El juzgado de Ceuta cerca a Marlaska: "No consta ninguno de los trámites preceptivos"

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta ha decidido mantener paralizadas cautelarmente las devoluciones de menores a Marruecos tal y como había defendido la Fiscalía y en contra del criterio del Ministerio del Interior, según el auto al que ha tenido acceso El Confidencial. En un auto dictado este martes, acuerda desestimar las alegaciones realizadas por la Abogacía del Estado y mantener la suspensión acordada en el auto anterior. Esta decisión es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial, pero siempre presenta numerosas dudas respecto a la actuación de la Delegación del Gobierno.

Advierte la resolución que "no consta que se ha cumplido con ninguno de los trámites preceptivos" contemplados en el ordenamiento jurídico. "No puede tomarse en consideración el número de menores que hay en Ceuta con motivo de la situación generada el 17 de mayo —cuando cientos de menores entraron irregularmente en España— para justificar el incumplimiento de las disposiciones legales", avisa.

De este modo, el juzgado confirma la decisión anterior que adoptó el 16 de agosto, cuando paralizó la expulsión en concreto de 9 jóvenes que iban a ser devueltos a Marruecos. Lo hizo ‘inaudita parte’, es decir, a petición de las ONG, Coordinadora de Barrios y Raíces y sin dar traslado a Interior o a Ceuta para que manifestaran su punto de vista. El auto aclara que el Gobierno de Ceuta no es parte en el procedimiento porque la acusación de las ONG va dirigida contra la Delegación del Gobierno, dependiente del Ejecutivo y al que se dirigió el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para que iniciase los traslados.

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Sí pudieron intervenir todas las partes, incluida la Fiscalía y la Abogacía del Estado —dependiente del Gobierno— en esta segunda parte del proceso en la que el juzgado tenía que decidir si mantenía o no esa paralización mientras se decide sobre el fondo del asunto. Y el magistrado ha fallado a favor de las tesis de la fiscal del caso.

"El incumplimiento de estos trámites —insiste el juez— que están expresamente recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, generan indefensión en los menores que han sido privados de la posibilidad de formular alegaciones o proponer prueba; de conocer los concretos datos tenidos en cuenta para adoptar tal decisión; y de poder accionar los recursos establecidos para dejar sin efecto la resolución".

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El auto advierte de que el acuerdo sobre menores no acompañados entre España y Marruecos al que se aferra Interior es tan solo una mera declaración de intenciones. Pero que en sus contactos con el país vecino, España se comprometió a llevar a cabo los traslados con “observancia estricta de la legislación española”. En ese sentido el juzgado zanja que “únicamente es posible llevar a cabo dicha repatriación si ésta se realiza con absoluto respeto a nuestro ordenamiento jurídico”.

En este punto, el auto cita la Ley de Extranjería y la Ley del Menor al tiempo que arroja múltiples dudas respecto a la actuación de la Delegación del Gobierno: “No consta que se haya cumplido con ninguno los preceptivos trámites. No se ha aportado información alguna de los menores afectados que permitan conocer los datos que han determinado su repatriación; no consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores; ni a la Ciudad Autónoma pese a asumir ésta la guarda de los menores; ni al Ministerio Fiscal”.

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Añade que “en modo alguno” puede entenderse “que se cumple con los trámites exigidos la mera remisión a Fiscalía del listado de menores que ese mismo día se van a repatriar; y tampoco se ha aportado la resolución motivada susceptible de ser recurrible”. Zanja el juzgado de Ceuta que “todos, incluidas las Administraciones, tienen la obligación de las normas vigentes, sin realizar excepciones no contempladas expresamente en el propio texto normativo”.

Coincide con la Fiscalía

La Fiscalía de Ceuta había remitido un escrito al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la ciudad autónoma con sus alegaciones en las que solicitaba mantener la medida de cautelar que paralizó la devolución de menores a Marruecos. En su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, el Ministerio Público aprecia que "no se han cumplido los trámites legales, y esta omisión ha impedido a los afectados conocer los fundamentos que justifican la decisión 'de facto' que ha adoptado la Administración". Este criterio es el opuesto al de la Abogacía del Estado que defendió las devoluciones impulsadas por el Ministerio del Interior atendiendo a la situación de excepcionalidad.

Con esto, la Fiscalía se refiere a los trámites legales a los que obliga el acuerdo suscrito entre España y Marruecos del año 2007 al que se aferra el Ministerio del Interior para defender la iniciativa de devolver a los menores. Sin embargo, la Fiscalía, en su escrito fechado el pasado jueves, recuerda que ese acuerdo dice que debe llevarse a cabo "con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre Derechos del Niño".

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"Pues bien —añade la fiscal Silvia Rojas Rodríguez—, en la legislación española a cuyo cumplimiento obliga el artículo 5 del Acuerdo citado, se establece claramente el procedimiento a seguir en estos casos". En ese sentido, cita algunos requisitos como que el menor afectado pueda ser parte en el procedimiento o la obligación de la Administración a solicitar "informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión".

"Acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España", añade la Fiscalía, que cita la resolución dictada la semana pasada por la Audiencia Nacional en la que se declaró competente para investigar estos hechos y dio un plazo de cinco días al ministerio de Grande-Marlaska para remitir documentación. La Audiencia Nacional contestó así al recurso presentado por una ONG contra la orden de Interior de repatriar a los menores.

Opinión

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"En base a esta resolución —zanja la fiscal— y habida cuenta de que, hasta el momento, no se han aportado los expedientes administrativos que, respecto de cada uno de los menores, se hubieran debido incoar por la Administración competente, se aprecia que no se han cumplido los referidos trámites legales, y esta omisión ha impedido a los afectados conocer los fundamentos que justifican la decisión 'de facto' que ha adoptado la Administración". Culmina el escrito de cinco folios diciendo que "resulta apropiado el mantenimiento de la medida cautelar urgente que fue adoptada por Auto de fecha 16 de agosto de 2021".

La Fiscalía defiende que será en esos procedimientos "previstos y regulados detalladamente en la legislación española a los que remite el Acuerdo hispano-marroquí en los que cabrá, en su caso, apreciar si existen las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas, e impugnar, planteando las solicitudes cautelares que se consideren oportunas, bien su resolución, bien la actividad material realizada por la Administración competente en ausencia de tales procedimientos, ante los órganos de esta Jurisdicción que sean competentes que ya tienen conocimiento de alguno de estos recursos".

“Son expulsiones irregulares”

“No son reagrupaciones ni reunificaciones de los menores con sus familias, sino una expulsión irregular en la frontera de Ceuta”. Así de contundente se ha mostrado el director de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, tras conocer la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta, que ha decidido mantener paralizadas cautelarmente las devoluciones a Marruecos de los menores que entraron a España en la crisis migratoria del pasado mes de mayo. Una medida apoyada por la Fiscalía y en contra de las tesis defendidas por el Ministerio del Interior, según se recoge en el auto al que ha tenido acceso este periódico.

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Morales, en declaraciones a este periódico, ha recalcado que “la Justicia está reafirmando lo que decíamos, y es que era imposible que el Gobierno pudiera demostrar lo indemostrable: que las expulsiones se habían hecho acorde a la ley”.

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El responsable de esta ONG ha asegurado que el procedimiento iniciado por el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos está “incumpliendo la propia normativa del Ministerio del Interior”. “Lo cual es una barbaridad”, añade, para seguidamente advertir que “la pelea es larga” y “seguimos muy pendientes de lo que ocurra”. “Con nuestro equipo jurídico activado para proteger los derechos de la infancia en España y el funcionamiento del Estado de derecho”.

José Miguel Morales ha manifestado que estamos "muy contentos" —con el auto, contra el que cabe recurso— y “nos alegra que la justicia de Ceuta haya decidido proteger el derecho de los menores”.

Antes de que trascendiera la resolución judicial, recordó que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a través de un documento firmado por el jefe de Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, solicitó al Gobierno español suspender las “expulsiones” y llevar a los menores a un centro de protección mientras se dirime el caso. Además, en la comunicación, con fecha 16 de agosto, explica al Ejecutivo que puede “reexaminar” la información aportada por las organizaciones que han denunciado.