la trama de los ERE, lo que generó un beneficio a terceros y al PSOE. En la enmienda de ERC, "consentir" es precisamente el verbo que se utiliza para las penas que van de dos a seis años.

Algunas de las fuentes consultadas, sin embargo, argumentan que este razonamiento implica dibujar una línea demasiado difusa y apuntan a dos cuestiones: a Griñán no se le acusó de un enriquecimiento personal y tampoco ha quedado probado que buscara lucrar a terceros. En todo caso, argumentan, su actuación encajaría con destinar el patrimonio "a usos particulares y ajenos a la función pública", que se castigaría con penas entre seis meses y tres años de cárcel y le acercaría al análisis del procés.

Foto: La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este miércoles. (EFE/Mariscal)

Si este segundo razonamiento se da por bueno, la promesa del Gobierno de que la reforma no va a suponer una revisión a la baja de la corrupción corre el riesgo de venirse abajo. Al fin y al cabo, el debate se centraría en el "ánimo de lucro" para uno mismo o para un tercero, y ese enfoque abre la puerta a un mayor número de personas.

Entre ellos destaca el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien se encuentra procesado por la trama Kitchen, la operación parapolicial puesta en marcha durante el Gobierno de Mariano Rajoy para obstaculizar el proceso de Gürtel contra el PP. El magistrado sostiene que el exministro ejerció la responsabilidad última durante todo el periodo de ejecución de un operativo que fue "financiado con cargo a partidas de fondos reservados de su departamento".

Foto: La ministra de Defensa, Margarita Robles, en un peno del Congreso. (EFE/Fernando Villar)

Por estos hechos, la acusación que ejerce el PSOE pide 48 años y cuatro meses para el exministro y, entre otros delitos, incluye el de malversación. Sin embargo, la reforma de la malversación podría llegar a aplicarse a su caso, para lo que una vez más se plantea la duda de si estos hechos presentan un "ánimo de lucro" de Fernández Díaz o, por el contrario, encajarían con que el patrimonio público se destinó a "usos particulares y ajenos a la función pública". Fuentes de su defensa apuntan a que estudiarán la reforma, pero a la espera de que se materialice la misma y dado el momento procesal en el que se encuentra la causa, por ahora descartan presentar escrito alguno.

El Confidencial también contactó este viernes a defensas de investigados por el caso Púnica, que se centra en la financiación ilegal del PP de Madrid e incluye el delito de malversación. Una vez más, la presentación de escritos queda descartada hasta conocerse la redacción final de la reforma, pero la advertencia se repite: la enmienda de ERC es lo suficientemente ambigua y dejar espacio a la interpretación, a que sus efectos vayan más allá de los líderes del procés y se extiendan a tramas de corrupción.

El Gobierno se afanó este viernes por tumbar la idea de que la reforma de la malversación vaya a suponer una revisión a la baja de penas vinculadas a la corrupción. Según defienden, ni siquiera va a beneficiar al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación por los ERE. Fuentes jurídicas, sin embargo, cuestionan esta promesa y advierten sobre el riesgo de legislar para personas concretas. En este caso, los líderes del procés.

José Antonio Griñán
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