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El presidente progresista del CGPJ desactiva el pleno que pretendía sortear la reforma
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Choque institucional

El presidente progresista del CGPJ desactiva el pleno que pretendía sortear la reforma

El bloque más cercano a la derecha buscaba votar a los candidatos para el Tribunal Constitucional con las actuales reglas, evitando las nuevas que prevé aprobar el Gobierno

Foto: Rafael Mozo. (EFE/Chema Moya)
Rafael Mozo. (EFE/Chema Moya)

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha rechazado este martes convocar el pleno extraordinario que reclamaban nueve vocales del bloque conservador con la intención de sortear el cambio legislativo que impulsa el Ejecutivo. El bloque más cercano a la derecha buscaba votar a los candidatos para el Tribunal Constitucional con las actuales reglas, evitando las nuevas que prevé aprobar el Gobierno. La decisión de rechazar la convocatoria no tiene apenas precedentes y supone toda una finta para evitar la reunión que podía acabar con las esperanzas del sector progresista de sacar adelante la elección del magistrado de su elección, José Manuel Bandrés.

En una comunicación dirigida a los vocales que lo pedían, Mozo asegura que la petición no puede ser atendida, ya que no se acompaña "de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día". La petición de este tipo de plenos suele ser automática cuando lo piden al menos cinco vocales. En este caso Mozo argumenta que faltan los curriculums de los candidatos como motivo para rechazar la cita. Esgrime el artículo 35, párrafo segundo, del Reglamento 1/1986 de Organización y Funcionamiento del CGPJ. Los que pidieron la reunión lo consideran una "excusa". Como reacción a la decisión de Mozo, los vocales pedirán de nuevo un pleno pero ahora incluyendo los nombres de sus candidatos al TC. Se baraja al magistrado Pablo Llarena y al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, César Tolosa.

La solicitud de convocatoria de esta reunión extraordinaria se producía como reacción directa a la enmienda registrada este mismo viernes por el PSOE que cambia el actual sistema de elección, reduciendo la mayoría cualificada a simple y limitando la capacidad de apoyo de los vocales a un solo voto. La reunión pretende así esquivar la imposición del Ejecutivo y sacar adelante las designaciones con las reglas en vigor.

Hasta el momento, la intención del Consejo era la de abordar los nombramientos el próximo 22 de diciembre, en un pleno ordinario. En lugar de los 11 votos necesarios hasta ahora, es decir, de los tres quintos del CGPJ, el cambio legislativo implicar rebajar el apoyo necesario hasta la mayoría simple. En un último intento de sacar adelante los nombramientos con el método habitual, los nueve vocales pidieron esta reunión con un único punto del día: el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional.

Foto: José Antonio Griñán, en una imagen de archivo. (EFE/Julio Muñoz)

Los sectores progresista y conservador llevan negociando desde el pasado septiembre la elección. El meollo del bloqueo se encuentra en el nombre del candidato progresista, José Manuel Bandrés. Mientras el ala más cercana a la izquierda se niega a proponer otro nombre, el ala conservadora no lo acepta. En su lugar, tratan de sacar adelante la elección de otro magistrado progresista, pero alejado de la órbita de influencia del Ejecutivo: Pablo Lucas. Si hasta el momento era el sector progresista el que tenía prisa, ahora no tiene ninguna. La posibilidad de votar con las reglas que ha lanzado el Ejecutivo le permite a los progresistas sacar adelante la elección de Bandrés.

La enmienda

La enmienda registrada por el PSOE establece que si el nombramiento no se lleva a cabo en un plazo máximo de tres meses por la mayoría habitual de tres quintos, quien ostente la presidencia del Consejo "adoptará un Acuerdo de iniciación del procedimiento de nombramiento de dichos Magistrados o Magistradas" con nuevas reglas. En el plazo de cinco días hábiles a contar desde la adopción del acuerdo, "los vocales del Consejo podrán proponer a la citada presidencia candidatos al Tribunal Constitucional. Cada vocal podrá proponer un máximo de un candidato o candidata. Cerrado el plazo de presentación de candidaturas, la persona que ejerza la presidencia, en el plazo de tres días hábiles, tendrá la obligación de convocar un Pleno extraordinario para proceder a la elección.

Foto: El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/José Manuel Pedrosa)

Dicho Pleno se celebrará en el plazo máximo de tres días hábiles desde su convocatoria. Las candidaturas presentadas se someterán a votación de los vocales presentes, sin necesidad de un quorum mínimo y en una votación única. "Cada vocal podrá votar a un solo candidato o candidata, resultando elegidos los dos Magistrados o Magistradas que hayan obtenido un mayor número de votos", agrega el texto que también matiza que, en caso de empate entre varios candidatos, será la persona que ejerza la presidencia, titular, interino o en funciones, quien, en la misma sesión plenaria, dirima el empate.

La enmienda se cierra con la amenaza de responsabilidades si no se acata el sistema. "En atención al carácter imperativo de este procedimiento, si por la acción u omisión de quien ejerza la presidencia, titular, interino o en funciones, o de cualquiera de los vocales, se incumpliera, culposa o dolosamente, lo previsto en los apartados anteriores, se incurrirá en las responsabilidades de todo orden que se deriven del ordenamiento jurídico, incluidas las penales", dice

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha rechazado este martes convocar el pleno extraordinario que reclamaban nueve vocales del bloque conservador con la intención de sortear el cambio legislativo que impulsa el Ejecutivo. El bloque más cercano a la derecha buscaba votar a los candidatos para el Tribunal Constitucional con las actuales reglas, evitando las nuevas que prevé aprobar el Gobierno. La decisión de rechazar la convocatoria no tiene apenas precedentes y supone toda una finta para evitar la reunión que podía acabar con las esperanzas del sector progresista de sacar adelante la elección del magistrado de su elección, José Manuel Bandrés.

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