La delegada de Ceuta, ante la Fiscalía sobre la devolución de menores: "Decidió el Gobierno"

La delegada del Gobierno de Ceuta, Salvadora Mateos, responsabilizó al Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la Fiscalía de la polémica repatriación a Marruecos de los menores que entraron de forma masiva a la ciudad en mayo de 2021. Mateos prestó declaración como "sospechosa" en el marco de la investigación penal impulsada por el Ministerio Público. "Lo decidió el Gobierno", llegó a decir en su interrogatorio al que ha tenido acceso íntegro El Confidencial. La Fiscalía elevó sus pesquisas a un Juzgado de Ceuta, que ha imputado a la delegada por un presunto delito de prevaricación.

El origen de esta investigación se remonta a los días 17 y 18 de mayo de 2021. Más de 10.000 personas entraron a Ceuta desde Marruecos sin oposición de las autoridades magrebíes. Entre ellos, había algo más de un millar de menores de edad. La ciudad autónoma se vio desbordada, con jóvenes vagando por las calles o apilados en condiciones lamentables en pabellones. La opinión pública se vio sorprendida hace ahora un año, el viernes 13 de agosto de 2021, cuando las autoridades españolas y marroquíes iniciaron un plan de devolución de menores en la frontera. Las ONG pusieron el grito en el cielo y acudieron a los tribunales para paralizar la operación. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y la Asociación para el Desarrollo Integral L'Escola AC ejercen actualmente la acusación en este caso.

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El recorrido judicial de este caso ha tenido dos caminos principales. El más avanzado es el que se inició por la vía contencioso-administrativa. Estudió los recursos presentados contra la decisión de devolver a los menores y concluyó el pasado junio con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía muy dura contra la actuación de España. Zanjaba que las autoridades pusieron en peligro a los menores: "La actuación exenta de las mínimas garantías conjuró una situación de riesgo para la integridad física y moral". Los jueces de la máxima instancia judicial andaluza avalaban así la decisión del Juzgado de guardia de Ceuta de parar las devoluciones en cuanto hubo sospechas de su ilegalidad.

La investigación Penal

Por otro lado, varias ONG y la propia Fiscalía iniciaron otro recorrido judicial, en este caso por la vía penal, que es el que de momento mantiene imputada a la delegada del Gobierno, que depende del Ejecutivo central. Las pesquisas dieron lugar a una denuncia del fiscal, que ha provocado una investigación en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad autónoma. El juez ha citado a Salvadora Mateos a declarar el próximo 7 de septiembre a las 10 de la mañana. También está imputada la vicepresidenta del Gobierno ceutí, la dirigente del Partido Popular, Mabel Deu.

El Confidencial ha tenido acceso al sumario del caso en el que se incluye la declaración ante la Fiscalía de la delegada, su secretario general y de la vicepresidenta Mabel Deu. El tono general de sus explicaciones denota la ausencia de información con la que trabajaron esos días, la poca colaboración de Marruecos, la implicación del Ministerio del Interior y el Gobierno central o el aviso de la responsable de Menores de Ceuta, que advirtió de que el procedimiento que iban a usar para devolver a los jóvenes no era el adecuado.

Carmen Calvo y Pedro Sánchez

"Las devoluciones de los menores la acordó el Gobierno de España en contacto con el Gobierno de Marruecos", dijo nada más comenzar Salvadora Mateos ante la Fiscalía cuando compareció el 13 de diciembre bajo la defensa de la Abogacía del Estado. Según contó, desde que se produjo la entrada masiva de personas en Ceuta mantuvo contacto permanente con Isabel Valdecabras, la jefa de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Tras la remodelación de julio de 2021, en la que Calvo dejó el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Valdecabras fue recolocada al frente de la Fábrica de Moneda y Timbre. Salvadora Mateos también relató sus contactos con el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, que en ese momento era Iván Redondo.

El Ministerio de Justicia o el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, eran otros de los interlocutores habituales aquellos meses. Con la intercesión de Carmen Calvo se logró que diversas comunidades autónomas acogieran a 200 de los menores recién llegados [se calcula que entraron 1108]. Respecto al proceso de devolución de Marruecos, Salvadora Mateos señala directamente al Ministerio del Interior. Según consta en el acta de su declaración, "la Secretaría de Estado de Seguridad le comunica que se ha llegado a ese acuerdo y le comunican cómo se va a ejecutar el acuerdo. Que se lo comunica dicha Secretaría por escrito". Esa comunicación se produjo el 12 de agosto, el día anterior a empezar la repatriación.

"La Secretaría de Estado de Seguridad le comunicó el acuerdo con Marruecos, pero este se tomó entre Gobiernos"

Mateos recuerda que pidió garantías de que los menores fuesen entregados a sus familias o acogidos en un centro en condiciones adecuadas. Le sirvió el compromiso de Marruecos y la opinión del cónsul de Tetuán. "Se lo comunicó al Ministerio del Interior en la persona del secretario de Estado [Rafael Pérez, 'número dos' de Grande-Marlaska] y se puso en marcha la entrega de los menores". La comunicación entre la delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior era tan fluida que Mateos llamaba al secretario de Estado para informarle de cada devolución hasta que la Justicia mandó a parar: "Le comunicaban que todo había ido perfectamente".

"Aclara que la Secretaría de Estado de Seguridad le comunicó el acuerdo con Marruecos, pero este se tomó entre Gobiernos". La misma Mateos admitió que era la primera vez que se usaba este procedimiento en virtud de un acuerdo inédito hasta la fecha. "Al entrar mil y pico niños hay que tomar soluciones", declaró. Argumentó esta "situación excepcional" para no aplicar la Ley de Extranjería, sino los acuerdos bilaterales con Marruecos. Salvadora Mateos mantuvo también contactos con una autoridad marroquí, el jefe de Gabinete de Rincón. Dijo no tener dudas sobre él, ya que se trata de una persona muy respetable. Ella le mandó el listado de los niños que iban a ser devueltos, pero, en cambio, Marruecos no daba información, todo lo que tenía por su parte era un compromiso verbal: "En ningún momento Marruecos manda comunicaciones a Ceuta, al no considerarla parte de España. Nunca contesta a ninguna solicitud".

"La responsable de Menores trasladó que el procedimiento no era el adecuado"

La delegada del Gobierno también le mandó el listado de los niños al Ministerio del Interior para que se lo hicieran llegar a las autoridades magrebíes. "La decisión de promover el acuerdo con Marruecos es del Gobierno de Madrid y aquí se decide cómo ejecutarlo", dijo ante la Fiscalía. En un momento de su declaración, Salvadora Mateos asegura que "nadie le planteó que el procedimiento de devolución pudiera ser contrario a la ley". Este punto contrasta con la declaración que tres días antes prestó ante el fiscal en calidad de testigo el secretario general de la Delegación de Gobierno, Ismael Kasrou.

Un consejero usado de traductor

Esta persona acudió a una reunión el 11 de agosto en la frontera entre España y Marruecos. El objetivo era saber si las autoridades de ese país estaban dispuestas a aceptar a los menores de vuelta. Ismael Kasrou acudió en sustitución de la delegada porque estaba con covid. Estaban presentes representantes de Marruecos, la vicepresidenta de Ceuta, un consejero de Medio Ambiente para hacer las funciones de traductor y la responsable del Área de Menores. Según el testimonio del secretario general de la Delegación de Gobierno de Ceuta, la responsable de Menores sí advirtió contra el plan previsto: "Trasladó que el procedimiento no era el adecuado, que los interlocutores no acreditaron su identidad y que los padres no estaban en la frontera (...) No estaba de acuerdo con el procedimiento de devolución de menores". A pesar de ello, dos días después se llevó a cabo.

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Kasrou también señala al Ministerio del Interior como responsable de la operación: "El órgano competente es la Secretaría de Estado". Respecto a la queja de la responsable de menores, sostiene que fue "individualizada" y en ningún momento se puso ninguna queja por parte de su Consejería. Al igual que su superior, el secretario general de la Delegación de Gobierno admitió que algunos niños presentaron un habeas corpus en la frontera para evitar su devolución y ser trasladados ante un juez.

Por su parte, la vicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, abundó en la situación de colapso y que fue de ellos la idea de aplicar un acuerdo con Marruecos del año 2007 que nunca antes se había empleado. Pero para ello pidieron al Gobierno de España que lo impulsara. Habló de "reuniones directas" con el Ministerio del Interior. Mabel Deu estuvo presente en la reunión del día 11 en la frontera y coincide con que la responsable de Menores manifestó sus reticencias respecto al procedimiento que se iba a emplear: "Hizo alusión a la Ley de Extranjería y no se mostraba conforme con el procedimiento de repatriación del acuerdo de 2007 (...) siempre manifestó que había que aplicar la repatriación de la Ley de Extranjería, solicitó que se expusiera al Ministerio del Interior dicho procedimiento".