Un 'mail' delató al Gobierno por la devolución de menores de Ceuta: "No es acorde a la ley"

La responsable del Área de Menores del Gobierno de Ceuta, Antonia Palomino, cayó rápidamente en la cuenta de que algo no estaba bien. No estaba de acuerdo con el plan pactado entre España y Marruecos para devolver a 145 menores llegados unos meses antes a la ciudad autónoma de forma irregular. Palomino había estado presente en una reunión en la que se ultimaron los detalles con autoridades marroquíes, la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno de Ceuta. La impresión que se llevó de la cita es que el procedimiento que iban a usar no era legal y por eso al día siguiente escribió un 'mail' desde su cuenta profesional a la Fiscalía para avisarla de lo que estaba a punto de suceder.

“A la vista de que el procedimiento no es acorde a la legislación nacional, europea e internacional, lo pongo en su conocimiento a los efectos oportunos”, dice la comunicación incluida en el sumario de la investigación judicial abierta por estos hechos, al que ha tenido acceso El Confidencial. Antonia Palomino mandó este 'mail' a las 13:49 del 12 de agosto de 2021 a la dirección de correo del fiscal de Ceuta José Luis Puerta Martí. Al día siguiente, un viernes de agosto, con buena parte del país en vacaciones de verano, el Gobierno activó la polémica devolución de decenas de menores ante la sorpresa y la indignación de las ONG, que acudieron a los tribunales para detener la operación. En ese momento, la Fiscalía ya tenía información de primera mano de que al menos un alto cargo de Ceuta avisó de que el plan no era legal.

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Un año después, el ministerio público defiende en un juzgado de Ceuta la imputación de la delegada del Gobierno de Ceuta y de la vicepresidenta de la ciudad autónoma por un delito de prevaricación, es decir, por tomar una decisión a sabiendas de que es injusta. Lo avalan este correo y una sentencia contencioso-administrativa dictada en junio por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con competencia sobre Ceuta. Según dijeron los jueces, las ONG tenían razón cuando pidieron parar las devoluciones porque las autoridades españolas pusieron en riesgo la integridad física de los menores. En lugar de regirse por la Ley de Extranjería, los gobiernos de España y de Marruecos buscaron agilizar los trámites recurriendo a un acuerdo bilateral suscrito en 2007 sobre inmigración que nunca antes se había usado.

El correo que delató al Ejecutivo se tituló “Reunión Gobierno Marroquí” y acabó en manos del actual coordinador de la Fiscalía de Ceuta, José Rafael Mancebo Caamaño. La responsable del Área de Menores daba detalles de la reunión que había mantenido el día anterior y ni siquiera era capaz de acreditar quiénes eran los señores enviados por Marruecos. Se refiere a ellos como “personas que decían ser representantes del Gobierno marroquí” sin poder ofrecer más detalles de su función o su cargo.

Así se negoció la entrega

“Según han afirmado, había un autobús preparado y su intención era trasladar a los menores acogidos en los establecimientos a un centro del Río Martil, para ser acogidos y luego proceder a la búsqueda de sus padres, sin establecer ningún tipo de procedimiento”, añadió Palomino, quien también alertó al fiscal de que la cita había terminado “sin concretar los términos en los que se iban a producir las repatriaciones”.

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Al encuentro con los marroquíes acudió también el consejero de Medio Ambiente de Ceuta, pero para ejercer como improvisado traductor. La delegada del Gobierno investigada, Salvadora Mateos, estaba con covid y en su lugar fue su secretario general. La cita no fue una reunión al uso, sino que había varios corrillos, según las declaraciones que constan en la causa. En ese escenario, en un punto indeterminado en la frontera, fue en el que se negociaron los términos de la devolución de 145 menores de edad.

La secuencia de los hechos es la siguiente: en mayo de 2021 entraron de golpe en Ceuta 12.000 personas, entre ellas, un millar de menores. El Gobierno culpa ahora a Marruecos de “participar y facilitar” esa entrada masiva ilegal. Las autoridades de la ciudad autónoma se vieron desbordadas y pidieron al Ejecutivo de Pedro Sánchez colaboración. Al menos 200 menores fueron redistribuidos por las comunidades autónomas. La propuesta de Ceuta fue aplicar el acuerdo con Marruecos de 2007. El Ministerio del Interior dio luz verde siguiendo indicaciones del ministro Fernando Grande-Marlaska en agosto y la Delegación de Gobierno, la Policía y las autoridades de la ciudad se pusieron manos a la obra hasta que la Justicia les mandó parar.

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La Fiscalía de Ceuta llamó a declarar en diciembre a la delegada del Gobierno y a la vicepresidenta de la ciudad, Mabel Deu, del PP. El Confidencial adelantó el sábado el contenido íntegro de sus interrogatorios. Deu, presente también en la reunión con los marroquíes, admitió ante los investigadores que la jefa del Área de Menores "hizo alusión a la Ley de Extranjería y no se mostraba conforme con el procedimiento de repatriación del acuerdo de 2007 (...) siempre manifestó que había que aplicar la repatriación de la Ley de Extranjería, solicitó que se expusiera al Ministerio del Interior dicho procedimiento". Tras ser imputada, Deu dimitió de sus competencias en materia de Menores como consejera de Presidencia y de Relaciones Institucionales. Tendrá que declarar en el juzgado en septiembre.

En la misma línea se manifestó como testigo ante la Fiscalía el número dos de la Delegación de Gobierno. Según admitió, la jefa de Menores "trasladó que el procedimiento no era el adecuado, que los interlocutores no acreditaron su identidad y que los padres no estaban en la frontera (...) No estaba de acuerdo con el procedimiento de devolución de menores". A pesar de ello, dos días después se llevó a cabo. “Lo decidió el Gobierno”, declaró la delegada del Gobierno, que también pasará en septiembre por el Juzgado número 2 de Ceuta.