El juez del caso Púnica exonera a Aguirre de la financiación irregular del PP de Madrid

La Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación en torno al caso Púnica contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Según informan fuentes jurídicas a El Confidencial, el juez Manuel García-Castellón hace lo propio para otros 70 investigados en uno de los mayores casos de corrupción investigados en los últimos años, pero sitúa a un paso del banquillo de los acusados al presunto cabecilla, Francisco Granados, el que fuera secretario general de los populares madrileños.

Tres años después de su imputación en el marco de la trama Púnica, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ve cómo la Justicia le exonera de la investigación que la ha acompañado hasta el momento. Tras la solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional llevaba semanas ultimando el auto que afecta a la pieza sobre la presunta financiación irregular del PP de la región. Este periódico ya adelantó que el juez estaba dispuesto a atender el criterio de la Fiscalía.

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La Fiscalía solicitó al juez que investigara si el PP de Madrid nutrió una caja B destinada a financiar campañas electorales que sacaran a Aguirre de la ecuación. Era la única diligencia pendiente para cerrar el futuro de la pieza y que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, decida a qué imputados procesa y para cuáles archiva. La investigación ya concluyó el pasado enero.

El auto con el que se da por finalizada la investigación de la pieza 9 del denominado caso Púnica y archiva la causa para 71 personas físicas y tres jurídicas. Entre los beneficiados por esta decisión se encuentran, además de Aguirre, el también expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y los exconsejeros Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria y Juan José Güemes, así como los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid. En cambio, propone juzgar a Granados junto a siete personas más, entre ellos el que fuera gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, por la financiación irregular en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento 'online' de altos cargos.

Los hechos relatados en el auto de pase a procedimiento abreviado se tipifican como delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsificación, cohecho, delito electoral y tráfico de influencias. En la resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 rechaza la petición de ADADE y PSOE para investigar al PP en relación con estos hechos.

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En este procedimiento, que se inició en el año 2014 a raíz de una comisión rogatoria de Suiza por un posible delito de blanqueo de capitales en el que se investigaba a Granados, se ha investigado la financiación del PP de Madrid en las campañas electorales autonómicas de 2007 y de 2011 y las generales de 2008. Además, el magistrado ha analizado todas las adjudicaciones en el ámbito de la contratación pública, así como los contratos de reputación 'online' para posicionar a altos cargos del PP en las redes sociales.

En relación con las elecciones autonómicas de 2011, únicas no prescritas, el magistrado explica la operativa desarrollada desde el comité de campaña del PP para ocultar los gastos reales de la campaña. Así, mientras la cuenta electoral registró unos costes de 2.986.624 euros que fueron declarados ante la Cámara de Cuentas, los costes totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6.878.275,04 euros, incluyendo la precampaña.

Según explica el juez, la contabilidad presentada ante la Cámara de Cuentas "no respondía a la realidad de lo sucedido". El juez añade que, "para poder ejecutar tal plan, era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos y, desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas".

Captación de recursos

A lo largo de 257 páginas, García-Castellón explica que la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente, al secretario regional del Partido Popular, el investigado Francisco José Granados.

Una vez entregadas, continúa, el mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para sí o para terceras personas ajenas al partido, y el resto lo hacía llegar al gerente del Partido Popular Regional y futuro administrador electoral, el igualmente investigado, Beltrán Gutiérrez, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas.

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La relación entre Granados y Beltrán Gutiérrez era de plena confianza, pues el mismo venía desarrollando esa labor con los diferentes secretarios generales de la formación política regional y de los diferentes directores de las campañas como nexo de unión entre las personas que "recibían" el dinero en efectivo de terceras personas y, posteriormente, lo hacían llegar a la Sede Regional. Como otra fuente de financiación, indica el auto, se sumó la derivada de la cuenta de la Fundación FUNDESCAM y, ya de forma transparente, la derivada de la propia cuenta electoral.

La prescripción de las campañas de 2007 y 2008

El magistrado explica que los delitos de falsedad electoral vinculados a las elecciones autonómicas de los años 2007 y generales de 2008 estarían prescritos cuando se los citó como investigados, mientras que los vinculados a las elecciones de 2011 se encontrarían prescritos solo para las personas que no hubiesen sido declaradas judicialmente investigadas con anterioridad al 24 de septiembre de 2016, esto es, la fecha en la que el gerente Beltrán Gutiérrez presentó la contabilidad de esa campaña electoral en la Cámara de Cuentas de Madrid y, por tanto, empezó a contra el cómputo de la prescripción desde aquel día.

De acuerdo con lo investigado, el juez señala que no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre en los hechos delictivos objeto "de la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos electorales asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos".

En relación con los trabajos de reputación llevados a cabo por las empresas de Alejandro de Pedro, afirma que "no ha podido acreditarse que la misma tuviese conocimiento, ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos". El auto de pase a procedimiento abreviado acuerda dirigir la causa contra Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Beltrán Gutiérrez, Diego Mora, Francisco Granados, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las personas jurídicas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad.